MADRID.- ¿Quién se enriqueció realmente con la venta de casi 8.000 inmuebles del Instituto de la Vivienda de Madrid a fondos de inversión, realizada en 2013? El juez de instrucción 48 de la capital, Ignacio Bogeriego, ha abierto una línea de investigación para aclarar la relación entre la empresa compradora, Azora-Goldman Sachs, y la SICAV Bussola 99, que podría estar participada entonces por Pablo Cavero y su familia, cuando era consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid del gobierno autónomo liderado por Esperanza Aguirre.

El juez ha dictado una providencia, a petición del Fiscal, en la que ordena a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente del ministerio de Hacienda, que investigue las posibles relaciones económicas de la Sicav, así como de Azora Gestión -la empresa que recibió la adjudicación del IVIMA-, Encasa Cibeles -la que realmente firmó la escritura de compra- y el fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs.

La investigación, abierta por los supuestos delitos de malversación y prevaricación, trata de dilucidar si Goldman Sachs gestiona Bussola 99 y quién está detrás de esta Sicav.

También se investiga la relación de la Directora Gerente del IVIMA Ana María Gomendio, imputada en la causa, con la trama de empresas que están detrás de la compra de los 8.000 inmuebles.

El juez Bogeriego ha citado a declarar como testigos para este lunes, 30 de noviembre, a Fernando Pascual Santodomingo (jefe del área de contratación del organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid); Beatriz Solano Merino (interventora delegada de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid) y a Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación, que realizó la valoración de los inmuebles.

El juez reclama las justificaciones de los gastos de tramitación y tasación

El juez instructor, a petición de la Fiscalía, ha ordenado además que el IVIMA aporte el valor neto contable de los 7.929 inmuebles vendidos en agosto de 2013, de los que 2.935 corresponden a viviendas sociales en arrendamiento y opción de compra (32 promociones del Plan Joven, repartidas por 11 municipios), así como 2.849 plazas de garaje, 235 plazas de aparcamiento no vinculadas y 45 locales. También reclama las justificaciones de los gastos de tramitación y tasación.

La investigación también trata de aclarar el supuesto quebranto de casi 100 millones de euros causado al patrimonio público con esta venta, según sostiene la Fiscalía a partir de un informe de la Cámara de Cuentas regional que pone en duda la legalidad de los pliegos del concurso, el cambio de titularidad del adjudicatario y la contabilidad de la operación.

Asesoró la operación PWC Asesores de Negocio, por medio de dos contratos de asesoría -de abril y septiembre de 2013- con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros cada uno, justo en el límite que permite adjudicar por el procedimiento negociado sin publicidad. El concurso fue finalmente adjudicado por 202 millones de euros a Azora Gestión. Pero la compra-venta se realizó a nombre de otra empresa: Encasa Cibeles, S.L.

El juez ordena investigar a todas las sociedades implicadas

El juez ordena investigar a todas las sociedades implicadas, "toda vez que en ningún momento se hace referencia" en las comunicaciones realizadas durante el concurso público al vehículo empleado para que la compra se realizara finalmente a nombre de Encasa Cibeles, S.L. Esta empresa forma parte del entramado societario de Azora/Goldman Sachs.

El magistrado requiere que IVIMA aporte la documentación que dispone de Encasa Cibeles, así como las garantías y avales que tuvo que depositar esta empresa para hacerse finalmente con los inmuebles. La Fiscalía destaca en su escrito que las viviendas tenían en el momento de la venta un alto índice de ocupación, "escasa morosidad" de sus inquilinos, y escasa litigiosidad ya que no ha encontrado litigios relacionados con los arrendamientos con opción de compra sino con los alquileres simples.

Por ello, considera necesario que el IVIMA informe al juzgado sobre el porcentaje de arrendatarios con opción de compra que había antes de la venta, los que ejercitaron su derecho a la opción de compra y los que han desistido tras el cambio de propiedad. Los afectados por esta venta ejercen la acusación popular en esta querella interpuesta por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación contra la entonces directora del IVIMA, Ana María Gomendio, quien llegó al cargo cuatro meses antes de la venta diseñada en la etapa de su precedesor, Juan Van Halen.