impunidad del franquismoUtrera Molina justificó las penas de muerte franquistas en una entrevista de 2014

“Los Consejos de Ministros…eso lo llevaba el Ministro de Justicia y Franco lo firmaba y los demás no decíamos nada, estábamos de acuerdo con lo… las medidas que se podían tomar. Pero yo concretamente ni siquiera recuerdo que pasara eso por consejo de Ministros, yo no… es que no me acuerdo, si no lo diría, no me acuerdo, pero es que aunque estuviera allí, pues claro, pues habría dicho que sí a tal (sic) decisiones colectivas frente a gente que se estaba acreditando en el asesinato y en el ataque al Estado. Lógicamente estábamos en contra de todos aquellos que querían subvertir el orden en España”. Con estas palabras, justificó el exministro franquista, José Utrera Molina, las condenas a muerte franquistas –incluida, claro está, la del militante anarquista Salvador Puig Antich, en 1974– en una entrevista con la Voz de Nerja, publicada aquí el 22 de septiembre de 2014.

La entrevista es uno de los documentos que contiene el contundente y trabajado escrito que han presentado los abogados del diputado de ERC, Gabriel Rufián, en un juzgado de lo Civil de Madrid para defenderse de la demanda que le ha puesto la familia de Utrera Molina por dos tuits. La familia política (Utrera Molina era su suegro) de Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, le reclama a Rufián 10.000 euros en concepto de daños al honor, la retirada de los tuits y la publicación de la sentencia, en caso de ser condenatoria, en Twitter y en un diario nacional, además del pago de todas las costas. La demanda también va dirigida contra Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía y contra el exdirigente de Podemos en Castilla La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, a quienes les pide lo mismo. 

Rufián sostiene que sus tuits son opiniones y comentarios sobre frases de dominio público difundidas por la prensa

El pasado 2 de marzo, Rufián, activo y polémico tuitero, escribió en la red social lo siguiente: “A Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide”. Un año antes, el 22 de abril, día en que falleció el exministro franquista, Rufián había puesto este otro tuit: “A Puig Antich le rompieron el cuello con un garrote vil y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 en su cama. Que no se olvide”.

En el escrito de defensa, Rufián sostiene que los tuits “son comentarios, opiniones, manifestaciones personalizadas sobre frases de dominio público difundidas por la prensa. En los términos utilizados en los tuits, se entiende bien la relación que el finado (Utrera Molina) tuvo con la ejecución de Puig Antich. Lo cierto que, como gobernante, el difunto Utrera Molina, validó aquel trámite, sea con convicción, con desidia o por la lealtad de la que siempre alardeaba. Por mucho que sus hijos le quieren desligar de aquella ejecución, que seguramente les resulta poco compatible con la imagen de hombre bueno y de fé católica que le atribuyen con veneración, hablamos de un hecho sobre el que tiene su cuota de responsabilidad”.

El artículo 20 de la Ley del Gobierno franquista decía lo siguiente: “El Presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros”. En aquel entonces, si el Ejecutivo decidía refrendar una pena de muerte, se daba por enterado de la misma. Esto fue lo que sucedió en el caso de Puig Antich. Y así lo recogió la jueza argentina María Servini, en un auto de octubre de 2014, con la siguiente fórmula: “Hechos que habré de imputarle a José Utrera Molina: El haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”

Hacerse eco de las informaciones

En su escrito, Rufián agrupa diversos recortes de prensa que dan cuenta de la acusación de la jueza argentina, María Servini, que indaga una querella de la familia de Puig Antich. “Es la prensa, pues, -prosige la defensa de Rufián- la que difunde primero la acusación de una jueza argentina por delitos de lesa humanidad. No se duda de la firma necesaria de Utrera Molina en la tramitación de la pena de muerte, se da por hecha esa participación. Por eso, cuando fallece, es la prensa la que de nuevo incide en la contribución de José Utrera Molina a la consumación de la ejecución”.

Agrega el escrito: “De hecho, a la vista del contenido de las noticias, es incomprensible que los demandados se ensañen con los tuits, en lugar de luchar por una rectificación de esos artículos demandando judicialmente a los informadores, si es que de verdad se considerasen deshonrados. La participación del finado en los trámites necesarios para llevar a efecto la ejecución se da por hecho en todas las noticias, con cita de su nombre y afirmaciones tan explícitas como estas: “Fue uno de los firmantes de la pena de Salvador Puig Antich”, “la magistrada le imputaba el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado a garrote vil “firmó la sentencia de muerte”, “firma la sentencia de muerte” “uno de los ministros responsables”, “validó la ejecución”, “firma la orden de ejecución”…”

"Utrera Molina era miembro orgulloso del Gobierno en aquel momento y no ha renegado de nada"

Y rematan los letrados de Rufián: “El tuit del día del óbito, posterior en el tiempo a la mayoría de las noticias que hemos reseñado, se limita a hacerse eco, de forma muy contenida por cierto, de esas informaciones”. “En cuanto al segundo tuit, se limita de nuevo a hacerse eco de las palabras de los informadores y lo hace en un tono que no tiene otro propósito más que el de disentir de la pena de muerte y del uso que de la misma se pudo hacer en el franquismo. La cita y vinculación del “agraviado" le viene dada por la prensa, pero en cualquier caso ya hemos explicado que era miembro orgulloso del gobierno en aquel momento y que no ha renegado de nada. Son los hijos, o al menos alguno de ellos, los que al parecer difunden a la prensa el óbito, seguramente con la sana intención de rendirle homenaje, pero exponiendo de hecho a su difunto padre a los titulares de prensa que se encontraron después, en una sociedad en la que las noticias se difunden de forma viral”. En el funeral de Utrera Molina, de hecho, se cantó el Cara al Sol, himno de la Falange.

"Los hijos del difunto habrían deseado un reconocimiento público que hoy es impensable"

Sobre la alusión a la muerte en la cama, los abogados de Rufián sostienen que “se trata de un dato, sin más”. “De merecer alguna connotación, teniendo presente el contenido de las noticias comentadas que inspiraron los tuits, sería para significar la idea de que los gobernantes franquistas gozaron del perdón y, como en este caso concreto, disfrutaron de una vida larga, mientras que al condenado a muerte no se le conmutó la pena, a pesar de la demanda internacional, falleciendo muy joven dramáticamente".

"Compagina mejor el mensaje -añaden los letrados del diputado de ERC- con el lamento por la falta de compasión que con la inexistente acusación de asesinato que la parte actora se obstina en enfatizar. No hay discurso del odio. Al contrario, el mensaje es humano y conciliador, lamentando un pasado que no podemos ni debemos olvidar. Es falso que los tuits de Gabriel Rufián hagan reseña sobre las creencias, ni contienen ninguna palabra que pueda incitar al odio. Los hijos del difunto habrían deseado un reconocimiento público que hoy es impensable; se sienten agraviados por la respuesta de la prensa y se ensañan selectiva e interesadamente contra los demandados. Pero por mucho que se cargue la pluma en la demanda, los hechos son como son y los mensajes son expresiones de libre opinión forjada sobre hechos difundidos en prensa, no exentos de veracidad y carentes de afrenta al honor y a la imagen”.

Libertad de expresión

La defensa de Rufián recoge además las siguientes reflexiones: “El contenido de los tuits es ajustado al derecho de libertad de expresión, así como a las resultas de la actividad a la que se dedicó el finado libremente. La exposición pública a la crítica social es algo inherente a la vida del político y especialmente cuando forma parte de un gobierno; no digamos ya si se trata de una dictadura (pensemos en la imagen que recibimos de los dirigentes de Venezuela o Corea del Norte). Las posibles inexactitudes que pudiesen achacarse a los mensajes litigiosos, tienen que ser contextualizadas, no dramatizadas tendenciosamente".

"La imagen de Utrera Molina -agrega su defensa- no ha sido en modo alguno afectada por los tuits, es su objetivada pertenencia al Gobierno, bajo cuyo mandato se perpetró la ejecución [de Puig Antich] la que le coloca en una posición comprometida a la luz pública; es la prensa contemporánea la que le adjetiva y le atribuye el hecho; es su propio discurso anacrónico el que alienta la reprobación de la prensa y de las generaciones actuales; y es una juez argentina la que le llama a declarar por posible delito de lesa humanidad”.

"Enjuiciamos una expresión coloquial de carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado Utrera"

Añaden los abogados del diputado: “José Utrera Molina no podría sentirse hoy agraviado porque alguien le reproche un papel (aunque fuere de comparsa), voluntariamente asumido, dentro de la teatralización que dotaba de formalidad legal una condena a muerte. Independientemente de la calificación de su asentimiento o ausencia de oposición a la pena capital, estamos aquí enjuiciando una expresión coloquial de carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado el político Utrera Molina, mal que les pese a sus hijos; y es obvio que en el discurso del ofendido rechinaba una doble moral que da pie al reproche del observador actual. Así, cuando se aplauden, se justifican y se comparten las decisiones del dictador y se ha contribuido de buen grado al buen fin de su política, no se puede exigir a la sociedad que deslinde quirúrgicamente a José Utrera Molina de aquellas cuestiones que ahora resulten incómodas a su familia y sobre las que prefiere no se le identifiquen”.

Y rematan así su razonamiento: “Es completamente normal que el público perciba al finado como implicado y le acuse coloquialmente de connivencia, especialmente si se hace un esfuerzo por conocer su figura, a través de sus memorias y de sus últimas apariciones en los medios. De hecho, la revisión de la hemeroteca evidencia que el difunto Utrera Molina, tras el fin de la dictadura, justificaba los actos de gobierno realizados durante el franquismo, ensalzando la figura del dictador y sintiéndose orgulloso de su implicación política y personal”.

Justificación de la dictadura

El escrito de defensa recoge un extracto de la carta que Utrera Molina envió a la Diputación de Sevilla en noviembre de 2016, cuando esta institución decidió retirarle los honores de que gozaba. Escribió el exministro franquista: “Se me acusa también de falangista, como si el hecho de serlo me desacreditara públicamente. Pero en este caso no puedo ni voy a defenderme porque quiero afirmar con orgullo y la cabeza bien alta, que he sido, soy y seré mientras viva, falangista. […] Y finalmente se me acusa con especial crudeza de ser leal a la memoria del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, a quien se le dirigen toda clase de insultos, pese a que ya está desde hace más de 41 años sometido al juicio de Dios y de la historia. Que la lealtad y la coherencia política sean consideradas un descrédito, dice mucho del talante democrático de quien formula la acusación".

"Pero no me arrepiento ni me arrepentiré jamás de haber servido a España -continúa la misiva- y en este caso, al pueblo de Sevilla, bajo el mandato de un hombre excepcional al que algún día, cuando el tiempo deje pasar la tormenta de las pasiones y la objetividad se abra paso entre las nubes del odio y del rencor, se reconocerá como uno de los mejores gobernantes que ha tenido España, dejando a su muerte una nación mucho mejor, más fuerte, justa y cohesionada que la España rota de la que tuvo que hacerse cargo en una de las horas más trágicas de su historia”.

"No fue un títere ni un político sometido a los dictados del Jefe del Estado. No reniega de nada y estuvo entregado a la causa"

Utrera Molina añadió entonces: “Pero por no rehuir ninguno de los aspectos que tan apasionadamente se vierten en esa proposición, reitero en este momento que entre mis responsabilidades públicas en el gobierno de la nación jamás estuvo la de dictar sentencias o condenas de ninguna clase, ni siquiera la de su validación o consentimiento, pues tales competencias estaban claramente delimitadas por la legalidad vigente”. La defensa de Rufián reflexiona al respecto de este extremo: “No parece pues que el finado fuese un títere ni un político sometido a los dictados del Jefe del Estado. No reniega de nada, muy al contrario, estuvo entregado a la causa; sin embargo pretende que el público le distancie de las ejecuciones que pasaron por su mesa de despacho alegando que sólo le cabía participar en un trámite formal intrascendente”.

Además, el diputado de ERC añade en el documento enviado al juzgado que “no se sabe que el supuesto agraviado haya demandado judicialmente en vida a ninguna editorial por ese tipo de manifestaciones, que se vertían con crudeza ya en los años anteriores. Al contrario, el señor Utrera Molina se expuso a los medios, muy consciente de la crítica social, concediendo entrevistas provocadoras en las que se enorgullecía de su condición de franquista y falangista. De modo que si el afectado no se sintió en vida cohibido ni renegó de nada ni luchó por reponer su honor o su imagen frente a las manifestaciones que le vinculaban con las penas de muerte, mal pueden sus hijos coger el testigo de un supuesto agravio que no habría ofendido al padre”.

“A modo de resumen, -indican los abogados del diputado de ERC- concluimos que en los mensajes de Gabriel Rufián: No hay mención a creencias, ni insultos ni vejaciones ni acusación de asesinato. No hay pretensión de informar, sino de compartir un sentimiento u opinión. Se hace reflejo de noticias de prensa repetitivas que dar por cierto el hecho. Y han de tenerse presente los siguientes hechos: Los demandantes omiten la existencia de reseñas de prensa mucho más explícitas y eluden cuestionar su veracidad. El finado participó en el Gobierno por el que hubo de pasar el trámite de la ejecución. El difunto se reconoció como mínimo obediente en el trámite e incluso partidario de las ejecuciones”.