El Gobierno que preside Mariano Rajoy contará en las próximas semanas con un nuevo instrumento legal para enfrentarse al proceso soberanista abierto en Catalunya: la nueva ley de Seguridad Nacional que esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. El nuevo texto legal, que durante el mes de agosto se debatirá en el Senado, estará en vigor antes de la jornada electoral del 27-S, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por Público.

“No hará falta recurrir al artículo 155 de la Constitución [que prevé la suspensión del régimen autonómico en una comunidad]; acogiéndose a esta ley y a sus preceptos, Rajoy puede tomar decisiones unilaterales mediante reales decretos para gestionar una crisis que, a su juicio, suponga una amenaza a la seguridad nacional”, explica el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Emilio Olabarría, experto jurista que ha participado en la tramitación de esta iniciativa legal.
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Medidas con el efecto de un estado de excepción

Esos mismos conceptos son compartidos por el parlamentario de ERC Joan Tardá, quien incluso va más allá: “Estamos en la fase de crear miedo desde el Gobierno de Rajoy y desde el PP; pues bien, esta iniciativa legislativa contribuye a ello. De lo contrario, ¿qué sentido tiene hacer esta ley deprisa y corriendo en julio y en agosto? Es un eslabón más para hacer descarrilar el proceso; con el miedo pretenden, incluso, que vaya poca gente a votar”.

Para Tardá, la nueva ley no es tanto una amenaza previa a la jornada electoral, “aunque va en línea intimidatoria”. En su opinión es “una clarísima presión sobre las medidas que se puedan adoptar después de la decisiva cita electoral en Catalunya” en el caso de que gane la opción soberanista.

“El Gobierno quiere tener un nuevo instrumento listo tras el 27-S. Realmente tiene medidas que surten el mismo efecto que la declaración de sitio y de excepción, pero sin ser tan escandalosa, y además no necesita el refrendo parlamentario. Tampoco tiene la repercusión política que supone recurrir al artículo 155 de la Constitución, que necesita además la mayoría absoluta del Senado”, explica Tardá.

En cambio, con la entrada en vigor de esta nueva ley de Seguridad Nacional “el presidente del Gobierno puede poner bajo su mando a los Mossos y a los funcionarios de la Generalitat que desee con un simple real decreto”, insiste Tardá, quien rechaza las acusaciones de paranoia vertidas desde el PP en base a la negativa de los populares a admitir una de sus enmiendas, consistente en dejar fuera de esta ley cualquier decisión adoptada por un Parlamento autonómico. “Esta claro, ¿no?”, concluye Tardá.

El presidente del Gobierno puede intervenir e incluso rescatar competencias de una comunidad en base a un peligro para el disfrute de derechos constitucionales

Según Olabarría, el poder que da esta ley al Gobierno es “muy grande”. “En base a dos elementos, como son los riesgos a la integridad y a un supuesto peligro para el disfrute de los derechos constitucionales de los ciudadanos el presidente del Gobierno puede intervenir e incluso rescatar competencias de una comunidad. Los artículos 3 (definición del concepto de seguridad nacional) y 24 (competencias del presidente del Gobierno para gestionar una crisis) son claramente ilustrativos de los riesgos que contiene esta ley”.

Desde el grupo parlamentario catalán de Convergència i Unió, que en la tramitación de esta ley ha actuado con portavoz único, también se ha criticado el contenido de esta iniciativa legislativa. Igual que desde el grupo de La Izquierda Plural, por entender que sus contenidos sobrepasan los objetivos de riesgos potenciales de crisis generadas por pandemias, desastres naturales o amenazas terroristas exteriores, entre otras razones. Estos dos grupos han votado en contra de la aprobación de la ley.

El grupo socialista ha respaldado la nueva legislación, tras la aceptación de varias enmiendas por parte del PP, por entender que responde a una necesidad que ya se planteó en el anterior Gobierno de Zapatero en 2011, aunque no llegó a traducirse en una ley. Sin embargo, su portavoz, José Enrique Serrano, mantuvo sus reservas por la falta de definición de las situaciones de crisis y “la escasa participación de la comunidades”.

UPyD también ha dado su apoyo a esta ley que, probablemente, no sufrirá modificaciones en su tramitación en la Cámara Alta, por lo que puede entrar en vigor antes de mediados del mes de septiembre, según fuentes parlamentarias.