Castro investiga si las comisiones de un hospital de Baleares financiaron las obras de la sede del PP de Génova

MADRID.- El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado una providencia en la que requiere a la presidencia nacional del Partido Popular que en el tiempo "más breve posible" aporte una relación de las obras de remodelación que se hayan llevado a cabo en su sede central de la calle Génova número 13 de Madrid durante los años 2002 al 2010, las empresas contratadas y subcontratadas que las hayan realizado y las facturas originales que acrediten su pago.

Castro ha dictado esta providencia dentro de la investigación abierta en el juzgado sobre en una supuesta manipulación en la construcción del hospital más importante de las Baleares con un presupuesto de 778 millones de euros.

El expresidente de Baleares Jaume Matas ha confesado en el seno de la investigación que su gobierno fue presionado por el Partido Popular para amañar el concurso, según confesó ante la Fiscalía Anticorrupción.

La empresa OHL, cuyo vicepresidente era Juan Miguel Villar Mir, lideraba el grupo de empresas que iba a alzarse con la construcción del hospital Son Espases, concurso resuelto en agosto de 2006 e iniciado un año antes. Pero a última hora, el concurso recayó en una Unión Temporal de Empresas liderada por Dragados y ACS, presidida por Florentino Pérez. El primero ha declarado como imputado; el segundo, como testigo. Ambos han negado cualquier amaño en la concesión de la obra pública.

La Agencia Tributaria ha detectado que en la construcción del hospital Son Espases no se declararon 4,5 millones de euros que pudieron haber sido desviados a otros fines diferentes.

Por su parte, las obras de remodelación de la sede del Partido Popular están pendientes de ser juzgadas por la Audiencia Nacional, dentro de la pieza separada sobre la caja B del PP que investigó el juzgado central de instrucción 5. Su titular, José de la Mata, dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado junio contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de la obra y propietario de la constructora Unifica, Gonzalo Urquijo, así como su socia y una empleada.

El fiscal Pedro Horrach sostiene en su querella, presentada el 23 de julio de 2015, que la “perversión de los procedimientos administrativos de contratación pública alcanza su máximo exponente” en el concurso para la construcción, explotación y mantenimiento del Hospital Son Espases. Para el fiscal anticorrupción de Baleares esta adjudicación es el "paradigma" de corruptelas con las que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral en la que el interés público es la última razón a considerar o simplemente no tiene cabida".

La querella de la Fiscalía abarca los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública contra el expresidente balear Jaume Matas, su cuñado y entonces gerente del PP, Fernando Areal, y Juan Miguel Villar Mir, así como la exconsellera de Salud Aina Castillo; el director general del IB Salut entre 2003 y 2007, Joaquín Sergio Bertrán; un ejecutivo de la multinacional OHL, José Magán López; el dueño de la empresa Global PM, Jesús Peinado Ruiz y su asesor jurídico, Luis Francisco Piña.

El hospital Son Espases es el actual centro sanitario de referencia de las Islas Baleares, en sustitución del de Son Dureta, que estuvo en funcionamiento entre 1955 y 2010.

La periodista María Umbert, exjefa de gabinete de Jaume Matas y antigua directora general de IB3, ha declarado ante el juez Castro que se enteró, en 2006, del supuesto amaño del concurso por medio de su amigo Javier Rodrigo de Santos, entonces edil de Urbanismo del ayuntamiento de Palma.

Castro abrió el pasado mes de febrero una nueva pieza separada, la número 28, del caso Palma Arena y titulada “De la presunta financiación ilegal del Partido Popular de les Illes Balears”. La primera diligencia fue citar al exconcejal Javier Rodrigo de Santos.

Javier Rodrigo de Santos colabora con la Justicia, después de haber sido condenado a siete años de cárcel por malversar 50.000 euros públicos -dinero que devolvió- y por abusos sexuales a menores. Salió en libertad provisional en marzo de 2014.