El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla dictó ayer, miércoles, un auto de apertura de juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y catorce personas más, entre ellas otros cuatro responsables del sindicato, por un presunto fraude de 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación.

El cómputo global de las cantidades presuntamente defraudadas en catorce expedientes de subvenciones, todas concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical, asciende a 40.750.047,74 euros, según determinó el juez en el auto de procesamiento, dictado el pasado 3 de diciembre.

Los principales investigados son Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros cada uno de ellos, así como que indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil.

También solicita cinco años de prisión para la responsable del departamento de Compras de UGT-A por los mismos delitos y tres años para los diez proveedores, a quienes considera cooperadores necesarios.

En el auto de apertura de juicio oral, facilitado a Efe por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el instructor impone una fianza de 40.750.047,74 euros a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea de la que también debe responder UGT-A como presunto responsable civil subsidiario.

En cuanto a la encargada de Compras, la fianza es de 4.288.707,74 euros, mientras que las correspondientes a los proveedores, ya sean sus encargados o las mercantiles como responsables civiles, son de 1.067.286,97 euros para Caronte, 1.051.613,48 para Siosa, 856.673 para Publicar D.M., 515.900,22 euros para Chavsa, 301.266,02 para Carpetas Abadía, 217.217,06 para Lienzo Gráfico, 48.805,61 para Imprenta Pineda y 638,56 para Viajes Macarena.

El juez ya acordó en diciembre el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a ocho personas, entre ellas el ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, en este único caso por razones de salud.

En el auto en el que convirtió las diligencias en procedimiento abreviado, el instructor relata que entre 2009 y 2013 hubo "procedimientos concertados" entre UGT-A y algunos proveedores para que estos "facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación para poder desviarlos con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".

Los fondos, provenientes de subvenciones de la Consejería de Empleo, se dedicaron "a fines distintos del destino que deberían haber tenido", que era "la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado".

Tres vías de "financiación fraudulenta"

Una de las "técnicas" empleadas era el rapel, "por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración".

Otra era el bote, por el que UGT-A "se financiaba con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no se correspondían con ningún servicio prestado" pero que "eran imputadas a programas subvencionados".

La tercera "vía de financiación fraudulenta" era "la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la mercantil Soralpe, de la que UGT-A era socio único, con lo que se obtenían fondos con cargo a subvenciones gracias a "un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación que realmente no generaban un gasto".

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, tras la apertura de juicio oral contra la anterior cúpula del sindicato andaluz, ha señalado este jueves que su organización "no ha sido condenada ni penal ni civilmente" dado que "no existe aún sentencia del caso".