Diversos convocantes de movilizaciones organizadas durante la primera quincena del pasado mes de marzo han sido citados a declarar como testigos por la Guardia Civil, dentro de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La investigación judicial parte de una denuncia de un abogado por haber permitido el pasado 8 de marzo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pese a las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por el coronavirus.

La titular del juzgado Carmen Rodríguez-Medel investiga al delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

La investigación, que ha descartado "causalidad" entre las marchas del 8-M y el aumento de contagios por la covid-19, se centra en las movilizaciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo (cuando se decretó el estado de alarma). Para el abogado experto en derecho penal Ertlanz Ibarrondo, los activistas convocantes han acudido a testificar pese a que "las citaciones de la Guardia Civil no se ajustan a derecho por estar judicializado el caso".

Estas citaciones voluntarias y que "se llevan a cabo por teléfono y a través de correo electrónico", asegura Ibarrondo, están orientadas a investigar a Franco por permitir celebrarse manifestaciones basándose en la recomendación emitida el 2 de marzo por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

El texto reproducido recoge que "la epidemiología actual sugiere un escenario 1" a nivel de la Unión Europea, justo en un momento en que España se encontraba en ese escenario, denominado "de contención" por el ministro de Sanidad Salvador Illa. Asimismo, el escrito defiende la "aplicación del distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de las reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión", según informa Maldita Ciencia.

La denuncia fue presentada por un abogado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. El nombre propio del demandante responde a Víctor Valladares Pérez, que efectúa la denuncia a nivel particular ya que se encuentra inhabilitado como letrado. Según el testimonio de uno de sus antiguos socios recogido por Diario 16, "Valladares cuenta con una larga serie de denuncias, entre las que hay acusaciones de falsificación documental por haber, presuntamente, llegado incluso a falsificar la firma de un juez, que le han llevado a estar procesado en la actualidad en varias causas".

El escrito de denuncia apunta que desde el 2 de marzo se celebraron 77 manifestaciones en la Comunidad de Madrid, aunque la jueza únicamente ha decidido investigar aquellas convocadas del día 5 al 14 de ese mes por ser la "fecha del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma", según el auto de la jueza.

Empiezan los interrogatorios a activistas

Justo el 8 de marzo se llevó a cabo una pequeña movilización en la céntrica plaza madrileña de Isabel II, frente al Teatro Real, convocada por Solidaridad Obrera (SO) y orientada a expresar su disconformidad con la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad.

Según el portavoz del sindicato convocante, Braulio del Pozo, "contactaron con la compañera que formalizó la comunicación de la concentración a Delegación del Gobierno y nos citaron en las dependencias de la Guardia Civil: o en la Comandancia de Tres Cantos o en la Unidad Orgánica de Policía Judicial en el centro de Madrid".

Por otra parte, esta comunicación con SO se produjo a principios de la semana del 4 de mayo, pese a que la jueza había explicitado en el auto que "estas actuaciones de investigación se consideran no urgentes a la vista del estado de alarma".

Una vez en las instalaciones de la Guardia Civil, comienza el cuestionario. Público ha tenido acceso a un acta de uno de estos interrogatorios, en donde la docena de preguntas que formulan pueden clasificarse en tres grandes grupos. El primero se encuentra relacionado con el ámbito más personal del individuo interrogado.

Son preguntas sobre las motivaciones de la convocatoria, el papel que la persona en cuestión tuvo en ella, la forma en que fue comunicada la movilización a la Delegación del Gobierno, qué tipo de documentación tuvo que aportar y cuántos contactos se produjeron a tal fin, así como las fechas de dichos contactos. Ibarrondo es tajante ante este extremo: "Que yo tenga que ir a prestar declaración con algo relacionado con el derecho de reunión y el derecho de manifestación, mucho cuidado, eh, mucho cuidado porque son temas muy sensibles y no sé si la información que yo doy puede afectar a terceros", advierte el penalista.

Quieren saber si se alertó sobre la covid-19

El segundo grupo sirve de nexo entre el primero y el último. En este sentido, los interrogantes van referidos a la parte que le concierne a Delegación del Gobierno. Las cuestiones se basan en esclarecer qué tipo de respuesta, en qué formato y en qué fechas dieron desde la Delegación, y si se conservan los documentos relacionados con dichas comunicaciones.

En este punto, el cuestionario entra de lleno en el asunto investigado. Las dos siguientes preguntas se encaminan a saber si la persona convocante recibió por parte de la Delegación del Gobierno o de cualquier otro organismo recomendaciones concretas relacionadas con la covid-19; y si al inicio de dicha reunión tenía algún tipo de noticia acerca del coronavirus, sus riesgos o medidas de protección recomendadas para hacer frente al mismo.

El último grupo de cuestiones está caracterizado por ser preguntas en las que la acción vuelve a recaer en la persona interrogada, pero esta vez teniendo relación con advertencias de cara al coronavirus.

Los convocantes de las movilizaciones tendrán que escuchar cuestiones similares a estas: "si como promotor u organizador de la reunión llevó a cabo sobre los asistentes algún tipo de recomendación de protección" relacionada con el virus, "si alguno de los asistentes o de las personas que preveían asistir a la misma, interrogaron a la persona convocante acerca de la covid-19, en qué forma lo hicieron y cuál fue la respuesta emitida a dichas personas"; "si durante la celebración de la reunión pudo observar algún tipo de consigna relacionada con la covid-19, y en qué consistían las mismas (cánticos, carteles…)"; "si en el curso de la reunión observó a personas que portaban medios de protección contra la covid-19, como guantes y mascarillas"; y "si en algún momento recibió por parte de la Delegación del Gobierno algún tipo de llamada telefónica".

Desinformación en los testigos llamados a declarar

Precisamente una llamada telefónica es lo que recibió una militante de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) el 10 de marzo. El colectivo obrero había convocado manifestaciones para el día 13 y 20 de marzo, pero viendo la evolución de la pandemia, el propio sindicato decidió abortar los planes, comprobando así que las declaraciones están orientadas tanto a las movilizaciones que se efectuaron como a las que se desconvocaron por medio de los propios promotores.

La integrante de AST presenció cómo la Policía Judicial se personaba en su domicilio para entregarle una citación que no venía avalada por ningún juez: "No me han aclarado quien ha ordenado que yo vaya como testigo, si el juez o la Fiscalía", comenta la afectada a Público tras volver de su declaración.

"La Delegación del Gobierno se puso en contacto con nosotros momentos antes de llegarles el escrito de la decisión que ya habíamos tomado de desconvocar. Me imagino que nos llamaban precisamente para eso, pero no les dio tiempo a explicitarlo", agrega la sindicalista. Según su sensación, "esto va contra la Delegación del Gobierno", una tesis avalada por el sindicalista de SO. Tal y como comenta el propio Del Pozo, "debe ser un rollo político, absolutamente político, porque no hemos tenido constancia de que se haya denunciado a los partidos de fútbol o baloncesto que ese fin de semana se produjeron en la capital y que también juntaron a miles de personas".

"La denuncia va más encaminada al derrocamiento del Delegado, buscando cabezas, y al denunciante realmente le da igual buscar quién no puso todos los medios disponibles para evitar el contagio por aquellas fechas; o si no que denuncien al presidente del Real Madrid", ironiza el portavoz de SO. Por su parte, Ibarrondo defiende que "el hecho de que sea la Guardia Civil quien llame a declarar a las personas en calidad de testigo sin informarles de qué juzgado procede la orden, ni por qué se les cita a través de la Guardia Civil, no se ajusta al inicio de un procedimiento judicial".

El proceso "no se ajusta a derecho"

El penalista recomienda "no ir a la declaración y esperar a ser citado directamente por el juzgado, que para eso está instruyendo el caso". Del mismo modo, desconoce si el procedimiento que están siguiendo "es para ahorrarse los trámites de la citación judicial o tener identificadas a las personas que han convocado manifestaciones", lo que sí considera y repite es que "no se ajusta a derecho, no es correcto cuando el procedimiento está judicializado". Cuestionado sobre el hipotético caso que estas citaciones en calidad de testigo se pudieran convertir en acusaciones, el letrado expresa que "sería algo del todo improbable porque no hay base legal para acusarles de nada".

Según ha podido saber Público, un miembro de Ecologistas en Acción también ha sido llamado a declarar por haber formalizado la comunicación pertinente para hacer valer su derecho de reunión y manifestación en la Delegación del Gobierno de la capital entre el 5 y el 14 de marzo, lapso del tiempo por el que se investiga a Franco. Un periodo de tiempo en el que se sucedieron movilizaciones feministas, pero también otras de diferente índole, como la estudiantil del día 6.

Dudas de la jueza sobre los delitos investigados

Por ello, las manifestaciones realizadas en la Comunidad de Madrid durante las diez jornadas en los que se circunscribe la investigación, son la baza para acabar juzgando a Franco, pese a que la jueza se le hayan planteado "serias dudas" de que exista un delito de prevaricación administrativa, según expresa ella misma en el auto. La magistrada también explicita, en relación a un posible delito de lesiones por imprudencia profesional, que "parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica la relación de causalidad".

Así pues, el vuelo de la mariposa del principio ha acabado siendo la denuncia presentada por un abogado inhabilitado para sus funciones. Un vuelo que se ha ido agrandando a medida que continuaba el proceso judicial que comenzó con la denuncia hacia 19 personalidades, entre las que se encontraba el Presidente del Gobierno y delegados del Ejecutivo en regiones como Toledo, Barcelona, A Coruña y Valencia, y que ha desembocado en un huracán de incertidumbre y desinformación que en estos momentos sufren los convocantes que hicieron un uso legítimo de su derecho de reunión y manifestación.

No se trata nada más que de un estadio judicial nuevo en España, ya que como indica la propia jueza: "La respuesta a esta cuestión [sobre la incoación de diligencias previas para practicar diligencias de investigación o para sobreseer el procedimiento] no es fácil, pues lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)".