MADRID.- Transparencia. Es exactamente lo que distintas fuerzas políticas y más de 500 organizaciones civiles de toda Europa piden a la Comisión Europea en lo que respecta al tratado de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con sigilo (TTIP). Es exactamente lo que la Comisión Juncker asegura haber potenciado, pero sigue celebrando reuniones a puerta cerrada con representantes de empresas, sin permitir que los medios de comunicación tengan acceso a estos encuentros.

El jefe negociador de Bruselas en el TTIP, Ignacio García Bercero, se ha reunido este lunes con un nutrido grupo de empresarios en la sede de la CEOE de Madrid. Lo ha hecho acompañado por el director general de Comercio e Inversiones -dependiente del Ministerio de Economía-, Antonio Fernández-Martos, para explicar "los últimos progresos conseguidos en la XI ronda de negociaciones", celebrada en Miami a primeros de mes, según la invitación remitida por el gabinete de Presidencia, Relaciones Institucionales e Internacionales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Sin embargo, y a pesar de haber enviado una invitación al encuentro desde este mismo gabinete, rebotada por la representación permanente de la Comisión Europea a Público, la patronal ha vetado el acceso de medios al evento. Desde el gabinete de Comunicación de la CEOE han explicado que la reunión iba dirigida a empresarios -a pesar de que este diario haya recibido la invitación-, y han sostenido que no todas las reuniones de representantes públicos deben estar abiertas a la prensa. De hecho, afirman que la invitación ha llegado "por error", y que lo normal habría sido cursarla desde el departamento de Comunicación de la patronal.

Desde el gabinete de prensa de la Comisión explican que el evento iba dirigido a "actores de la sociedad civil como sindicatos, think tanks y empresas", y reconocen que desde la Comisión se reenvió esta invitación para completar la difusión hecha por la CEOE. 
Este diario respondió hace días a la invitación solicitando ser acreditado como medio de comunicación, a pesar de que el correo de la CEOE no explicita que la prensa no pueda acceder a la reunión de este lunes, que comenzó pasadas las 9.30 horas.

Desde que comenzaran formalmente las negociaciones en junio de 2013, las reuniones del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés) han estado marcadas por la opacidad de los negociadores de ambos lados del Atlántico. La Comisión Juncker se jacta de haber potenciado la transparencia, pero sigue sin publicar una parte importante de los documentos, y en el 83% de las reuniones hechas públicas ha tenido como interlocutores a los representantes de las empresas. 

Como adelantó este diario, los propios eurodiputados se ven sometidos a un estricto protocolo para acceder a una parte de estos textos, y ni siquiera todos ellos pueden hacerlo. Para consultarlos tienen que pedir cita en una de las cámaras secretas -Reading Rooms- en las que la Comisión les permite el acceso a estos documentos durante dos horas. No pueden entrar con dispositivos electrónicos, hacer fotocopias ni sacar los documentos de la sala. En caso contrario, o de comentar siquiera los textos consultados, Bruselas advierte de que pueden ser sancionados e incluso verse sometidos a procesos penales.

La Comisión justifica este celo asegurando que al estar en una negociación no puede mostrar sus cartas -ni siquiera cuando las reuniones ya han versado sobre ellas- y sostiene que el TTIP es el "Tratado más transparente negociado hasta el momento”.

Sin embargo, y a pesar de llevar dos años y medio de reuniones y de querer cerrar el acuerdo a finales de 2016, Bruselas evita aclarar si el TTIP tendrá que pasar por los parlamentos de los 28 -como tratado mixto-, o si simplemente deberá ser ratificado por el Europarlamento. Ha evitado esclarecerlo en varias preguntas parlamentarias, lo ha hecho en las distintas comparecencias de sus portavoces, y todo apunta a que espera la respuesta del Tribunal Europeo de Justicia sobre el tratado con Singapur para aclarar cómo tramitará la polémica alianza transatlántica, mientras la oposición al acuerdo sigue creciendo en el Viejo Continente.