Interior hacina en cuarteles del Ejército a los guardias civiles desplegados en Catalunya

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado orgulloso de la actuación de las fuerzas de seguridad en Catalunya y ha alabado la labor que desempeñaron durante el 1-O. No obstante, eso no parece ser óbice para que el Ministerio del Interior hacine a esos mismos agentes en instalaciones del Ejército que no estaban preparadas para recibirles, o lo que es lo mismo, en "una nave diáfana sin ducha, ni toallas ni calefacción".

Así lo ha denunciado la principal asociación profesional de guardias civiles, la AUGC, que ha informado que al menos 250 miembros del Instituto Armado que salieron de un hotel de Calella este lunes tras las protestas de de un sector independentista acabaron en esta situación. Para los agentes es una muestra más del "nefasto operativo diseñado por Interior" en la movilización extraordinaria de unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil con motivo de la celebración del 1-O

"Muchas de las actuaciones del domingo resultan incomprensibles, dado el escaso efecto de actuar en unos escasos colegios electorales respecto al número total de puntos de votación del referéndum ilegal"

Según ha podido saber este medio, estas condiciones de alojamiento se han repetido en varias instalaciones y cuarteles militares catalanes, que se han encontrado de la noche a la mañana con la necesidad de alojar a cientos de policías y guardias. El Ministerio de Defensa ya ha confirmado que ha enviado transportes de suministros a toda prisa para adecentar las condiciones de los agentes. Cabe destacar aunque esto no se corresponde en ningún caso con el despliegue de las Fuerzas Armadas en Catalunya, como han señalado algunos medios este miércoles. 

"El sentimiento entre estos trabajadores", señala la AUGC, ha sido de "profunda humillación y abandono por parte de la institución a la que sirven". Pero no es la única crítica que esta organización, de la que forman parte unos 30.000 guardias de los 70.000 del cuerpo, hace a Interior. 

"Muchas de las actuaciones del domingo resultan incomprensibles, dado el escaso efecto que iba a tener actuar en unos escasos colegios electorales respecto al número total de puntos de votación del referéndum ilegal. Pese a esta circunstancia se expuso a los agentes a un alto riesgo y a las denuncias que ahora tendrán que afrontar a título personal", confirma la AUGC, que agrupa a unos 30.000 agentes de los 70.000 del cuerpo. 

Interior ordenó continuar una operación fallida

El Gobierno se ha esforzado en comunicar que la actuación policial y las imágenes del uso desproporcionado de la fuerza que ésta provocó son consecuencia únicamente del mandato de los jueces de impedir el referéndum. Rajoy intenta así esquivar la responsabilidad sobre los 893 heridos que provocó la operación y por la que España ha recibido la reprimenda de la ONU y el Parlamento Europeo.

No obstante, no fueron los jueces los que designaron a un militar (el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos) como jefe de los Mossos d'Esquadra y todos los cuerpos de seguridad desplazados a Catalunya por el 1-O. Ni los que ordenaron continuar el operativo para evitar el voto a pesar de haber recibido la confirmación de que una importante parte de los Mossos no estaba acatando las órdenes y, por tanto, no podría alcanzarse el objetivo de evitar la votación. 

"Aparecieron 10.000 urnas en más de 2.300 puntos de votación para convocar un acto sin garantías", explica la AUGC, algo de lo que Interior fue consciente y pese a lo cual "se siguió adelante con un plan que hacía aguas". "Se ordenó actuar a guardias civiles y policías en unos cuantos centenares colegios, pese a que eran conocedores que el fin último del operativo ya no podía llevarse a cabo", acusan los propios guardias civiles.