Independencia de CatalunyaLa Fiscalía pretende que Junqueras recoja su acta de diputado y regrese de nuevo a prisión

La Fiscalía pretende que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras sólo salga de la cárcel para recoger su acta de diputado, de tal manera que luego regrese a la prisión de Estremera (Madrid) y no vuelva más al Parlament catalán hasta que el Tribunal Supremo sentencie si cometió rebelión, sedición o malversación durante el ‘procés’ independentista, según fuentes jurídicas.

El ministerio público defiende en la vista que se celebra este jueves en el Supremo que Junqueras tiene sus derechos limitados al estar en prisión provisional y que sólo puede salir de la cárcel para la sesión de constitución del nuevo Parlament elegido el pasado 21 de diciembre.

La Fiscalía planea hacer un paralelismo entre Junqueras y el miembro de la organización terrorista ETA Juan Carlos Yoldi Múgica, a quien hace 30 años se le permitió acudir al pleno de investidura del Parlamento vasco al haber salido elegido como cabeza de lista por Herri Batasuna. La Audiencia de Pamplona estableció en 1987 en este caso que si la legislación “permite a los ciudadanos en prisión preventiva, aunque estén acusados de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o presidentes de comunidades autónomas y son elegidos democráticamente, oponer trabas al ejercicio de su derecho lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores".

Derechos de miles de personas

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eyden, expondrá al Supremo que no permitir a Junqueras participar en el Parlamento no sólo afecta a sus derechos políticos, “sino también a los derechos de miles de catalanes que lo han elegido para representarlos” como cabeza de lista de ERC. Cuando, además, la causa del Supremo todavía está en una fase inicial y existen dos piezas secretas, según fuentes jurídicas.

La Fiscalía se opone a que Junqueras acuda a las sesiones plenarias, ya que considera que la Ley General Penitenciaria permite limitar los derechos civiles de los presos (artículo 3).

Los tres magistrados de la Sala de lo Penal que estudian el recurso de Junqueras –Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro- deberán ponderar los derechos en conflicto. Los tres forman el tribunal que revisa las decisiones del juez instructor, Pablo Llarena.

Lo habitual es que la Sala de Apelaciones confirme las resoluciones de Llarena, pero el propio juez dejó la puerta abierta para la excarcelación de Junqueras en el caso de que desaparecieran los tres riesgos que expuso en su día: reiteración delictiva, fuga o destrucción de pruebas.

La Fiscalía se niega a que la prisión incondicional sea reemplazada por otras medidas cautelares, como el depósito de una fianza y la prohibición de salir del país que el juez Llarena ya ha adoptado para Carmen Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament.

Posible presidente de la Generalitat

Frente a la gravedad de limitar los derechos de los electores, al otro lado de la balanza se encuentra el riesgo de reiteración delictiva. La defensa de Junqueras expondrá que “poca gente se cree que Junqueras pueda ser capaz de realizar un levantamiento en armas”, en referencia a la violencia que exige el delito de rebelión para que una persona sea condenada.

El programa con el que Junqueras y ERC han concurrido a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado “apuesta por el diálogo, no por el levantamiento violento”, indican fuentes de su entorno para despejar el riesgo de que Junqueras lidere actos violentos, como decía el auto de Llarena.

Si finalmente Carles Puigdemont no regresa a España, el pacto de ERC y JxCat podría llevar a Junqueras a la presidencia de Catalunya.

En fuentes republicanas creen “impensable que Junqueras salga elegido president estando en la cárcel, pidiendo permisos para acudir a los actos o recibiendo visitas en la prisión y hablando a golpe de telefonillo”, como ahora ocurre en sus entrevistas con su letrado.

En el caso de que el Supremo confirme la prisión incondicional, la defensa de Junqueras pedirá que sea trasladado a una cárcel catalana con el fin de que pueda asistir a las sesiones plenarias.

Fuentes fiscales ponen pie en pared ante esta posibilidad: creen que el líder republicano no puede ser elegido para ser presidente de la Generalitat, debido a la gravedad de los delitos a los que se enfrenta. Todos ellos conllevan la prohibición de ejercer cargo público alguno.

Prestigio técnico en juego

El Supremo se juega su prestigio técnico en esta causa, que cuenta ya con 28 investigados. El abogado de Junqueras planea acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si Junqueras sigue en prisión, sabedor de que se mueve sobre una delgada línea que separa la defensa de la independencia con el delito de rebelión.

El magistrado Pablo Llarena ya tuvo que retirar la eurorden que dictó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huidos en Bélgica.

Fue Carmen Lamela quien ordenó el ingreso en prisión de Junqueras, cuando no le dio una semana de plazo para que preparara su defensa, a pesar de que Llarena le comunicó que en el Supremo iba a dar ese margen a Forcadell y la Mesa del Parlament, según fuentes jurídicas.

Quién es quién en la Sala

La decisión final está en manos de Miguel Colmenero, que preside esta Sala de Apelaciones y es el ponente de esta resolución que debe adoptar con Alberto Jorge y Francisco Monterde.

Colmenero procede de la carrera fiscal, fue ponente de la sentencia de los atentados del 11 de marzo de 2004, y actualmente elabora la sentencia sobre los recursos contra las condenas por las tarjetas black de Caja Madrid.

A su vez, Jorge es miembro de Jueces para la Democracia. Fulminó la famosa ley Corcuera (la de la patada en la puerta), sentó en el banquillo a Manuel Chaves y Francisco Griñán por el caso ERE, y fue el ponente de la sentencia que condenó al juez Baltasar Garzón por prevaricación al autorizar la escucha de las conversaciones de acusados de Gürtel con sus abogados.

Por su parte, Monterde fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (1996-2001) a propuesta del PP. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, Monterde fue recusado del tribunal enjuiciador de Garzón; defendió la doctrina Parot sobre el cómputo de las penas para los miembros de ETA que fue anulada por el TEDH y fue el ponente de la sentencia que dictaminó que Jarrai, Haika y Segi eran organizaciones terroristas.