El Gobierno ultima la posibilidad de cerrar un acuerdo con la Comisión Europea con el fin de evitar la aplicación de los peajes en las autovías españolas. A cambio, el Ejecutivo ha propuesto promover otras alternativas para impulsar el transporte sostenible, especialmente el ferroviario, con el que poder lograr el mismo objetivo: la descarbonización del transporte terrestre, según ha avanzado el diario El País.

La Comisión Europea ha señalado este jueves que ha hecho "avances positivos" en su evaluación sobre la revisión del plan de recuperación enviado por España en junio y que incluye la retirada de los peajes que el Gobierno se había comprometido a establecer en las autovías a partir de 2024.

España solicitó cambios con respecto a este hito, el número 3 del plan, en la llamada adenda al plan y quedaría amparada en la futura Ley de movilidad sostenible, que el Gobierno en funciones espera que se pueda poner en marcha el próximo año.

"Se han logrado avances positivos y las discusiones constructivas con las autoridades españolas están en marcha con vistas a finalizar en análisis lo antes posible", añadió la portavoz de Economía, Veerle Nuyts, quien indicó que Bruselas comunicará la conclusión de su examen "tan pronto como llegue a este punto".

El Ministerio de Transportes se mostraba optimista

Este mismo martes, la ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, se declaraba "optimista" respecto a que la Comisión Europea aceptase las "propuestas alternativas" que el Gobierno había planteado para no introducir peajes en las autopistas.

Estas "propuestas alternativas", manifestó a los medios en la sede del Parlamento Europeo, incluyen medidas "en la línea de reforzar otras que ya se han aplicado", como "incentivar el transporte ferroviario" o el transporte público.

"Las condiciones que se daban en el momento de plantear esta medida no son las mismas que en la actualidad", argumentó la titular de Transportes.

El compromiso de los peajes consta en el plan de recuperación español, según el cual España debe crear "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de "quien contamina paga'", tal y como se lee el documento del plan.

Este hito está vinculado, en concreto, al pago del sexto tramo del fondo de recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros en ayudas directas.

El Gobierno remitió a Bruselas la adenda del plan de recuperación el pasado 6 de junio y disponía de un plazo de tres meses para evaluarla (dos meses iniciales y una prórroga de un mes por quedar el verano dentro del periodo), pero por ahora no ha publicado su conclusión.

España ganará acceso a los 84.000 millones de euros que tiene asignados en forma de crédito y a otros 10.000 millones en ayudas directas una vez que la revisión del plan reciba luz verde de la Comisión y después sea aprobada por el resto de Estados miembros.