'El Gobierno de la transparencia' oculta un informe sobre derechos humanos en España

MADRID.- 28 de diciembre de 2011. Esa es la fecha en la que el Grupo Vasco (EAJ-PNV) presentó una Proposición No de Ley (PNL) para la creación de un Plan de Derechos Humanos que el propio partido que sustenta al Gobierno, el PP, aprobó en febrero de 2012. Sin embargo, a día de hoy, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue sin elaborar el texto y, es más, justo cuando acaba de lanzar el Portal de la Transparencia, ni siquiera quiere publicar el informe previo que un grupo de expertos ha elaborado para examinar la situación de los derechos humanos en España.

"Les da miedo el diagnóstico", denunció el pasado miércoles en el Congreso el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Y no es para menos. Según el exdirector del Comité Técnico, el profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid Fernando Rey, "cuando analizas los derechos humanos en España desde una versión global, se te ponen los pelos de punta".

Después de que el I Plan de Derechos Humanos 2008-2012 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pasara el análisis de Ministerios y Cortes, Rey fue designado por el Centro de Estudios Constitucionales —dependiente del Ministerio de Presidencia— para dirigir un Comité Técnico de expertos que analizaran la situación actual de los derechos humanos en España. La finalidad era utilizar sus conclusiones para crear un proyecto constructivo del que derivaran las futuras medidas del II Plan de Derechos Humanos. Era octubre de 2012.

Esteban (PNV), a la vicepresidenta: "Me da la sensación de que [el II Plan de Derechos Humanos] les dio miedo, de que no querían hacerlo y de que va a pasar la legislatura sin que lo hagan"

"Lo primero que hice fue buscar el manual que la ONU ha establecido sobre cómo elaborar un plan de este tipo", narra Rey a este diario. "El plan de Zapatero, no estaba mal, pero no era un plan nacional, sino un plan gubernamental porque era algo del Gobierno central, no se contó con la opinión de la oposición, de las ONG, de los agentes sociales...", continúa el profesor. "Además, no se trata de hacer medidas, sino de identificar antes dónde está el país y proponer luego mejoras a tres, cuatro, cinco años", continúa.

En esa tarea se encomendó Rey junto a otros 15 expertos en materias de derechos civiles, políticos, sociales, etc. para hacer una radiografía del país. Un país en el que el nuevo Gobierno del PP "utilizó la crisis para recortar derechos". Con el (de momento) fallido ataque al derecho al aborto,  la polémica valla de Melilla, la situación de los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIEs) o, ahora, la casi definitiva Ley de Seguridad Ciudadana, España no sale bien parada de ese análisis.

Para evitar posibles ataques a su imparcialidad, Rey, que no cobró "ni un duro" por su labor ni pertenece "a ONG ni partido alguno", decidió incluir a representantes de cada ministerio en el grupo de trabajo. "Teníamos ya un informe de unas 200 páginas preparado ya en primavera de 2013 y en diciembre de ese mismo año estaba ya consensuado con el Gobierno", asegura el profesor.

Había llegado el momento en el que la vicepresidenta mostrara los resultados, como prometió, ante los diputados de la Cámara baja para, después, elaborar el II Plan de Derechos Humanos. Pero eso no llegó. Y, en febrero de 2014, Rey dimitió, el equipo se disolvió y más de un centenar de organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional intentaron, sin éxito, presionar al Gobierno para que se pusiera manos a la obra.

"No es una cuestión de dinero, sino de ideología", sentencia el director del Comité Técnico

"Dimití para que, llegado el caso, si preguntaban a la vicepresidenta por ese informe, no se nos pudiera echar la culpa de no haberlo terminado cuando el trabajo ya estaba hecho", admite Rey. "Lo hicimos gratis por contribuir a mejorar los derechos humanos de nuestro país, pero creo que, precisamente por eso, quizá el Gobierno nunca llegó a tomarse nuestro trabajo", lamenta.

"Me da la sensación de que les da miedo, de que no querían hacerlo y de que va a pasar la legislatura sin que lo hagan", denunció Aitor Esteban en el pleno de la semana pasada, recordándole, además, a Sáenz de Santamaría que había omitido en varias ocasiones sus peticiones de comparecencia. La vicepresidenta, por su parte, se defendió alargando aún más la espera: "El II Plan de Derechos Humanos está redactado y en fase de consulta ante los ministerios", zanjó.

Pero mientras el Ejecutivo "calla", Rey y su equipo han continuado trabajando en su informe que a día de hoy ya acumula más de 600 folios. 600 páginas de denuncias que saldrán a la luz a principios del próximo año porque, en palabras del profesor, "defender los derechos humanos no es una cuestión de dinero, sino de ideología".