Las primeras ocho sesiones del juicio de la pieza política de los ERE han servido para delimitar el objeto del proceso, acotar la responsabilidad penal de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sientan en el banquillo (incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y rememorar los siete años de instrucción de la macrocausa. Se puede decir que el juicio como tal no ha arrancado hasta este miércoles, cuando por fin ha empezado a declarar ante el tribunal el principal acusado en la causa, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que afronta una pena de ocho años de cárcel por prevaricación y cohecho y diez años de inhabilitación por prevaricación.

Guerrero ocupó el mismo puesto en la Consejería de Empleo con tres gobiernos distintos y estuvo nueve años en el cargo que autorizaba los ERE y concedía las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. El dinero salía de una partida presupuestaria de 742 millones de euros, un fondo que él mismo bautizó como “fondo de reptiles” en su primera declaración ante la Policía, en 2011. Hoy ha dicho que es mentira, que nunca usó esa expresión o que se le tergiversó. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles. Ese concepto nunca salió de mi boca o se me ha tergiversado. No era un fondo de reptiles, era una partida presupuestaria que se aprobaba en las cuentas del Gobierno andaluz año tras año”, ha dicho a preguntas de su abogado.

Así, Guerrero trata de desmontar la tesis fundamental del caso ERE, a saber, que la Junta de Andalucía utilizó durante una década un fondo de ayudas sociolaborales con las que compró voluntades, compró la paz social en un momento convulso laboralmente, tejió una red clientelar regando con dinero público municipios gobernados por el PSOE y pagó prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias de un expediente de regulación de empleo (ERE).

El ex director general de Empleo se ha ratificado hoy en la declaración que hizo voluntariamente el 21 de octubre de 2015 ante la jueza María Núñez, que acababa de sustituir a la jueza Mercedes Alaya en la instrucción del caso, y en la que se desdijo de sus cinco declaraciones anteriores. Su estrategia dio un giro radical, dejó de acusar a sus superiores a defender el sistema que usaba la Junta para conceder ayudas laborales, alegando que era el mismo que venía utilizando el Ministerio de Trabajo desde 1994.

La exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, conversa con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, en la sala de la Audiencia de Sevilla, durante el juicio de los ERE. EFE/Raúl Caro

El interrogatorio que el abogado de Guerrero le ha hecho a su cliente no ha durado más de 15 minutos. El acusado ha aprovechado para reivindicar su trabajo, reivindicándose como la persona que resolvió múltiples conflictos laborales en empresas en una “época convulsa” en el que cerraron muchas fábricas en Andalucía y hubo despidos masivos. En esa época, cerró Altadis en Sevilla y Cádiz, cerró Santana Motor, hubo problemas en los Astilleros de Sevilla y Huelva.

Guerrero también ha revelado un viaje que hizo a Estocolmo, después del desastre ecológico producido por el vertido de residuos tóxicos en Doñana, en 1998, causado por la rotura de la presa de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden. “Boliden se niega a pagar las pólizas a sus trabajadores y este director general le pidió una reunión al presidente mundial de la compañía, me fui a Estocolmo y me traje dos talones de 2.000 millones de pesetas para ayudas sociolaborales”, dijo.

En la época señalada en el sumario de los ERE como el origen del fraude, hubo deslocalización de multinacionales que dejaron Andalucía, cierre de fábricas, caída de carga de trabajo y miles de andaluces se quedaron sin empleo. Hubo huelgas y protestas en las calles todos los días, y los sindicatos apretaron las tuercas al Gobierno de Manuel Chaves para que intermediase. Guerrero, desde la Consejería de Empleo, medió para garantizar los ERE y las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores. “Ahora parece que nosotros hicimos ricos a muchos, pero los prejubilados no han cobrado más de 1.000 o 1.200 euros”, advirtió, y gracias a esos convenios firmados por la Junta, “la Seguridad Social ingresó 200 millones de euros”.

Viera, “pieza clave”

Después de Guerrero ha subido a declarar el primer miembro del antiguo Consejo de Gobierno de Andalucía que se sienta en el banquillo, José Antonio Viera, consejero de Empleo del gabinete de Chaves entre 2000 y 2004, el primer tramo de la década que se investiga (hasta 2011). Viera ha decidido responder a las preguntas del presidente del tribunal, de la Fiscalía y de su abogado, pero no de la acusación particular (PP y Manos Limpias). Había mucha expectación por escucharle, porque su papel ha sido señalado como “fundamental” en el diseño y ejecución del sistema de ayudas que supuestamente propició el uso irregular del dinero público. La Guardia Civil le considera “pieza clave” en el fraude.

El ex consejero de Trabajo José Antonio Viera se sienta en su turno de interrogatorio en la sala de la Audiencia de Sevilla, donde continúa el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. EFE/Raúl Caro

Viera lo ha sido casi todo en el Gobierno andaluz y en el PSOE, hombre de confianza de Chaves, incluso para tomar las riendas del partido en Sevilla, cuando el crítico José Caballos amagó con disputarle el liderazgo al secretario general. Asumió la cartera de Empleo, con 2.400 funcionarios, para poner en marcha el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), gestionar la formación ocupacional, las políticas activas de empleo y, desde ahí, “abordar los múltiples conflictos laborales que tenía Andalucía en ese momento”. “No había ni una provincia que no lo tuviera un conflicto grave”, ha dicho.

El ex consejero de Empleo es quien firma el convenio marco entre su departamento y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), el órgano que materializaba el pago de las ayudas sociolaborales a través de la figura de las transferencias de financiación. El sumario de los ERE señala ese convenio como epicentro del fraude, advirtiendo de que este instrumento para agilizar los pagos facilitó que se librase dinero público de forma “discrecional” y sin ningún tipo de control ni fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta. “Cuando yo firmo ese convenio lo hago con la apariencia absoluta de legalidad”, ha dicho Viera a preguntas de la Fiscalía.

El interrogatorio continuará toda la mañana y durante la tarde.