Jordi Sànchez reprocha a Llarena falta de objetividad: "No se puede ser juez y víctima"

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y último candidato a presidir a la Generalitat, Jordi Sànchez, ha empleado este lunes su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le había citado para comunicarle su procesamiento por rebelión, para reprochar al instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, en el que éste utilizaría el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del 'procés': "No se puede ser juez y víctima".

A lo largo de este trámite procesal, que se ha extendido alrededor de una hora, Sànchez ha contestado únicamente a su abogado defensor para extenderse en sus reproches y según fuentes jurídicas presentes en la declaración indagatoria habría manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia. Al finalizar su intervención, Llarena le ha contestado que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, como ya ha hecho.

Sànchez también ha manifestado que considera que la causa abierta en el Supremo no es una causa individual contra determinadas personas sino una causa general contra una colectividad, la independentista.

Así lo han explicado el abogado del 'número dos' de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Pina, y las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que también han comparecido ante el juez que investiga el 'procés', a los medios de comunicación al término de las declaraciones.

Según han destacado, los tres procesados por rebelión, y en el caso de Junqueras también por malversación de fondos públicos, han tachado este procedimiento de ser una "causa política", ha señalado el abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van den Eynden.

Ha sido Sànchez quien ha precisado que se están vulnerando los derechos políticos, como es su caso. El juez Llarena no sólo ha desestimado todas peticiones planteadas por su defensa para poder participar en campaña electoral o ir a la sesión de constitución del Parlament; así como su puesta en libertad; sino que tampoco le ha permitido acudir a la sesión de investidura en las dos ocasiones que ha sido candidato a presidir la Generalitat.

Insiste en el valor del dictamen del comité de la ONU

El ex líder de ANC ha interpuesto una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo que le ampare con respecto a garantizar sus derechos políticos y así se lo comunicó al juez en su último escrito pidiendo poder participar en la última sesión de investidura convocada para el pasado viernes. No obstante, el magistrado le recordó al respecto en su último auto que dichos derechos son "parciales" debido a su situación de prisión y le contestó que la ONU dio unas recomendaciones que en ningún caso son vinculantes.

Fuentes cercanas a la defensa de Jordi Sànchez han apuntado a Europa Press que el procesado ha señalado que aunque el dictamen de la ONU no tiene carácter vinculante sí que debería tener valor.

En cuanto a la falta de imparcialidad en el proceso, el diputado de JxCat le ha recriminado al juez que en sus resoluciones demuestra que se considera víctima del proceso independentista, como ocurre en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo y después en auto de la semana pasada en el que le deniega el permiso para ir a la investidura.

El juez argumenta que el denominado 'Libro Blanco' prevé los distintos escenarios posibles para conseguir la independencia y concluye, en primera persona del plural, es un "relato de estrategia que sufrimos", algo que ha servido a Sànchez para afear su actuación como instructor de la causa.

En esta línea, según las mismas fuentes consultadas, Sànchez ha indicado que la instrucción es injusta porque los mismos hechos están siendo investigados por otros tribunales.

Contacto con el Govern y "especialmente" con Forn

También ha destacado que durante los últimos meses para la actuación de ANC "siempre ha habido contactos con el Gobierno" de la Generalitat y que "especialmente" los mantiene el consejero del Interior, el también procesado por rebelión Joaquim Forn.

Sànchez ha reiterado que ni él ni Jordi Cuixart movilizaron a la gente para cometer actos violentos

En cuanto a los hechos por los que ha sido procesado, Sànchez ha reiterado que ni él ni el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, movilizaron a la gente para cometer actos violentos el día 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía que estaba siendo registrada por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Asimismo, ha destacado que durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, y anteriormente en la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014, hubo concentraciones pacíficas.

El juez Llarena ha citado este lunes a Junqueras, Sànchez y Cuixart para comunicarles personalmente el auto de procesamiento por el delito de rebelión. Su comparecencia ha tenido lugar después del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Vulneración de la libertad ideológica y de expresión

En relación a Cuixart, ha sido la comparecencia más corta de este lunes, pues tan sólo ha durado unos 15 minutos, en los que ha incidido en la vulneración de la libertad ideológica y de expresión que, en su opinión, se está cometiendo con este procedimiento judicial.

La abogada del presidente de Òmnium Cultural, Marina Roig, ha dicho a los medios de comunicación que el auto de procesamiento, "y el procedimiento en general", está "criminalizando la movilización ciudadana, el derecho a la protesta". Ha añadido que si hubo violencia durante la celebración del referéndum del 1-O fue "mayoritariamente policial, no ciudadana".

El juez Llarena repetirá este mismo trámite mañana con los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores), procesados por rebelión y malversación. El miércoles será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), -acusados por los mismos delitos- y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.