CatalunyaEl juez rechaza liberar a Sànchez por el riesgo de que, por su "ideario soberanista", movilice de nuevo a los independentistas

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la libertad solicitada por el líder de ANC Jordi Sànchez por riesgo de reiteración delictiva al considerar que este líder de la sociedad civil podría volver a movlizar a los catalanes contra el Estado para lograr la independencia de manera violenta.

Llarena aprecia un mayor riesgo de reiteración delictiva de Sànchez frente a otros investigados porque “mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria”.

Pero, a diferencia de algunos investigados, Sànchez “no sólo no ha renunciado a una actividad pública que (desde diversos frentes) ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura [en referencia a la de Junts Per Catalunya, en la que figuraba de número dos tras Carles Puigdemont] que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades” penales que se investigan sobre los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Llarena aprecia un mayor riesgo de reiteración delictiva de Sànchez frente a otros investigados porque “mantiene su ideario soberanista"

A la hora de valorar cuál podría ser el futuro comportamiento de Sànchez si queda en libertad, el juez contempla también “la marcada determinación con la que el encausado ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que -como se dijo en el auto de 4 de diciembre de 2017- favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado”.

En un auto difundido este martes, el magistrado destaca que han aparecido nuevos elementos de la participación de Sànchez en los delitos que se investigan en el Tribunal Supremo.

Así, la agenda a Josep María Jové (número dos de Oriol Junqueras) “evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de ANC y Ómnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia”.

El magistrado se refiere, además, a las numerosas intervenciones públicas en las que los representantes políticos y los de las asociaciones soberanistas “han proyectado la existencia de una actuación compartida” de tal manera que Sànchez llegó a afirmar que hablaba en nombre del expresidente Carles Puigdemont o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se proclamaba “garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia”.

También cita las convocatorias que se hicieron desde ANC “para que los ciudadanos se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum o, incluso, dando pautas de cómo habrían de ocuparse los centros de votación en la madrugada del 1 de octubre, para imposibilitar con ello que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término las decisiones judiciales de impedir su celebración”.

En su auto, alude a la existencia de “un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Catalunya de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia. Siguen así ajustados al plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma”.