El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional –comunicada y sin fianza– a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la defensa del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).

Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.

Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".

El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de pruebas para su modificación o destrucción. En este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado –declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación–requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Sobre todo en un caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba.

Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que persisten todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el avance rápido de la investigación pasa necesariamente por mantener la medida adoptada, pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".