La juez deniega la declaración de González y Granados por el espionaje en la Comunidad de Madrid

MADRID.- Antonio Coronado, agente de la Guardia Civil, lleva seis años imputado por el espionaje en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Junto a él se sentaran en el banquillo tras el verano otros dos guardias civiles, José Luis Caro y José Oreja; dos ex directores de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón y Miguel Castaño, y un funcionario autonómico, José Manuel Pinto. Todos están acusados de malversación de fondos públicos por utilizar medios de la CAM para espiar al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.

El pasado viernes, Coronado dio un paso más. Su abogado presentó un escrito en el que relata cómo Ignacio González, vicepresidente de la CAM en ese momento, ordenó crear la “gestapillo” y espiar a los oponentes dentro del PP de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Por eso también se solicitó la declaración del propio González y de Francisco Granados, ahora en prisión por la Operación Púnica.

“El señor Gamón [director general de Seguridad en el momento de los hechos] y el señor Castaño [subdirector de Seguridad] nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas”. Así de explícito es el documento que no ha investigado la jueza, Carmen Valcarce.

No es el único testimonio por el que la instructora se ha visto obligada a reabrir la causa archivada en dos ocasiones, los otros dos guardias civiles y la mujer del ex director de seguridad, Sergio Gamón, también han apuntado directamente a que las órdenes sobre el espionaje las daba el propio ex presidente.

“Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”, añade Coronado. Pero Granados tampoco hizo nada.

Según el testimonio aportado por Coronado y sus compañeros guardias civiles, al menos tres policías también estaban al tanto de lo que ocurría en la CAM y participaron en los espionajes, al igual que eran conocedores de lo que ocurría, presuntamente, el jefe de la UDEF José Luis Olivera y el ex jefe Jaime Barrado.

Defensas y acusaciones populares y particulares sí se mostraron favorables a que prestasen testimonio y se quejan “de la inactividad de la fiscalía encabezada por Manuel Moix para que este caso se investigue”. El más esperado hubiera sido el testimonio del comisario Jaime Barrado quien, como adelantó Público, fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana debido a una investigación interna abierta tras haber denunciado que en varias investigaciones, incluida esta de los espías de la Comunidad de Madrid, se habría visto envuelto el comisario José Manuel Villarejo Pérez.

Sin embargo, la jueza Valcarce denegó la declaración de todos los policías y aclaró al abogado, según cuentan a Público algunos de los presentes en la sala, que “al final querrá que venga a declarar hasta el comisario Villarejo, que está todos los días en los medios”.

Quién sí declarará será la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón. Según manifestó en diversas ocasiones, su marido recibía constantes llamadas de Ignacio González preguntando por los seguimientos a Alfredo Prada y a Manuel Cobo.

Además ha puesto en conocimiento de las partes y del juzgado que está siendo amenazada desde que dio su testimonio. Según lo expuesto, Gamón tiene una orden de alejamiento que “incumple de manera continua”. La mujer ha advertido de que también “está siendo seguida y de que, en una ocasión, las personas que la seguían han intentado provocarla un accidente sacándola fuera de la carretera”.