La filtración de las conversaciones de una antigua amante del rey Juan Carlos, la ya famosa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha vuelto a colocar a la monarquía española en el ojo del huracán sin apenas tiempo para recuperarse del revés que a efectos —y afectos— simbólicos supuso la entrada de Iñaki Urdangarin en prisión por el caso Noos. 

No es la primera vez que se ventilan en los medios de comunicación los turbios negocios del rey emérito, sobre todo aquellos que tienen que ver con las monarquías de El Golfo Pérsico, pero sí es la primera vez que se aportan datos concretos: en esas conversaciones, que la propia interesada no ha negado, Corinna asegura que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro a ella y a otras personas para ocultar al fisco dinero en Suiza y propiedades en el extranjero; añade que el monarca cobró millonarias comisiones por las obras del AVE a La Meca y que, además, se acogió a través de personas interpuestas a la amnistía fiscal del anterior Gobierno en 2014.

Las acusaciones de Corinna han levantado una polvareda porque suscitan muchas dudas sobre la legalidad de la actuación del rey Juan Carlos. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pedía esta misma semana que se investigue al monarca emérito por posible fraude fiscal y blanqueo de capitales. Podemos ha pedido una comisión de investigación e Izquierda Unida la comparecencia del rey emérito en el Congreso. El BNG también ha solicitado a a la Fiscalía Anticorrupción que entre de lleno en el asunto. 

La pregunta surge automáticamente: ¿Puede acabar el rey Juan Carlos procesado ante los tribunales si finalmente se demuestran ciertas las acusaciones de Corinna? La respuesta no es, sin embargo, tan evidente: hay que tener en cuenta al menos dos consideraciones. En primer lugar, hay que valorar el estatus jurídico del rey emérito. Segundo, hay que determinar si estos supuestos delitos son anteriores al 2 de junio de 2014, el día que Juan Carlos abdicó, o si siguen vigentes con posterioridad a esa fecha.

Esa pregunta, la del si el rey Juan Carlos podría acabar siendo juzgado ante un tribunal, se la formularon esta misma semana a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ante la duda de si podría legalmente ser llevado a juicio, Delgado dio una de las claves: "El rey emérito tiene aforamiento pero no inviolabilidad"

Como rey emérito, Juan Carlos mantiene actualmente el privilegio del aforamiento. Esta prerrogativa implica que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero esto sólo ocurre desde el año 2014, el año en que abdicó. Antes del 2 de junio de ese año la figura de Juan Carlos era inviolable —como ahora lo es la del rey Felipe VI— según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española.

"La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito", explica Elviro Aranda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto constitucionalista. Es decir, que a Juan Carlos no se le puede procesar por las supuestas irregularidades cometidas mientras ocupó el trono. "Creo que no puede ser juzgado con carácter retroactivo", concluye Aranda. 

Pese a eso, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió deprisa y corriendo el aforamiento al rey emérito y a su familia —también resultaron aforadas las reinas Sofía y Letizia y a la princesa de Asturias— en julio de 2014 gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Esa decisión suscitó no pocas dudas sobre su constitucionalidad, tal como informó Público en su momento, porque, además, el aforamiento tenía carácter retroactivo: sólo se le podía juzgar por causas que se produjeran de esa fecha en adelante.

Muchos juristas creen que el aforamiento, sobre todo en lo que atañe al ámbito civil, vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, como recuerdan varios expertos constitucionalistas, el aforamiento persigue "proteger a quien ejerza un cargo público" y no está claro que el rey emérito lo sea en la actualidad. 

Los medios hablan con naturalidad del rey emérito pero no están claras cuáles son sus funciones y atribuciones. "Queda un poco en la nebulosa", recuerda la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, coeditora del blog Hayderecho.com.  

Lo cierto es que muchos tildaron ese aforamiento exprés de chapucero.  "Hay que aforar al rey como deuda de gratitud", afirmó entonces el PP sin rubor alguno. Incluso un portavoz de la Casa Real llegó a afirmar en junio de 2014 que el aforamiento era oportuno para "evitar disparates". 

Aquellos "disparates" se referían a dos demandas de paternidad interpuestas por otros tantos supuestos hijos naturales contra el el rey emérito. Esas demandas llegaron a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y fueron rechazadas en 2015. Desde entonces el rey Juan Carlos ha vivido en un oasis judicial. 

Ese oasis ahora corre peligro: aunque no parece muy probable, no es del todo descartable que el rey emérito acabe procesado. Porque si bien el aforamiento y la inviolabilidad juegan a su favor, la vigencia del delito se le puede volver en contra. Los expertos de Gestha recordaban esta misma semana en un comunicado que "si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular de las cuentas en Suiza y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es imprescriptible y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha".

Según Gestha, el monarca emérito "podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves". Y añadía en su nota: "Si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014 y un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones".

Nadie tiene claro qué puede ocurrir tras la filtración de las conversaciones de Corinna. El camino se antoja largo y está plagado de incógnitas, pero muchos temen que al final no ocurra nada. Lo cree así el BNG, que en un comunicado ha dicho lo siguiente: "Podría darse el disparate de que, aunque lo que desvelan las informaciones periodísticas fuera probado, el rey no podría ser juzgado ni condenado". El diputado de Podemos Rafa Mayoral denunciaba este viernes que la monarquía "no responda ante los tribunales", algo que, según afirmó, conlleva que existan "espacios de impunidad". 

"Nadie debe estar por encima de la ley, se llame como se llame, y los Borbones también tienen que responder por sus conductas", apostilló, contundente, Mayoral.