La Comunidad de Madrid ha estado pagando durante dos años y tres meses más de cinco millones de euros a la Fundación Diagrama por la gestión del centro de acogida de menores extranjeros de Batán. El importe se abonó a razón de 7.700 o 10.164 euros diarios que la Fundación recibía de la Dirección General de Infancia en una concesión otorgada a dedo, sin haber abierto ningún expediente de contratación pública.

Las cantidades diarias varían en función del número de plazas contratadas. 7.700 euros diarios desde el 14 de diciembre de 2018 y hasta el 22 de mayo de 2019 por la gestión de 50 plazas. Desde el 22 de mayo de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, la cantidad ascendió a 10.164 euros al día por la gestión de 16 plazas más (154 euros por plaza, 66 plazas). Y desde el 30 de septiembre de 2020 hasta, al menos, el 31 de marzo de 2021, el dinero abonado a la misma empresa fue de 1.401.400 euros. 

Según la investigación realizada por Público, en base a los datos recabados del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, Diagrama ha recibido de la Dirección General de Infancia 5.017.770 euros, cantidad cobrada saltándose todo el proceso administrativo regulado en la ley de contratos.

"Se han merendado el proceso administrativo"

Para la apertura del centro de menores de Batán y su cesión a Diagrama, la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de Políticas Sociales (en manos de Alberto Reyero, de Ciudadanos hasta octubre de 2020 y tras su dimisión, de Javier Luengo, del PP), se acogió a la figura jurídica de la 'declaración de emergencia', vista la sobreocupación del centro de menores de Hortaleza en 2018.

Esta figura jurídica, incoada bajo el paraguas del art. 120 de la ley de contratos, permite adjudicaciones sin contrato público a causa de "acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional" y a la espera de que se puedan preparar los trámites regulares.

Fuentes judiciales consultadas por Público cuestionan a priori la utilización de esta vía de adjudicación de contratos para este caso en concreto y consideran que la Fiscalía debería intervenir para analizar esta concesión. "El artículo 120 de la ley de contratos está previsto para catástrofes, para situaciones muchísimo más graves y que afecten a decenas de miles de personas. Aquí se han merendado el proceso administrativo", advierte una magistrada de elevado escalafón judicial consultada que pide anonimato.

"Es llamativo que sea tanto dinero, tantos meses y que se las compongan para que no haya que justificarlo", añade, al tiempo que se pregunta por la figura de la Fundación Diagrama

10.000 euros al día para una Fundación "sin ánimo de lucro"

Como ya contara Público en 2019, Diagrama ya estuvo en el punto de mira por la "penosas" condiciones en las que tenían a menores en un piso tutelado de Madrid y por el fallecimiento de un chico en uno de sus centros de Melilla. Se definen como "entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas vulnerables". Sin embargo, a efectos prácticos, se trata de un opaco entramado que preside Francisco Legaz y que factura decenas de millones de euros gestionando centros y pisos de acogida de menores por todo el país.

Según la información de su memoria económica de 2019, más del 98% de sus ingresos provienen de contratos, convenios y licitaciones con las Administraciones Públicas y el 80% de esos ingresos proceden de recursos destinados a menores, aunque no se precisa la cuantía exacta. Contactados por Público, no han querido realizar ninguna declaración.

Un extrabajador del centro de Batán, que pide no ser identificado, cuenta a Público como Diagrama "no parecía cobrar 10.000 euros" diarios: "las instalaciones estaban muy mal, la caldera se rompía y no tenían agua caliente para ducharse en el invierno, la ropa de los chicos era sobre todo de donaciones, los mediadores cobraban 850 euros al mes por jornada completa. No había psicólogos, no les llevaban a los chicos al dentista porque tenían que pagárselo", cuenta.

Un miembro de la Asociación de Vecinos de Batán denuncia que, cuando el centro llegó al barrio, sus directores se comportaron con una actitud "mafiosa". "En una reunión que tuvimos con Fundación Diagrama, a uno de sus directivos le sacamos bastantes vergüenzas y nos tomaron un poquito la matrícula", relatan, "y cuando se enteraron de que hablábamos con algunos chicos, primero uno que iba a ir a Francia, no fue, y otros dos de la noche a la mañana desaparecieron", denuncia. "Al final es una empresa que va a ganar dinero y que el futuro y el presente de los menores les da exactamente igual y la afectación que vayan a tener al barrio también".

La protección de menores: ¿Emergencia, chapuza o negocio?

Según figura en los documentos recabados por Público, antes de la apertura del centro de menores extranjeros no acompañados de Batán, la Dirección General de Infancia también firma bajo el paraguas jurídico de la ‘declaración de emergencia’ otras tres órdenes (1º orden s/n no publicada de 30 plazas del 10 de julio de 2018, que deriva en orden 1476/2018, 2º orden 1485/2018 y 3º orden 1583/2018) para pisos tutelados sin concurso público. Las nuevas 118 plazas contratadas por procedimiento de emergencia son adjudicadas a varias empresas (entre ellas también figura Diagrama, con dos contratos de 4.908,80 euros diarios para la gestión de 40 plazas; también salen como adjudicatarios las fundaciones Pinardi, Afinsa o Asociación Dual).

Es en la cuarta declaración de emergencia, cuando se decide la reconversión del Albergue Juvenil Richard Schirrmann en centro de acogida de menores extranjeros no acompañados y es en ese momento cuando se inicia la relación que durará, al menos, dos años y tres meses de Diagrama con Batán.

Desde la orden 1902/2018, con expediente de contratación 147/2018 de 14 de diciembre de 2018, hasta el 17 de mayo de este año (cuando la Fundación Antonio Moreno toma el relevo de la gestión del centro de Batán, ahora sí, tras concurso) se han sucedido: esta cuarta declaración de emergencia por la que se acuerda transferir a Diagrama 7.700 euros diarios por el cuidado de 50 chicos, una quinta (757/2019 de 22 de mayo de 2019) y una ampliación de la cuarta y la quinta (de 1 de abril de 2020) que dura hasta el 1 de octubre del pasado año, por valor de 10.164 euros diarios para 66 plazas.

"Dos declaraciones sucesivas de emergencia y dos ampliaciones durante más de dos años es muy llamativo desde el punto de vista legal, porque además se firman con la misma empresa y a la contratación lo que la hace transparente, legal y conforme a derecho es el concurso", sostienen las mismas fuentes judiciales consultadas sobre el caso.

Ocurre además que los pagos no cesan cuando finalizan las últimas ampliaciones. La Fundación Diagrama continúa gestionando el centro de Batán hasta el 17 de mayo. En Filomena, la Comunidad de Madrid convalida con un documento de Acuerdos de Consejo de Gobierno del 17 de febrero de 2021 un pago total de 1.401.400 euros, a realizar desde el 1 de octubre de 2020 y hasta, como máximo el 31 de marzo de 2021. Convalidan con ello un pago que debió de hacerse sin ningún documento que lo amparase (pues según relatan los vecinos de Batán, allí seguía habiendo menores) cinco meses después de finalizar la última de las ampliaciones de las declaraciones de emergencia.

"Esto es muy irregular, primero por la figura jurídica, que se acogen al 120 y no procede el tema de la emergencia, luego porque van prorrogando como les da la gana, y ya al final sin sustento contractual jurídico ninguno y a posteriori", denuncian las fuentes.

Por último, según la orden 1135/2021, el traspaso a la nueva empresa adjudicataria, que ha obtenido las plazas del centro de Batán ahora sí, a través de licitación, ha sido el 17 de mayo. Vuelve a haber un vacío de casi dos meses desde la fecha que se establece como límite en los Acuerdos del Consejo de Gobierno y la fecha de cesión del centro.

Fuentes de la Comunidad aseguran a Público que "en ningún momento la Comunidad de Madrid ha vulnerado la legalidad en estos contratos", relatan. Sobre el uso de la tramitación de emergencia, señalan que "se trata de una modalidad que permitió responder de manera ágil al fuerte incremento en la llegada de menores extranjeros" y apuntan a que las sucesivas ampliaciones que se hicieron para el centro de Batán se firmaron "con el único objetivo de seguir prestando un servicio imprescindible".

"Los perjudicados son niños y niñas"

"El PP ha entendido la protección de niños y niñas como si fuera un negocio más. El sistema de protección está muy privatizado y esto es especialmente vergonzante cuando hay una vulneración de los derechos de los menores", relata a Público la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto. "Nosotros ya preguntamos sobre la gestión del centro de Batán en Filomena en la Comisión de Política Social y no obtuvimos ninguna respuesta por la opacidad que caracteriza a su gestión", denuncia la portavoz.

Por su parte, Cuca Sánchez Álvarez, portavoz adjunta del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento, cuenta que "ya ha habido investigaciones de la Fundación Diagrama. Cuando abrieron el centro de Guadarrama, te estoy hablando de hace 20 años, llegó una información muy seria por parte de la Fiscalía de Menores con relación a las condiciones de vida de los menores que estaban en esos centros".

Sánchez afirma que, si como parece, se está "abusando de la figura de la declaración de emergencia, se tendrá que investigar". Añade que es "es muy reprobable" ya que los últimos perjudicados "son niños y niñas que están tutelados por la Comunidad de Madrid". Según la portavoz de Más Madrid, "esos niños están solos en España, sin sus familias, en situación de vulnerabilidad y el
Centro de Batán es su primer encuentro con la sociedad española y si se topan con unas personas que no les están cuidando conforme a sus derechos porque quieren enriquecerse a su costa, eso es muy reprobable".

"Vox conocía todos estos datos porque si se pagaron 154 euros por día y plaza, el importe al mes por cada chico debía rondar los 4.700 euros. Pero ese dinero no ha ido para los niños, como se sugería en el cartel de Sol (4.700 euros para un ‘MENA’, 476 para tu abuela), sino para engordar los bolsillos de empresas que se lo han llevado sin concurso público y sin atender a las necesidades de los chicos", concluye la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.