El exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras demandará al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la decisión del Supremo de que permanezca en prisión provisional por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

La demanda ante el TEDH será interpuesta al entender la defensa de Junqueras que se han violado sus derechos fundamentales que protege el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Junqueras considera que se ha vulnerado, en especial, su derecho de defensa, el de libertad ideológica y el derecho a participar en los asuntos públicos, tanto de manera personal que como representante elegido por los catalanes en los comicios del 21 de diciembre, según fuentes jurídicas.

Para acudir al TEDH antes tiene que agotar los recursos nacionales disponibles, por lo que su primera medida será solicitar el amparo del Tribunal Constitucional. En caso de que resuelva en su contra, acudirá al alto tribunal europeo.

Su objetivo es cubrir las etapas legales y alcanzar el TEDH ya que su defensa entiende que el Tribunal Supremo "ha tenido más en cuenta asuntos de Estado y extraprocesales en lugar de adoptar una medida cautelar que no fuera tan daniña para sus intereses", según fuentes jurídicas. La demanda será "potente", indican las mismas fuentes.

Solicitará una cárcel catalana

La defensa de Junqueras planea presentar ahora una batería de recursos. El primero, solicitar su traslado a una cárcel catalana para poder estar cerca de su familia y de su entorno, no en vano el candidato electo de ERC planeaba acudir a los plenos del Parlament desde la prisión.

También presentará un incidente de nulidad del auto dictado este viernes por el Supremo en el que rechazó su excarcelación, según fuentes jurídicas.

Pablo Llarena, en su toma de posesión como magistrado del Supremo, es felicitado por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ que lo aupó al cargo en 2016. EFE

El auto sobre la medida cautelar de prisión ocupó 25 folios y entró en el fondo de los hechos, cuando aún son investigados por el juez Pablo Llarena.

El auto rechaza que Junqueras salga de la prisión, porque existe riesgo de reiteración delictiva. La Sala de Apelación basa su decisión unánime en que el político no ha renunciado a la vía unilateral ni al proyecto político que llevó a la declaración de independencia de Catalunya y a un alzamiento contra el Estado por "medios violentos o tumultuarios", como es el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre pasados.

Internacionalizar el 'procés'

El recurso ante el TEDH internacionalizará el procés, después de que el juez Llarena retirara la orden europea de detención dictada contra Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. EP.

El Supremo retiró la euroorden tras recibir el mensaje indirecto desde la justicia belga de que el expresidente catalán no sería extraditado por los tres delitos con los que se ha abierto la investigación contra los 28 políticos y altos cargos, entre ellos Junqueras y Puigdemont.

El Supremo se ha ido protegiendo, sabedor de que el litigio acabará en el TEDH. Esta es la razón por la que permitió la presencia de Junqueras en la vista del pasado jueves sobre su apelación para salir de la cárcel mientras se investiga la causa.

Fue el propio Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, quien accedió a que Junqueras asistiera a la vista. No en vano el TEDH ha sentenciado en varias ocasiones contra la falta de garantías cuando falla el llamado principio de inmediación. Este principio, que debe regir en todo proceso penal, consiste en que exista vinculación personal entre el juzgador, las partes y las pruebas (que todos los acusados deben recibir de manera directa, inmediata y simultánea).

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, a la salida del Supremo. EFE

El abogado defensor de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ya ha recurrido ante el TEDH la detención del número dos de Junqueras, Josep María Jové, que en su opinión fue ilegal porque no se le informó de manera detallada de los motivos de su detención ni se avisó al colegio de abogados para que fuera asistido. Fue a Jové a quien se le incautó el famoso documento de EnfoCats que resume el plan para lograr la independencia, y que también es citado y analizado por la Sala de Apelación que ha decidido mantener a Junqueras en prisión.