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El juez Calama deja en libertad provisional al general de la Guardia Civil encarcelado por el 'caso Mediador'

El general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa llevaba en prisión desde el pasado 16 de febrero.

Pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife en el que se trató  la trama de presunta corrupción del 'caso mediador'
Pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife en el que se trató la trama de presunta corrupción del "caso mediador". Ramón de la Rocha / EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, hasta ahora en prisión por el conocido como caso Mediador, al entender que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de alteración o de destrucción de pruebas

En un auto, el magistrado, como Juez de Garantías en este procedimiento en lo relativo a los hechos competencia de la Fiscalía Europea, atiende así la petición de libertad de la defensa del general, a la que se había opuesto el Ministerio Público. 

Como medidas cautelares, el juez le impone la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio, así como cuantas veces fuera llamado por el órgano judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, con la advertencia de que su incumplimiento podrá lugar a la adopción de medidas más graves. 

En cuanto al posible riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba, el auto señala que el investigado lleva en prisión desde el 16 de febrero de 2023, "tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba".

El juez Calama repasa en su resolución los antecedentes procesales cuando el caso se encontraba en instrucción en un juzgado de Tenerife y recuerda que el 27 de marzo la defensa del general presentó una petición de libertad, a la que se opuso la Fiscalía, si bien el Ministerio Público señaló: "Es deseo del Ministerio Fiscal que esta situación excepcional … finalice pronto y se inste, o bien directamente por la Fiscalía o de forma indirecta a través de petición o decisión judicial, la modificación de la situación persona del investigado". 

Dicha solicitud de libertad fue desestimada por el juzgado tinerfeño el 3 de abril. Con posterioridad, dicho órgano judicial se inhibió a la Fiscalía Europea en lo relativo a la investigación de una serie de contratos sufragados con fondos europeos.

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