MADRID.- Izquierda Unida (IU) se personará como acusación particular en la trama Púnica, en la que están implicados presuntamente cargos públicos del Partido Popular (PP) por supuestas adjudicaciones ilegales y contratos públicos amañados en distintas localidades, sobre todo de Madrid, por las que permanece en prisión Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, y otras 50 personas.

En rueda de prensa, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha asegurado que su coalición, como ha hecho con otros casos de corrupción, quiere ser “parte activa de estos procedimientos” que ha calificado de “metástasis que se extiende por varios ayuntamientos con concesiones a empresas vinculadas a determinados actores políticos del PP”. El líder de IU se ha mostrado convencido de que en esa presunta red corrupta “habrá financiación ilegal y enriquecimiento personal” como demuestran las supuestas mordidas de Granados, que según varios medios de comunicación, eran 900.000 euros por facilitar la construcción de colegios concertados en suelo público madrileño.

Según ha explicado Juan Ramón Crespo, abogado que encabeza el equipo jurídico de IU para este caso, la formación se personará como acusación particular en el juzgado de Instrucción número de 6 de la Audiencia Nacional, a través de sus ediles y grupos municipales en cinco ayuntamientos madrileños (Las Rozas, Collado Villalba, Valdemoro, Aljete y Casarrubuelos), en Cartagena (Murcia) y en Carmona (Sevilla). Lo harán en calidad de perjudicados como vecinos de las localidades, pero el letrado espera que a medida que se vaya ampliado la causa y conociendo nuevos datos, se personen como acusación popular.

La coalición llevará el caso ante la Audiencia Nacional en representación de sus concejales en siete ayuntamientos

El abogado, que pide ser “prudentes jurídicamente hablando” se marca como objetivos “comprobar la presunta ilegalidad de las actuaciones de cargos del PP y funcionarios públicos” para que, sin es cierto, “paguen por ello” y “devuelva al erario público las cantidades supuestamente sustraídas”.

Según la información obtenida por los grupos municipales de la coalición en estas localidades y lo aparecido en la prensa sobre las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, Crespo ha afirmado que “se puede hablar de adjudicaciones ilegales y contratos públicos amañados”, por lo que se investigarán los delitos de banqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevarización, revelación de secretos, fraude administrativo y pertenencia a organización criminal.

PP, suma de bandas organizadas para “delinquir y trincar”
El coordinador de IU ha calificado al PP como una “suma de bandas organizadas para delinquir y trincar recursos de las administraciones públicas” para “su financiación ilegal y para beneficio personal” de algunos de sus miembros. También ha recordado que el “corazón” de estas redes corruptas está la calle Génova, donde el PP tiene su sede nacional, cuya reforma se financió parcialmente con dinero negro según el auto de Pablo Ruz, el juez instructor del caso Bárcenas.

Lara, que ha hecho hincapié en que IU también se personó como acusación particular en la querella por el caso Bárcenas y que también lo intentó en el caso Bankia, ha vuelto a criticar al partido en el Gobierno por negarse en repetidas ocasiones a aceptar un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados sobre corrupción así como a abrir una comisión de investigación por la gestión de las cajas de ahorro. También ha destacado la denuncia ante la Fiscalía de las presuntas actuaciones de Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y, hasta su cese cautelar por Alberto Fabra, presidente del PP en la provincia.

“No nos gusta estar en los juzgados, somos de acción política, pero a veces hay que hacerlo”, ha defendido el líder de IU para criticar que el PP y el PSOE se hayan negado modificar la legislación por la que cargos públicos salpicados por la corrupción y cesados por su partido puedan seguir conservando su cargo público.

Para Lara, la ley “ampara corruptelas” y estas personas deberían responder ante el partido, que decidiría si mantiene su cargo o no.
“Que Rajoy no saque más pecho de la transparencia porque es el presidente de una serie de bandas organizadas para trincar y delinquir”, ha exigido el coordinador federal, que critica que el partido “no haya asumido responsabilidades políticas después de 18 años de financiación ilegal”, según el auto del juez Ruz.