IU se querella contra Rajoy por firmar un acuerdo "delictivo" sobre los refugiados

MADRID.- Izquierda Unida presentará una querella criminal contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el resto de los integrantes del Consejo de Ministros por haber plasmado su firma en el acuerdo UE-Turquía sobre refugiados, que tiene elementos "constitutivos de delito" y porque a su juicio, al suscribir el acuerdo, ha incurrido en diversos tipos penales como la denegación de socorro y trato inhumano y degradante a este colectivo.

Así lo ha anunciado el portavoz de Unidad Popular Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, durante una conferencia de prensa celebrada en las dependencias de la Cámara, en la que ha estado acompañado por la eurodiputada Marina Albiol y el abogado Gonzalo Boyé.

Boye ha denunciado que, además, con el acuerdo entre la UE y Turquía se ampara la deportación y el trasladado forzoso de personas que gozan de una "especial protección" por huir de conflictos armados, otro de los preceptos del Código Penal que, en su opinión, incumple el Ejecutivo español en funciones.

Aunque no ha entrado en detalles sobre las penas que pedirán para los miembros del Ejecutivo, Boye ha señalado que para algunos de estos delitos están previstas "penas de cárcel", elevadas en algunos casos y también de inhabilitación.

Previsiblemente durante la semana que viene Izquierda Unida registrará dicha querella ante el Tribunal Supremo, ya que Rajoy es diputado y tiene condición de aforado, ha explicado Boyé.

Además de esta querella, Izquierda Unida mantiene conversaciones con otros partidos y organizaciones sociales para convocar una marcha "masiva" contra un acuerdo, firmado este pasado fin de semana, que, en su opinión, vulnera el Código Penal y convenios y tratados internacionales.

Turquía va a recibir 6.000 millones de euros por ocuparse de las personas que sean expulsadas de territorio europeo

El abogado ha argumentado que el acuerdo firmado con Turquía es en realidad un "contrato de prestación de servicios a cambio de dinero" de carácter "ilegal y criminal". De hecho, según ha precisado Albiol, Turquía va a recibir 6.000 millones de euros por ocuparse de las personas que sean expulsadas de territorio europeo y, al gestionar esa "externalización de servicios", podrá acelerar su entrada en la UE.

Además de incumplir el Código Penal español, el acuerdo firmado el pasado viernes atenta, según han detallado, contra varios acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados europeos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Albiol ha denunciado que, además de crear diferencias entre los migrantes, el acuerdo, al que se ha querido dar una "falsa apariencia de legalidad", deja en manos de Turquía el futuro de los deportados, asumiendo que ese país es "seguro" cuando organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertan continuamente de que no lo es.

En este sentido, ha destacado que la UE no ha obtenido garantía alguna de trato de van a recibir los migrantes que sean devueltos a Turquía y que se desconoce si van a ser recluidos en campos de refugiados, en campos de detención o qué va a pasar, por ejemplo, con los kurdos procedentes de Siria.

Por su parte, Garzón ha dejado claro que IU-UP que "no se puede mirar hacia otro lado" y que lo que está sucediendo con los refugiados es "un drama y un crimen" del que la "Historia pasará factura". "Estamos viendo comportamientos muy parecidos a los del fascismo de los años 30", ha advertido, subrayando que su organización utilizará "todas las vías legales" posibles para que ese acuerdo "quede en falso".

Garzón ha rechazado el argumento del Gobierno de que el acuerdo firmado cuenta con el aval del Congreso y ha acusado al presidente en funciones de comprometer a todos los ciudadanos con su firma mientras se niega a someterse al control del Parlamento alegando su situación de interinidad. "Se comporta como un dictador temporal", ha protestado.

Además de estas acciones judiciales, Garzón ha indicado que tiene intención de ponerse en contacto con otras fuerzas políticas y sociales para promover manifestaciones contra el "acuerdo de la vergüenza".

A su juicio, la sociedad española está "muy sensibilizada" con esta cuestión pero las movilizaciones que han tenido lugar hasta ahora no han sido masivas por falta de tiempo. Su idea es aunar fuerzas para lograr que la gente repudie este acuerdo en la calle igual que hizo en su día contra la guerra de Irak.