Este artículo se publicó hace 8 años.
Detenido en Segovia un yihadista que fue condenado por los GAL
La Guardia Civil ha registrado el domicilio y ha encontrado vídeos "escabrosos" de decapitaciones, que el detenido poseía con el objetivo de "adoctrinar a otros".
-Actualizado a
MADRID.- La Guardia Civil ha detenido en Segovia a un presunto yihadista como responsable de labores de propaganda del Daesh y dispuesto a cometer un atentado, que había sido condenado en 1985 por un asesinato de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado de que se trata de una persona nacida en Irún (Guipúzcoa), que había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, y cuya radicalización era tan extrema que la Guardia Civil sospecha que estaba buscando los medios para cometer una acción suicida contra medios de transporte.
Fuentes de la investigación han confirmado que se trata de Daniel Fernández Aceña, condenado a 29 años de cárcel en 1985, cuando tenía 26 años, por el asesinato del trabajador ferroviario francés Jean-Pierre Leiva en la localidad francesa de Hendaya.
La Audiencia Nacional le condenó, junto a Mariano Moraleda Muñoz, como miembro del comando Jaizubia de los GAL por asesinato con premeditación y alevosía, pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas.
Los investigadores están registrando su domicilio en la ciudad de Segovia y otra vivienda en la localidad próxima de La Granja.
El servicio de información de la Guardia Civil mantenía activo el seguimiento del arrestado, y había comprobado su adhesión al ideario yihadista y que desde el verano había acelerado su proceso de radicalización.
El individuo, que era muy activo en las redes sociales apoyando las acciones terroristas en Europa y difundiendo consignas yihadistas, es considerado por las fuerzas de seguridad "muy peligroso" y no se descarta que tenga acceso a armas de fuego ni que contara con la colaboración de terceras personas.
Desde 2015, cuando se elevó a 4 el nivel de alerta terrorista, las fuerzas de seguridad han reforzado los dispositivos de seguimiento de personas en riesgo de radicalización y han detenido a 173 presuntos terroristas yihadistas.
La agentes de la Guardia Civil han realizado registros en el domicilio del arrestado en Segovia y en otra vivienda de la localidad de La Pradera del Navalhorno, en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde esperan obtener elementos que ayuden a reconstruir posibles planes para atentar, y si para su ejecución contaba con ayuda de terceras personas, ya sea en España o en otros países. También se investiga si mantenía algún tipo de conexión con personas integradas dentro de la dinámica del DAESH.
Entre el material incautado, los agentes han encontrado vídeos "escabrosos", que incluyen imágenes de decapitaciones y que el detenido poseía con el objetivo de "adoctrinar a otros" y continuar con su convencimiento, según ha señalado la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz.
El operativo ha comenzado entre las cuatro y las cinco de la madrugada de este martes. En primer lugar, la Guardia Civil ha registrado una vivienda situada en el barrio de Santa Eulalia de la capital segoviana, posteriormente, se ha iniciado otro registro en un inmueble de Valsaín.
Sanz ha indicado que el servicio de información del Instituto Armado detectó "hace tiempo" la actividad de este individuo en las redes sociales. Sus movimientos han estado "siempre" controlados y sólo se ha procedido a su detención cuando se ha observado riesgo real de que actuase, en "ningún momento" se ha dejado de "seguirle la pista", según la subdelegada.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomará declaración este jueves a Fernández Aceña. El detenido fue condenado por el asesinato del francés Jean Pierre Leiba, que trabajaba en la misma empresa en la que estaba empleado Juan Carlos García Goena, fallecido en 1987 tras activarse una bomba en el coche que conducía en el que fue el último atentado de los GAL.
En 1999, Fernández Aceña admitió ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que había espiado a ciudadanos vascos en el sur de Francia y que sospechaba que esos datos pasaban después al servicio de información del Cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián), en la época en la que era dirigido por Enrique Rodríguez Galindo.
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