Los guardias civiles imputados en el 'caso de los espías' quieren desmontar "las cloacas" de la Comunidad de Madrid

MADRID.- El informe presentado por los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado y por el trabajador de la Consejería de Interior José Manuel Pinto ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid intenta desarmar el “montaje” que contra ellos propició supuestamente en 2009 el actual comisario general de Información, Enrique Barón, siguiendo órdenes de los máximos responsables del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Este comisario, desde su puesto en la Dirección General de Seguridad de la CAM, estrechó además lazos con los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño y ofreció a diferentes dirigentes del PP “los servicios operativos” de estos dos policías a pesar de estar en activo, según explica el informe al que ha tenido acceso Público y que también obra en poder de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Coronado y Oreja aseguran haber escuchado estos hechos de boca del propio Francisco Granados, entonces consejero del Gobierno de Aguirre y que ahora está en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en la trama Púnica.

Además también fueron contratadas para las tareas de espionaje la agencia de detectives Método 3 y Detectives Mira, por los ex vicepresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Francisco Granados, que utilizaron a empresarios imputados en las tramas Gürtel y Púnica para no aparecer como clientes.

Según esta documentación, que ampliaran hoy en su declaración en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también del PP, Esperanza Aguirre, estuvo siempre enterada de los espionajes ya que contó desde su llegada con “una estructura formada por policías en activo, que ejercían labores de información a favor de la presidenta y del vicepresidente, Ignacio González, sin conocimiento ni autorización de sus mandos naturales en el Cuerpo Nacional de Policía”.

Esta red habría comenzado a funcionar en 2005, tras una denuncia por acoso de la entonces secretaria del presidente de Telemadrid contra su jefe. Se inicia entonces una investigación “ilegal”, ejecutada por un grupo de agentes en activo entre los que se encontraba Sergio Gamón y el jefe de seguridad del Canal de Isabel II y miembro del Cuerpos Nacional de Policía, Miguel Castaño. Ambos también imputados en el caso del espionaje.

En 2006, “la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presuntamente para dar cobertura legal a las actuaciones irregulares del grupo liderado por Sergio Gamón, crea la Dirección General de Seguridad y promueve para el cargo de Director General al citado Sergio Gamón”, que había sido su escolta cuando fue presidenta del Senado, y como subdirector a Miguel Castaño.

En 2007, Ignacio González encarga presuntamente a Sergio Gamón “la investigación de filtraciones a la prensa de presuntas irregularidades en la gestión de la CAM”. Ese año Alfredo Prada, uno de los espiados supuestamente por orden de González y Aguirre, cesa como consejero de Interior y se queda llevando la cartera de Justicia. Francisco Granados le sustituye y contrata a los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro, que pone a las órdenes de Gamón y a otros tres policías nacionales.

Sergio Gamón marca “unos objetivos irregulares”, aseguran. Tenían que seguir al número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo; al entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón; al consejero Alfredo Prada; a la actual presidenta del PP madrileño y de la comunidad, Cristina Cifuentes; al presidente de la empresa Arpegio, implicada en las tramas Gürtel y Púnica, y a los alcaldes de Fuenlabrada y Getafe.

Los tres guardias civiles decidieron, según su testimonio, no cumplir las órdenes y ponerlo todo en conocimiento de Francisco Granados, que les transmite que “no se preocupen y que no le hagan ni caso al director, Sergio Gamón”. Esto no gustó a Gamón y a Castaño, que piden a los tres guardias civiles que comiencen a hacer partes de su trabajo, aunque dejaron fuera de esta obligación a los tres policías. Estos partes son lo que, según estos tres imputados, fueron manipulados por Miguel Castaño para responsabilizarles del espionaje.

Pero no es el único encargo extraño que les hacen. La esposa de Ignacio González recibía anónimos con fotos comprometedoras cuya protagonista era “una alta dignataria política de la CAM”. Les solicitan entonces que roben un vaso “con las huellas dactilares de la amante” para compararlas con las del sobre que había recibido la esposa del vicepresidente.

Cuando el escándalo del espionaje a oposiciones políticos estalla, a una de las personas de confianza del ex consejero Alfredo Prada le roban un ordenador en la Ciudad de la Justicia y Sergio Gamón es imputado. Es entonces cuando entra en escena el actual comisario general de Información, Enrique Castaño, ex jefe superior de Policía de Madrid para el que Esperanza Aguirre crea el puesto de Director General de Seguridad de la CAM.

Según los guardias civiles, Barón desde la Comunidad de Madrid “estableció vínculos operativos con los comisarios de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño". Tanto Antonio Coronado como José Oreja escucharon a diferentes dirigentes del Gobierno de Aguirre como se ofrecían los servicios de estos comisarios en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia de la CAM. Otra de las actuaciones del actual comisario general de Información fue, según este documento, filtrar a la prensa los informes manipulados por Miguel Castaño para acusar a los guardias de ser los espías que formaban la gestapillo.

En ese momento también Ignacio González contrataba los servicios de la agencia de detectives Método 3, de cuyo director era amigo Enrique Barón. Sin embargo, la persona que aparecía como cliente era un empresario relacionado con la trama Gürtel. Según Paco Marco, ex director de Método 3, González le pagó a través del Canal de Isabel II. Además, a esta agencia de detectives también la contrató Francisco Granados, aunque quien figura en la factura es el empresario también imputado en Púnica, David Marjaliza.