A pesar de que hoy mismo el Gobierno ha ratificado el mantenimiento del nivel 4 de la alerta antiterrorista, algunas de las investigaciones que se venían realizando hasta ahora en esta materia en Madrid podrían estar paralizadas. Ésta es la denuncia que realiza un grupo de intérpretes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Madrid.

Preguntados al respecto, el Ministerio del Interior o el CNP ni confirman ni desmienten esta paralización de investigaciones. Al fin y al cabo, estos intérpretes participan en declaraciones orales, transcripciones de audio en diferentes formatos y escuchas telefónicas, entre otras actividades.

Según cuenta el portavoz de los intérpretes –ninguno se atreve a desvelar su identidad por miedo a represalias- la paralización de estas investigaciones en curso vendría motivada por la transición que está teniendo lugar entre las dos empresas que desde 2008 se reparten la externalización del servicio de intérpretes de la Policía Nacional.

“Hasta ahora, cuando cada dos años concluía el servicio de una y comenzaba el de la otra, se subrogaban los contratos de los intérpretes por entender que éstos llevan años implicados en investigaciones sensibles y son personal de confianza de la Policía”, explica el portavoz. Sin embargo, en esta ocasión, Ofilingua S.L., la compañía que se adjudicó el concurso público en Madrid (más Castilla-La Macha y Castilla y León) por valor de 7,8 millones de euros por dos años, no ha subrogado los contratos de la saliente, Seprotec, Traducción e Interpretación S.L.

Melchor Fernández, responsable de la oficina de Madrid de Ofilingua, asegura que “otros años sí lo hemos hecho, pero en esta ocasión la Administración nos obligaba a tener dados de alta en la Seguridad Social a todos los traductores, incluso, antes de firmar el contrato del servicio con la Policía Nacional”. A pesar de ello, Fernández indica que “todo traductor que esté debidamente cualificado [para árabe, por ejemplo, se requiere licenciatura o grado] puede enviarnos su CV y lo estudiaremos”.

Al respecto, el portavoz de los intérpretes denuncia que “efectivamente, han sido dados de alta en la Seguridad Social pero no han firmado contrato alguno”. Según explica, “Seprotec mantiene en plantilla a los intérpretes cualificados, que realmente son los demandados por los policías que trabajan codo con codo con ellos desde hace años, para que Ofilingua o bien tenga que subrogarlos, ahorrando la indemnización por despido a Seprotec, o bien no pueda cumplir con los requisitos de los pliegos por falta de personal y se revoque el contrato”.

Mientras, el futuro de los intérpretes, que llegan a denunciar que el complejo policial de Canillas –sede de la Comisaría General de Policía Judicial¬- permanece sin traductores, está en el aire. Los intérpretes denuncian presiones y amenazas de despido alegando baja de productividad por parte de Seprotec para, dado que todo indica que no habrá subrogación, no verse obligada a pagar indemnización.

Por su parte, fuentes de Seprotec niegan tal extremo, afirmando que “están todas las opciones abiertas por parte de Recursos Humanos y estamos viendo las posibilidades de recolocación para no tener que despedir a todos”. Además, estas mismas fuentes acusan a Ofilingua de “ser la que está ofreciendo a nuestros traductores que se den voluntariamente de baja para después contratarlos”.

“Que cambien las cosas”

No es la primera vez que sucede un episodio parecido. Ya en 2011, cuando también se produjo la transición de Seprotec a Ofilingua, ésta se negó en un primer momento a asumir en su plantilla a los traductores que tenían investigaciones en curso, a pesar de que eran los propios agentes de Policía quienes demandaban de los servicios específicos de estos traductores. Entonces, llegó a producirse un momento en el que los intérpretes trabajaban sin saber para qué empresa. A diferencia de 2011, ahora los traductores no están prestando el servicio.

El directivo de Ofilingua, aunque admite que “siempre hemos subrogado”, precisa que “nunca ha existido cláusula alguna en los pliegos del concurso ni en el convenio colectivo que nos obligue a ello”. En esta línea, sostiene que “no puede ser que se saque a concurso un servicio y te obliguen a contratar a un personal determinado”.

Sin embargo, los pliegos sí determinan que “podrán imponerse al contratista, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50% del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla”.

Fernández admite que “la situación actual puede provocar problemas” en las investigaciones en curso, aunque sobre si éstas se han paralizado o no afirma que “ahí no quiero entrar, Ofilingua hace lo que le pide la Policía. En un país como España, la Policía debería tener medios para poder contratar al traductor que considere indispensable y, si no es así, a lo mejor es el momento para que cambien las cosas”.

Por su parte, fuentes de Seprotec confirman que sus intérpretes, incluso aquellos que estaban en medio de una investigación, han sido apartados del servicio desde la entrada de Ofilingua, que según Fernández y los propios intérpretes se produjo el pasado 16 de noviembre a pesar de que el plazo de ejecución por dos años, según los pliegos técnicos, debería haberse iniciado el 1 de septiembre. Un retraso que, precisamente, se debería al desencuentro entre ambas empresas, según los intérpretes afectados.

Precariedad laboral

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación (ANETI), lamentan que las condiciones laborales de los intérpretes se hayan visto cada vez más mermadas en los últimos años. Fuentes directivas de ANETI aseguran que “se trabaja a muy bajo precio y con esas tarifas es muy complicado conseguir buenos traductores”. Desde que se externalizó el servicio de interpretación en 2008, se han dado casos de traductores con antecedentes por tráfico de drogas o falsificación de documentos, organización de secuestro de un menor o, este mismo año, un intérprete paquistaní de Seprotec fue imputado por revelación de secretos, cohecho y extorsión en el marco de la Operación Prima.

No es el caso de los algo más de 100 intérpretes que ahora se encuentran al borde de un ERE, a pesar de que como admiten desde la propia Seprotec, “se han convertido en personal de la más absoluta confianza de la Policía”. De hecho, algunos llevan casi una década trabajando para ellos, a pesar de que las retribuciones no resultan un incentivo.
Las condiciones laborales que se recogen en los pliegos estipulan que, como mínimo, se habrán de corresponder con la de categoría de oficial de primera del Convenio Laboral de Oficinas y Despachos, que es al que los intérpretes están adscritos, sin que puedan sobrepasar las horas anuales máximas marcadas (1.765 horas).

A este respecto, los intérpretes denuncian el continuo incumplimiento dado que sus horarios dependen más de lo que demanden las propias investigaciones. Además, lamentan el salario percibido en sus contratos por obra: “Apenas cobramos 900 euros al mes por un trabajo muy exhaustivo en una materia tan sensible como son las escuchas telefónicas antiterroristas que requieren de la firma de cláusulas de confidencialidad”. En caso de violar esta reserva absoluta, los traductores cometerían delito perseguible de oficio.

El portavoz de los traductores asegura que “cobramos cinco veces menos de lo que la Policía paga a las empresas por nuestros servicios” que, en el caso de la interpretación oral, es de 42,35 euros/hora, mientras que en las escuchas telefónicas es de 21,78 euros/hora.

Polémica externalización

Este año es la quinta vez que se procede a la externalización del servicio de intérpretes de la Policía Nacional. Desde que arrancara la primera con Seprotec, un viejo conocido de la Administración pues ya venía realizando el servicio para la Oficina de Asilo y Refugio o para la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, el Estado ha gastado casi 42,5 millones de euros en este servicio ante el recelo, no sólo de los cerca de 300 intérpretes oficiales con que cuenta el Cuerpo Oficial de Policía, sino también de buena parte del resto de agentes. Incluso alguno de los intérpretes que ya venían trabajando para el CNP antes de la externalización y ahora lo hace subcontratados consideran que “no es lógico que una información tan delicada esté en manos de empresas privadas”.

Por otro lado, fuentes directivas de la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación, a la que no pertenece Seprotec, miden mucho sus palabras a la hora de admitir que “existe polémica en el sector por el hecho de que desde hace siete años este servicio únicamente haya pasado por las manos de dos empresas”. Desde 2008, Seprotec ha facturado 22,5 millones de euros, mientras que Ofilingua algo más de 19,9 millones.