Muy pocas veces se ha podido ver a la judicatura manifestándose como colectivo, salvo para reclamar subidas salariales y mejoras laborales; también, en señal de repulsa, ante los atentados de ETA contra miembros de la carrera judicial.

No han salido a la calle para protestar por la mayor deficiencia constitucional que les afecta directamente, la caducidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cinco años. Pero ahora se concentran como colectivo contra el acuerdo político entre dos grupos parlamentarios, PSOE y Junts, que incluye la proposición de ley de amnistía para el procés independentista catalán.

Este martes en torno a mil jueces, fiscales, letrados y funcionarios de Justicia se han concentrado ante las sedes de las audiencias provinciales de Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz y Salamanca para mostrar su desacuerdo por la ley de amnistía y contra el pacto entre Junts y socialistas que permitirá la investidura de Pedro Sánchez y que hace alusión al lawfare o guerra judicial en torno al independentismo.

Según fuentes jurídicas, estas concentraciones serían inéditas en la democracia española. Es la primera vez que los jueces y juezas se manifiestan en contra de un acuerdo político y de una iniciativa legislativa, apuntan esas fuentes.

Jueces decanos y presidentes de las audiencias han convocado estas concentraciones para mostrar “la inquietud y preocupación ante la evolución de los acontecimientos que se producen en el país y la posible incidencia que ello pueda suponer en menoscabo del Estado de derecho y de la independencia del Poder Judicial”, ha dicho el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, durante la concentración, este martes, según recoge Europa Press.

“Nuestra finalidad es salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Si se acontecen actos como los que están aconteciendo últimamente, de injerencia en uno de los tres pilares del Estado, como es el Poder Judicial, y se están socavando sus cimientos, lógicamente no podemos quedarnos impasibles y tenemos que mostrar, como mostramos aquí en Jaén, la unidad de todos los profesionales de la Justicia”, ha señalado Rafael Morales, presidente de la Audiencia de Jaén.

En Sevilla se ha producido la concentración más numerosa, con más de 250 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, convocados por el juez decano, Francisco Guerrero, que ha dicho ante los medios: "El motivo [de la concentración] es expresar nuestra preocupación porque no pueda respetarse en un momento determinado la independencia judicial y el principio de separación de poderes".

El 'lawfare' en torno al independentismo

El acuerdo alcanzado entre Junts y PSOE establece que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Este párrafo ha irritado a las cuatro asociaciones judiciales, que suscribieron la semana pasada un comunicado conjunto rechazando la alusión a este término en el acuerdo de investidura. "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", consta en el comunicado. Finalmente en la proposición de ley de amnistía no aparece alusión alguna a la supuestos procedimientos judiciales abiertos únicamente para perjudicar a los oponentes políticos.

Pese a esto, los recelos del sector judicial siguen aumentando y las manifestaciones de jueces continuarán en otros lugares del Estado español. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la única de las cuatro asociaciones judiciales de ideología progresista, se ha desmarcado de las movilizaciones de la carrera judicial porque quieren “mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad”, que esos actos “no garantizan”.

Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de JJpD, indica a este diario que estas manifestaciones de jueces son “un exceso que supone trasladar una imagen errónea de la judicatura, que debe ser imparcial”. Para el portavoz de JJpD, “el problema no es el contenido de la ley de amnistía, sino que la judicatura está tomando postura por una de las opciones políticas que es contraria a dicha ley”.

La Comisión de Ética Judicial del CGPJ emitió el pasado mes de septiembre dos informes en los que recomienda a los jueces y juezas no asistir a mítines de partidos políticos. Y, además, les insta a sopesar antes de acudir a manifestaciones, cuál sería la percepción pública de su presencia.

El artículo 127 de la Constitución prohíbe a jueces y fiscales afiliarse a partidos políticos y sindicatos. Y el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial redunda en esta prohibición: “No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.