MADRID. -Cientos de instalaciones de autoconsumo eléctrico, principalmente paneles fotovoltaicos, están a punto de pasar a la ilegalidad. El polémico Real Decreto sobre Autoconsumo –conocido como 'impuesto al sol'- aprobado por el Gobierno del PP el pasado 9 de octubre, dio un plazo de seis meses para que todas las instalaciones de España, estuvieran ya regularizadas o no, se adaptasen a la nueva normativa y se registrasen en la sede electrónica del Ministerio de Industria. Pero a pocos días de que venza el plazo (la fecha límite es este sábado 9 de abril) y pese a las multas millonarias que contempla la nueva ley, tan sólo un puñado de ellas han acatado la norma.

Hasta la fecha, y según el registro público del Gobierno, hay sólo 8 instalaciones registradas de una potencia inferior a 10 kilovatios, que son las que se utilizan para los hogares o las pequeñas empresas; y otras 8 de una potencia superior a 10 kilovatios, que corresponden a empresas más grandes o industrias. En total 16 licencias de autoconsumo, de las que se desconoce cuántas en realidad corresponden a antiguos proyectos y cuántas a las nuevas instalaciones aparecidas desde la entrada en vigor de la ley. El registro del Gobierno incluye además 6 instalaciones que se conocen como de tipo 2, pero éstas están dedicadas sólo a vender la energía que producen, no la consumen.

Aunque no se sabe la cantidad de instalaciones que hay en España, las asociaciones del sector estiman que son cientas las afectadas por el nuevo decreto. España tiene una potencia fotovoltaica instalada de aproximadamente 4.700 kilovatios.

“Ha habido una improvisación por parte del Ministerio al lanzar este asunto sin estar preparado. Si el Ministerio aplica el sentido común concederá una prórroga porque es su responsabilidad”, dice a Público José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la asociación que aglutina a casi todo el sector.

En una carta enviada a mediados de marzo, UNEF solicitó a la directora general de Política Energética y Minas y al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una prórroga para estas inscripciones hasta el 31 de diciembre de este año, pero por el momento aseguran no haber recibido respuesta. Este periódico ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el Ministerio de Industria para conocer esta posibilidad.

Multas de hasta 60 millones de euros

El Real Decreto de Autoconsumo contempla multas de hasta 60 millones de euros (el doble de lo que se penaliza un escape nuclear) para quienes incumplan la nueva normativa, aunque Donoso lo ve tan desproporcionado que no cree que “ningún juez le vaya a dar caso”.

“Entendemos que todo obedece únicamente a cuestiones técnicas que están dificultando el cumplimiento de la normativa”, señala UNEF. El sector se queja de la “falta de homogeneización” en los esquemas de conexión y de que cada compañía solicita unos requisitos diferentes en función de la zona. “Además el Real Decreto es bastante confuso y las empresas distribuidoras tienen dudas”, asegura.

Pero los altos costes del proceso y la actual situación política también están paralizando la regularización de paneles. Los trámites, que incluyen un certificado de instalación, un contrato con la empresa distribuidora y el registro, suponen, entre equipamiento, instalación y burocracia, entre 1.000 y 1.500 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda, las tasas de la compañía eléctrica y otros factores.

“Muchos consumidores nos llaman para preguntar y nosotros les recomendamos que se regularicen, pero cuando hacen cuentas, y teniendo en cuenta que el Gobierno puede cambiar, prefieren esperar”, dice en conversación con este periódico Juan José del Valle, de la empresa sin ánimo de lucro Ecoo, dedicada a la asesoría, financiación e instalación de fotovoltaicas.

El panorama legislativo es en realidad bastante incierto. Aunque la norma está en marcha, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, con el apoyo del resto de partidos de la oposición en el Congreso, presentaron en febrero un compromiso para derogar, en los cien primeros días de Gobierno, algunos de los puntos más polémicos del Real Decreto, que acumula 194.000 firmas ciudadanas y más de 40.000 alegaciones corporativas en contra. Además, se comprometieron a redactar una nueva normativa en un plazo más amplio.

“No tiene ningún sentido que hayan obligado a las antiguas instalaciones a adaptarse a la nueva norma cuando muchas de ellas ya eran legales”, sentencia Del Valle.