Desentenderse: “prescindir de un asunto o negocio, no tomar parte en él”. Ese es el verbo que el Ministerio del Interior aplica desde hace cinco años a la atención sanitaria no primaria a los presos, que incluye las urgencias, las hospitalizaciones, los diagnósticos y las consultas y la atención especializada y cuyo coste supera los 110 millones de euros al año en el conjunto del país.

Los centros penitenciarios comenzaron en el tercer trimestre de 2012, con Jorge Fernández Díaz como ministro, a devolver las facturas por esos servicios que emiten las comunidades autónomas, que en la práctica se ocupan del grueso de la sanidad penitenciaria cuya competencia Interior, que solo asume la atención primaria dentro de los presidios, no traspasa ni financia. 

La situación, directamente relacionada con los recortes en materia sanitaria que el ejecutivo de Mariano Rajoy comenzó a aplicar nada más llegar a La Moncloa, afecta a todas las comunidades autónomas con la excepción de Catalunya y Euskadi, la primera por tener traspasada las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles, se mantiene desde hace más de cinco años y no ha cambiado con el relevo de Fernández por Juan Ignacio Zoido. 

Los recortes de 2012

La atención sanitaria a los reclusos se presta de manera compartida entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dispone en sus 71 cárceles y 32 centros abiertos de 326 médicos y 485 enfermeros ( ) que se ocupan de la atención primaria, y las comunidades autónomas, cuyos servicios de salud asumen el resto.  

Sin embargo, el resto, en realidad, es el grueso, ya que incluye, además de urgencias y hospitalizaciones, la intervención de cualquier especialista (traumatología, ginecología, cardiología, etcétera) y el cuidado de patologías como la hepatitis C, que según distintos estudios afecta a entre 9.000 y 13.000 de los casi 60.000 presos (59.578 en octubre) internados en los penales españoles, en un medio en el que las afecciones mentales y los trastornos llegan a afectar a entre una sexta parte y cerca de la mitad de los internos. En todos los casos, con el traslado también de médicos a los presidios.

Hasta principios de esta década, Interior mantenía convenios con las comunidades por las que estas facturaban la parte que atendían de la sanidad penitenciaria, formalmente segregada de la general por prestarse en las prisiones o por atender a población reclusa. Pero esos acuerdos fueron venciendo, y lo hicieron en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad pública de abril de 2012. 

Tras él, la Abogacía del Estado elaboró un informe que sostiene que, obviamente, “la condición de asegurado del ciudadano no se altera por el hecho de que ingrese en prisión y, por tanto, el interno tiene derecho a la asistencia sanitaria como derecho propio y no en calidad de recluso”, aunque añadía que “la financiación de dicha asistencia debe ser asumida por el Servicio de Salud donde se ubique el centro penitenciario”. 

La explicación consta en una respuesta del Gobierno de Aragón a una pregunta de la diputada autonómica de Podemos Itxaso Cabrera, en la que también indica que “en base a este informe los centros penitenciarios comenzaron a devolver las facturas emitidas por el Salud a partir de ese momento”. 

Cálculos económicos

El Gobierno de Aragón, por el contrario, mantiene que “la asistencia sanitaria a los internos está atribuida legalmente a la Administración Penitenciaria competente, que debe asumir su prestación por medios propios o a través de concierto”, sin que la comunidad tuviera que soportar “coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio público”. 

En la misma línea se muestran las otras catorce comunidades afectadas, varias de las cuales mantienen litigios abiertos con el Estado. Andalucía, que ha visto desestimadas sus pretensiones en primera instancia, reclama varios pagos de cinco millones por año, Castilla y León teme que el coste pueda dispararse hasta los veinte anuales y Aragón cifra en 1,4 la factura anual (4,1 millones hasta agosto de 2015). 

“No hemos avanzado nada ni conocemos qué grado de exigencia está aplicando el Gobierno de Aragón en sus contactos con Interior”, explica Cabrera, partidaria del traspaso de la competencia y que reclama que en el debate sobre esa transferencia dejan de “primar los cálculos económicos” para prestar atención al aspecto asistencial. 

¿Presos sin derecho a asistencia?

Interior ha iniciado formalmente, aunque sin mucho énfasis, los contactos con las comunidades para abordar este conflicto, en cuya solución ha llegado a proponer, en línea con los recortes generales del sistema de salud que comenzó a aplicar el Gobierno en 2012, un pago “por interno que no tenga derecho a asistencia sanitaria a cargo de la Seguridad Social, en un importe que no se concretaba”. 

El Gobierno responsabiliza a las autonomías de que el proceso no avance, según una respuesta de Zoido ( ) al diputado del PSOE Jesús María Fernández, en la que indica que Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia y Murcia (los dos últimos presididos por el PP y el anterior apoyado por los conservadores) no han contestado a sus propuestas para abrir la negociación.  

No obstante, el mismo documento ofrece pistas que apuntan a que el bloqueo quizás no provenga de la periferia: advierte de que ninguna de las partes podrá “unilateralmente establecer un calendario, contenidos o previsiones sobre la materia a traspasar” y recuerda que, “con carácter general, en los Presupuestos Generales del Estado no figuran partidas presupuestarias específicas destinadas al traspaso de funciones y servicios”.