La Ley andaluza de Memoria Histórica superó sorprendentemente la tradicional bronca política entre los partidos de la izquierda y de la derecha, hubo un consenso mínimo para que la norma saliese adelante sin ningún voto en contra. Ese consenso, sin embargo, no ha superado la rivalidad fratricida que se ha desatado en los últimos días precisamente entre los dos partidos que diseñaron, pactaron y sacaron adelante la ley cuando eran socios de Gobierno en la pasada legislatura: PSOE e IU.

El violento choque de los últimos días entre Susana Díaz y Antonio Maíllo no se ha frenado ni con la decisión de la presidenta de retirar la propuesta de Diego Valderas como futuro comisionado de la Memoria Histórica ni por la resignación del exlíder de IU, que finalmente ha renunciado al puesto que le ofreció Díaz presionado por su propia formación. La coalición de izquierdas quiere llevar su rechazo más allá, y al ver que Díaz persistía en la idea de crear la figura del comisionado de Memoria (que no aparece en la nueva ley), se ha apresurado a registrar una iniciativa legislativa en el Parlamento para que toda la Cámara se oponga a la propuesta de la presidenta que, dicen, se sitúa al margen del consenso político pactado en la ley. La propia Díaz ha reconocido que su iniciativa obligaría a modificar la norma, que apenas tiene tres meses de vida.

Durante la tramitación de la norma, PP y Ciudadanos ya se opusieron rotundamente a la creación de nuevos órganos o entidades públicas que exigieran un sobrecoste a la Administración, por lo que el veto de IU a la creación de la oficina del comisionado de Memoria (con un sueldo anual de 60.000 euros) podría contar con el apoyo de la derecha.

IU presentará una proposición no de ley que insta a la Junta a desarrollar los órganos ya previstos en la ley (como el Consejo de Memoria, la Comisión Especial y el Instituto Andaluz de Memoria), pero también reclama al Gobierno de Díaz a “abstenerse de provocar duplicidad de funciones, creación de nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley que distraigan recursos y competencias al ámbito de aplicación de la misma a través de los cauces previstos”, dice el texto de la proposición de IU, a la que ha tenido acceso Público, en clara alusión a la figura del comisionado. .

La presidenta andaluza logró crispar al líder de IU la semana pasada al anunciar que había propuesto a Diego Valderas, actual crítico con la dirección de Maíllo, el cargo de comisionado para la Memoria, y que éste había aceptado. El anuncio se hizo público horas después de que Díaz conversase por teléfono con Maíllo, y éste mostrase su rechazo rotundo a este nombramiento. La polémica derivó en un violento choque verbal durante el debate de política general que tuvo lugar poco después en el Parlamento, y en el que Maíllo acusó a la presidenta andaluza de haberle tendido “una trampa” y de haberle “mentido” para tratar de desestabilizar a su formación por de dentro semanas antes de la asamblea regional que elegirá a la nueva dirección.

La presidenta rectificó y eludió proponer el nombre de Valderas a la Cámara, pero siguió adelante con su empeño de crear la figura del comisionado de Memoria. Es más, al día siguiente del debate Díaz ejecutó una crisis de Gobierno en la que elevó de rango el área de Memoria dentro del organigrama de la Junta, trasladándola de la Consejería de Cultura a la Vicepresidencia. Insistió entonces en que la figura del comisionado era necesaria, a pesar de que la Ley de Memoria no recoge ese puesto. La norma se aprobó hace apenas tres meses con el consenso de todos los grupos y de las asociaciones memorialistas y fue aprobada sin ningún voto en contra. Durante su tramitación se renunció a crear la figura del comisionado (que había existido hace 20 años, antes de la aprobación de la primera ley de Memoria), porque ya existía una Dirección General de Memoria Histórica con plenos poderes ejecutivos.

IU cree que el empeño de Susana Díaz en crear la figura del comisionado es una “huida hacia adelante, porque sabe que la estrategia del nombramiento de Valderas le salió mal”. La coalición de izquierdas, coautora de la Ley de Memoria en la pasada legislatura, se ha propuesto recuperar la iniciativa sobre esta norma, y no dejará que una vez aprobada en el Parlamento con el consenso de todos, sea el Gobierno de Díaz quien la pervierta con propuestas que rebasan los márgenes de dicho consenso.

La proposición no de ley de IU, que se debatirá en el próximo pleno del Parlamento, también insta al Gobierno central a entregar “toda la documentación relativa a los sucesos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, y en concreto sobre el asesinato del joven Manuel José García Caparrós en la manifestación pro-autonomía de Andalucía celebrada la citada fecha”. También reclama a Rajoy la desclasificación de toda la documentación que guarde relación y sea relativa a los crímenes del franquismo en Andalucía, así como a transferir al Archivo General de Andalucía todos los fondos documentales estatales en materia de Memoria Democrática localizados en Andalucía, así como toda la documentación incautada en Andalucía por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo”.