Un año después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase una querella ante las elevadas comisiones que obtuvieron Luis Medina y Alberto Luceño en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia para la adquisición de mascarillas, guantes y test para la covid, el juez Adolfo Carretero propone juzgarles, cerrando la instrucción ante las quejas de la mayoría de las acusaciones, que ven lagunas en la investigación y posibles responsabilidades que podrían quedar sin reproche penal. 

El juez indica en su auto de procesamiento que ambos comisionistas inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el de los test; sobrecostes que fueron a parar a sus propios bolsillos en forma de comisiones. Luceño obtuvo 5,1 millones de dólares y el aristócrata Luis Medina, un millón. 

Y todo ello, en "el peor momento de la pandemia del covid", en marzo de 2020, dice el juez Carretero en su auto, "con miles de muertos en España, sin que se hubiese descubierto las vacunas contra esta enfermedad (...), aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de obtener el mayor material sanitario (...), los investigados urdieron un plan para obtener, con la excusa del altruismo, (...) el mayor beneficio económico posible".  

El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, les acusa de los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil, exonerándoles del delito de blanqueo de capitales que sí apreciaba la Fiscalía. A Luceño, al que el magistrado considera como el  "verdadero gestor del negocio criminal", le imputa un delito fiscal agravado en más de 120.000 euros y otro delito de falsedad en documento público, por las réplicas halladas en su casa de una placa y un carné de asesor del CNI. 

Desde los primeros momentos de la investigación, el magistrado y la Fiscalía no quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia, Leno, por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra o un mail si no fue a través del comisionista Luceño. 

Las acusaciones que ejercen Más Madrid, PSOE y Podemos han planteado a lo largo de la instrucción la necesidad de indagar en esa presunta responsabilidad por el descalabro a las arcas públicas, mientras que el propio ayuntamiento está personado como perjudicado por la presunta estafa.

¿Por qué el Ayuntamiento no denunció la estafa? 

El 3 de noviembre de 2020, es decir, ocho meses después de que se produjera la presunta estafa, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la denuncia que le llegó del Servicio Antiblanqueo, el Sepblac, por las elevadas comisiones de Luceño y Medina. La noticia llegó al ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, con la que se firmaron los contratos con Leno. Es decir, el alcalde y su equipo conocían desde finales de 2020 que Anticorrupción investigaba aquellos tres contratos. 

¿Por qué no se denunció entonces la estafa y se esperó a que la Fiscalía presentara una querella, 17 meses después? El Ayuntamiento no persiguió en ningún momento recuperar el dinero, "lo que se debería haber investigado en el curso de una instrucción que ahora se cierra precipitadamente", indican fuentes de Más Madrid.

¿Por qué el consistorio pagó el transporte del material?

Según la documentación aportada a la causa por el consistorio, el transporte de las mascarillas enviadas desde China por la empresa Leno corrió a cargo del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, hubo dos transportes por sendos importantes de 159.252,97 euros y 165.690,14 euros (en total, 324.943 euros), según consta en la documentación que ha podido comprobar Público.

La compañía Leno era la única empresa que aparecía con partidas adjudicadas por el concepto de transporte en un cuadro remitido por el ayuntamiento sobre la compra de material sanitario en aquellas fechas al inicio de la pandemia. 

Falta de controles en la contratación

En su auto, el juez Carretero indica que las comisiones "muy elevadas" de Luceño y Medina formaban parte del precio final del material sanitario, algo que "ocultaron al Ayuntamiento", "sin que los gestores municipales se dieran cuenta". Esto se debió, según el juez, en parte a la "laxitud en los controles en la contratación".  La presunta falta de diligencia de los responsables municipales para comprobar la profesionalidad de quienes se ofrecían casi altruistamente en medio de una pandemia a ayudar a su país va a quedar probablemente sin reproche penal.

Material defectuoso

Al apartado anterior tiene que unirse la compra de material defectuoso, como ha demostrado la investigación. El Ayuntamiento de Madrid compró dos millones y medio de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares, pero el material recibido no era el pactado: llegaron guantes de peor calidad y que no servían como equipos de protección individual (EPI). En aquella ocasión, el consistorio recuperó el dinero.

Sin embargo, en el caso de los test rápidos de anticuerpos el consistorio pagó por una gran parte de material defectuoso, según apunta el juez. Se compraron 250.000 test rápidos de anticuerpos por un precio de 4.250.000 dólares, pero solo 75.000 de ellos cumplían con los reactivos necesarios para ser eficaces. "Al parecer", dice el juez, los reactivos llegaron más tarde cuando ya no se utilizaron. 

Ventaja sobre otros proveedores

Dice el juez que Luceño y Medina accedieron a la persona que se encargaba de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, de una manera "rápida y eficaz" y "al margen del correo general de ofertas al Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes de material". Sin embargo, el juez ha descartado trato de favor por parte de alguna persona del consistorio o del entorno del alcalde. Luis Medina llamó al primo del alcalde Almeida a través de la directora de The College for International Studies, María Díaz de la Cebosa. 

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, obtuvo a través de Matilde García Duarte, coordinadora del Ayuntamiento, el contacto de Elena Collado, la funcionaria que se encargó de la contratación para la compra de material sanitario en plena pandemia a través de la empresa funeraria municipal, y comunicó al comisionista Medina dicho contacto.

Investigación inacabada

Más Madrid se queja de que aún no han sido trasladados a las partes personadas los resultados del contenido de los ordenadores y de otros efectos informáticos hallados en el registro practicado en casa de Alberto Luceño. "Si no se conoce lo hallado en ese registro, ¿cómo podemos estar seguros de que no es necesario practicar nuevas diligencias relacionadas con los hechos investigados?", apuntan fuentes de Más Madrid, que añaden que hay documentos en la causa que aún no han sido traducidos.