"Yo he trabajado sin papeles. Mis empleadores me decían que era como de la familia. ¿Pero qué familia?", se preguntaba Edith Espínola, portavoz del colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) ante los miembros de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados. "Tengo compañeras internas, trabajadoras del hogar y los cuidados, que libran un día a la semana. O unas horas al mes", incidía.

Espínola, junto a Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, y a Gonzalo Fanjul, economista, investigador del Institute of Global Health of Barcelona (ISGlobal) y experto en migraciones de la Fundación Por Causa, han defendido sus múltiples argumentos para que la Cámara Baja debata y apruebe la iniciativa legislativa popular (ILP) que han logrado presentar agrupados en la Plataforma Esenciales después de recoger más de 700.000 firmas. El objetivo es conseguir la regularización de alrededor de medio millón de personas migrantes —124.000 de ellos, menos de edad— que actualmente sobreviven sin papeles y sin derechos en España.

"La discusión no es si migración sí o no. Debería ser sobre que haya personas con derechos o personas que tienen que vivir en la clandestinidad. Somos personas, esenciales para la economía y el bienestar social, mientras se nos sigue dejando atrás de todas las políticas públicas", aseguraba Espínola.

El delicado momento electoral

La presentación de la ILP ante la comisión es solo un paso más del trámite que iniciaron hace casi un año, cuando comenzaron a recoger apoyos ciudadanos. Pero llega en un momento delicado, a apenas dos semanas de las elecciones municipales y autonómicas y en la precampaña de las generales.  Su objetivo es que el pleno del Congreso tome en consideración y vote sobre la medida antes de que finalice la legislatura, aunque los tiempos dependen de que esta comisión valore y eleve su informe preceptivo al pleno, y nadie se atreve a hablar de plazos.

En cualquier caso, la sesión de este miércoles ha dejado entrever apoyos parlamentarios insuficientes para que la ILP salga adelante. Los portavoces de Vox, PP y PSOE, los tres grupos con más representación en el Congreso, han expresado ante los ponentes sus discrepancias y dudas sobre la iniciativa con argumentos diferentes, incluso algunos que ni siquiera tienen que ver con el asunto en cuestión. Aunque, según ha asegurado Espínola a Público tras su intervención, han percibido un "tono menos duro y agresivo del que esperaban". Con todo, no ha habido por el momento ningún cambio de posición desde que esos mismo grupos votaron en contra de la Proposición No de Ley que ya se rechazó en 2020, durante la pandemia, y que solo contó con el respaldo de ocho formaciones.

Desde entonces, el trabajo de los colectivos no ha cesado. Han conseguido sacar adelantes mociones de apoyo a la ILP en 83 mociones favorables en diferentes ayuntamientos, en la Diputación de Cádiz, en el Parlamento Vasco y en el Cabildo de Tenerife, ha recordado Sarr. Confían que un giro de los socialistas, cuyos representantes han apoyado la medida en 37 de esas mociones y se han abstenido en 22. "No hay una postura unánime contraria en el PSOE", confiaba Sarr.

Sin embargo, el portavoz socialista, Luc André Diouf, ha vuelto a argumentar que la Unión Europea no permite un proceso de regularización extraordinaria, según el Pacto de Migración y Asilo vigente desde 2008. "El derecho comunitario tiene supremacía sobre el nacional", ha insistido el diputado que, paradójicamente, vivió en la irregularidad y tuvo que dormir en la calle durante varios meses cuando llegó a España.

El argumento del PSOE ya fue desmotado por la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en 2020. "La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional", respondió a una pregunta formulada por la plataforma a través de la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego. Johansson añadía que existen "contextos específicos" en los que esta vía supone una "respuesta política adecuada".

Pero Diuof considera que las últimas reformas del reglamento de Extranjería que ha impulsado el Gobierno el pasado verano son la única vía legal para facilitar la regularización de personas sin papeles, estudiando caso a caso los requisitos que se han suavizado.

Un "gran negocio" para el fisco español

Para Fanjul, sin embargo, estas medidas, cuyo impacto real por el momento se desconoce, resultan "claramente insuficientes" para reducir las "grandes bolsas de irregularidad que va generando el actual sistema migratorio". Hasta nueve procesos de regularización extraordinaria se han realizado en el país, cinco de ellos con gobiernos del PP. "No es nada nuevo, no es magia ni ideología si me apuran", remarcaba.

El experto ha recordado cifras, números y estudios que señalan los "grandes beneficios" que la regularización de migrantes genera en la economía, el empleo, la demografía y el Estado del bienestar español. "Señorías, sean valientes. La regularización es lo más justo y lo más inteligente", han resumido los ponentes.

Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Por Causa, la medida aportaría como media 3.250 euros por persona y año a las arcas públicas. "Es una gran negocio para el fisco y para los españoles", ha insistido, sin contar el avance en derechos laborales para quienes sobreviven actualmente en la economía sumergida.

Sin esta medida, ha subrayado, será imposible alcanzar los objetivos que se marcó en Gobierno, por ejemplo, en reducción de la pobreza infantil en un país donde el riesgo de exclusión social y pobreza afecta a 2,2 millones de niños, un 28,3%, según Save The Children.

"Está comprobado que en las familias en situación irregular la pobreza se multiplica por tres y el riesgo de carencia material severa, por seis", ha remarcado. Hogares excluidos por de cualquier medida de protección social, como Ingreso Mínimo Vital, pero también sometidas a la "arbitrariedad" en servicios y derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda.

Los colectivos impulsores insisten en sus llamamientos para que los diputados del PSOE y PP se reúnan con ellos para tratar de acercar posturas, algo que no han hecho en todo este tiempo. El apoyo de uno de estos dos grupos en el pleno del Congreso permitiría superar el siguiente obstáculo y obligaría a la Cámara Baja a darle forma y someterla a trámite parlamentario.