La palabra lawfare está formada por law ('ley') y warfare ('guerra'). Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". 

Se trata de un término que surge del ámbito militar. Inicialmente, se utilizó para describir un método de guerra asimétrica en el que la ley se emplea como un medio para lograr un fin militar. Con el tiempo, ha evolucionado para referirse al uso de litigios y acciones judiciales como parte de una estrategia para perjudicar a un adversario. 

Así, el diccionario Cambridge English Dictionary describe la palabra como el "uso de acciones legales para causar problemas a un oponente". Al tratarse de un término inglés, la Fundéu recomienda españolizarlo a "guerra jurídica", "instrumentalización de la justicia" o "judicialización de la política". 

El filósofo y escritor Umberto Eco lo nombra como "la máquina de fango": "Para deslegitimar a alguien no es necesario sugerir que habría asesinado a su abuela. Se puede decir que ha hecho algo normalísimo, y el solo hecho de decirlo crea una sombra de sospecha", explica el intelectual en este vídeo explicativo de Spanish Revolution. 

El vídeo recoge también los tres pasos clave en el proceso de una 'guerra judicial': 

El 'lawfare' contra la izquierda en España

En España, son numerosos los casos de políticos de izquierda víctimas de lawfare. Por ejemplo, Pablo Iglesias e Irene Montero han denunciado el acoso judicial recibido contra ellos mientras ocuparon cargos en el Gobierno la pasada legislatura.

Los lobby de ultraderecha tienen grandes intereses en orquestar la 'guerra jurídica' contra la izquierda. Sucedió también con Victoria Rosell, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez; o el acoso mediático a Ada Colau  y Manuela Carmena. 

También, Carles Puigdemont ha explicado el término en el marco de la negociación del acuerdo entre el PSOE y Junts para incluir disposiciones relacionadas con la 'guerra jurídica' en la amnistía. 

"El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", escribía en su perfil en la red social 'X'. 

Las mujeres y, en concreto, las mujeres políticas, tanto a nivel nacional como internacional, son un objetivo recurrente de estas prácticas que buscan deslegitimarlas. Así, el lawfare que denuncia Pedro Sánchez es contra su esposa, Begoña Gómez. 

El lawfare ha sido ampliamente discutido en casos judiciales de América Latina, como los procesos contra los expresidentes brasileños Dilma Rousseff y Lula da Silva, así como las acusaciones de corrupción contra figuras como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.