El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza encargado de la investigación de la presunta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha decidido mantener como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y archivar la investigación de su exjefe de Gabinete, Camilo Villarino.

El magistrado Rafael Lasala descarta la petición de la Abogacía del Estado respecto a González Laya en un auto del 10 de marzo. "Sobreseo provisionalmente estas actuaciones únicamente respecto de Camilo Villarino, prosiguiendo en lo demás la instrucción de las mismas", indica.

Ghali entró en España a través de la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación para luego ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue atendido por covid-19.

Lasala afirma que la operación para facilitar la entrada de Ghali en el país debía estar dirigida por el presidente del Gobierno, tras elaborar una pormenorizada reconstrucción de los hechos que sitúan a la exministra en el centro de las gestiones.

El juez considera que la "inmediata y coordinada" actuación de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa con relación a este caso apunta a que la operación era dirigida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ya que ninguno de los titulares de estos departamentos --según la Ley 50/1997 del Gobierno-- pueden operar fuera de su "esfera específica" de actuación.

La entrada de Ghali, según apunta el magistrado, fue llevada a cabo discretamente "por no contrariar los intereses de un país vecino (Marruecos) que consideraba de modo abiertamente hostil al mencionado Brahim Ghali". El líder polisario no fue sometido a ningún control de pasaporte por parte de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil, y posteriormente ingresó en el Hospital de La Rioja con un nombre falso, añade.

La filtración en prensa, tres días después, de que Ghali estaba ingresado en el hospital de Logroño no solo provocó, añade el juez, una crisis diplomática con Marruecos, sino que obligó al Ministerio del Interior a informar a la Audiencia Nacional de la presencia del líder polisario, requerido por dos causas abiertas por genocidio.

El caso de Villarino ha sido sobreseído por el magistrado al considerar que es "alguien ajeno" al núcleo de personas que podrían conocer la situación procesal de Gali y que habrían tomado la decisión de no informar a la Audiencia Nacional.

La decisión del juez tiene lugar después de que el pasado 8 de febrero la Abogacía del Estado pidiera el archivo de la investigación que se sigue sobre la exministra y su jefe de gabinete Camilo Villarino. La defensa considera que no hay elementos que permitan acreditar un posible delito de prevaricación, encubrimiento o falsedad por parte de ninguno de los excargos del Gobierno.