En mayo de 2015 las recién elegidas alcaldías del cambio se las prometían felices asegurando que una nueva forma de gestionar era posible. A poco más de un año de concluir la legislatura, las grandes capitales de provincia y los pequeños municipios se han topado constantemente con el corsé de la Ley Montoro y el techo de gasto, que frenan cualquier inversión que el Ministerio de Hacienda no considere “financieramente sostenible”.

Después de tres ejercicios en los que el Ayuntamiento de Madrid ha tratado de sacar sus presupuestos adelante con superávit, priorizando el pago de la deuda y dejando un pequeño margen para la renovación de la flota de autobuses o la mejora del servicio de recogida de residuos, Montoro vio esa posibilidad como una afrenta demasiado grave a la rígida receta económica que comandaba desde el ministerio.

Las eternas disputas entre Hacienda y Cibeles se resolvieron a finales de 2017 con la destitución del delegado de Hacienda Carlos Sánchez-Mato, ante la negativa a dar su visto bueno a los recortes estipulados por Montoro. La decisión fue catalogada desde el área de Economía y Hacienda del consistorio como una politización de la regla de gasto, al permitir el incumplimiento sistemático de esta regla a otras ciudades más endeudadas como Jaén.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria estipulaba en sus preceptos que los ayuntamientos con solvencia deberían destinar su superávit a inversiones con una vida útil superior a cinco años o pagar las amortizaciones pendientes. “El Ayuntamiento de Madrid ha intentado darle la vuelta a la legislación haciendo una reinterpretación de las inversiones financieramente sostenibles, pero a la hora de comparar unos municipios con otros se deshace rápidamente el discurso del Ministerio de Hacienda. La ley está siendo utilizada de una manera totalmente arbitraria y con objetivos políticos, cambiando los cálculos de la regla de gasto a conveniencia del ministerio”, denunciaba Yago Álvarez, miembro de la Red Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, a este diario.

Estas tesis fueron avaladas poco después por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destacando a Madrid como uno de los ayuntamientos menos incumplidores de la regla de gasto, y mostrando su disconformidad con el seguimiento semanal de las cuentas locales llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda.

Desde la Red Municipalista, que acaba de cumplir su tercer año de existencia, asumen que el cese de Sánchez-Mato supone un duro golpe contra el municipalismo, tras varios años de coordinación de estrategias y de encuentros entre “alcaldías del cambio” en lo que se trataba de evidenciar que se podía hacer frente a la Ley Montoro y a la deuda ilegítima: “Madrid era la punta de lanza de la red, tenemos que trabajar en otro tipo de vías y batallas legales sobre cómo interpretar esa regla de gasto. Es fundamental que la sociedad sepa qué es la regla de gasto y cómo afecta a la vida diaria de las ciudades y municipios. Desde la Red queremos seguir trabajando en la línea que llevamos trabajando con la ciudadanía, realizando varias acciones muy visuales durante el año y estableciéndonos de forma jurídica para que podamos articular mejor otras acciones o campañas legales cara a las elecciones de 2019”, defiende Yago Álvarez.

Una de las vías que más fuerza está tomando en los últimos tiempos es la batalla que libran los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados. En una iniciativa presentada el pasado mes de noviembre por Unidos Podemos, los grupos de la oposición aprobaron la flexibilización de la regla de gasto a aquellas ciudades y municipios que cuenten con superávit, un nivel de deuda por debajo del 110% y estén al corriente del pago a proveedores.

Cumbre de más de 300 representantes locales

Tras varios años de hartazgo, los municipios no están dispuestos a ceder más. En la reunión mantenida con Montoro en la jornada del lunes, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, ha lanzado un ultimátum al ministro emplazándole a buscar una salida al superávit local: “En un plazo de dos semanas nos tiene que resolver el problema para poder reutilizar el superávit y que esa inversión se extienda a ámbitos más allá de los financieramente sostenibles que hasta ahora no están contemplados, como políticas culturales, empleo, deporte o educación”.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sede del Ministerio. EFE

La respuesta del Cristóbal Montoro no se ha hecho esperar y, tras la finalización del encuentro, ha anunciado un futuro decreto ley que permita desbloquear los 5.000 millones de superávit obtenidos por las entidades locales en 2017.

En los últimos cinco años, los municipios llevan acumulada un superávit superior a los 31.000 millones. La situación de desinversión que acarrean los consistorios locales es crítica, como denuncia el presidente de la FEMP “Nuestra situación de financiación y gasto está peor, mucho peor, que hace casi tres años cuando se inició el actual mandato local. Tan es así que no debemos titubear al calificar nuestra situación como agónica, insostenible. Un diagnóstico que se agrava aún más si cabe, toda vez que no hemos hecho nada para estar así, más bien al contrario, ni nos merecemos esta asfixia en la financiación a la que nos somete el Gobierno de España”.

“Hacienda se está cebando con el eslabón más débil. Hay ayuntamientos como el de Madrid que tiene depósitos por valor de 1.120 millones de euros y no puede gastarlos. En algún momento habrá que abrir la mano, porque las corporaciones locales han hecho un esfuerzo importantísimo en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, aseguraba a este diario el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) Aurelio García.

La plataforma municipalista que persigue la abolición de la deuda ilegítima se muestra escéptica sobre las intenciones de la FEMP: “Siempre ha sido una institución dominada por el PSOE y es extraño ver que ahora el PSOE quiere tumbar una Ley Montoro, en cuya aplicación tuvo mucha culpa al modificar el artículo 135 de la Constitución. Tememos que sea una nueva estrategia para, ahora que en el Congreso parece que se puede acabar tumbando la Ley Montoro, mediante una mayoría donde el PSOE entraría, llevarse el rédito político de hacerlo”.