El Gobierno será "respetuoso" y valorará el informe que el Consejo General del Poder Judicial realice acerca de la ley de vivienda, pero está plenamente convencido de que la norma es sólida desde el punto de vista jurídico y que respeta las competencias atribuidas al Estado y a las comunidades autónomas.

Así lo ha expresado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Agenda Urbana ha precisado que el Ejecutivo no puede posicionarse sobre un informe que todavía no se ha publicado (El CGPJ no lo hará hasta el 27 de enero, después de tomar la decisión de relevar a los ponentes del texto), pero ha insistido en que la ley "respeta a la ley, es sólida desde el punto de vista jurídico y está bien armada".

Las palabras de Sánchez llegan después de una entrevista suya en la que se abrió a "adaptar" a norma (elaborada junto al Ministerio de Derechos Sociales) cuando se conociera el informe (preceptivo y no vinculante) del órgano de gobierno de los jueces.

En ese momento desde Unidas Podemos se advirtió de que estaría "vigilante para garantizar que el texto se mantenga respetando íntegro lo aprobado en primera vuelta en Consejo de Ministros", es decir, para evitar que el informe del CGPJ (que, según ha trascendido, dice que la norma invade competencias autonómicas), termina modificando su contenido.

La ministra de Transportes ha explicado que la posición del PSOE y de Unidas Podemos, y la de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de ella misma, "es absolutamente compartida" y que no existen "fisuras" en este asunto.

"Cuando recibamos el informe lo analizaremos, pero la voluntad unánime, compartida e inequívoca es continuar con la tramitación de una ley absolutamente necesaria. Analizaremos el contenido de ese informe, que es preceptivo y no vinculante, pero defendemos que es una ley que cumple con las competencias atribuidas al Estado y a las comunidades autónomas", ha añadido.

También ha pedido la ministra a las comunidades gobernadas por el PP, que han avanzado que no van a aplicar la ley, que "reflexionen": "Si se niegan de entrada, sin conocer el texto de la ley, a aplicarla serán ellos los que tengan que rendir cuentas ante sus ciudadanos. La realidad les va a demostrar que esta es una buena ley que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas", ha concluido.

El boicot del PP a los fondos europeos

Por otra parte, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, volvió a denunciar la actitud del Partido Popular sobre los fondos europeos, y aseguró "que la realidad se impone al afán de boicot del PP", dijo

Rodríguez indicó que la Comisión Europea ha avalado la gestión de España sobre estos fondos, que se han recibido más de 19.000 millones de euros y que desde Europa se ha aplaudido la gestión de ESpaña.

Por ello, la ministra Portavoz indicó que es difícil de entender la actitud del PP "de zancadillear la llegada de los fondos europeos y perjudicado a su país" e indicó que sólo se entiende porque no quieren que le vaya bien a España.