La transparencia en la política española es poco menos que una quimera. Aunque hay una ley aprobada en 2013 y una página web en internet —el llamado Portal de Transparencia— que el Gobierno puso en marcha precisamente para que cualquier ciudadano que así lo solicitara pudiera tener acceso a información sobre la Administración y sus responsables, a la hora de la verdad, lo que parece primar es la opacidad. El diario Infolibre cuenta este martes que quiso conocer el patrimonio de los ministros pero que esa información aún no ha sido publicada en dicho Portal de la Transparencia por una cuestión poco menos que burocrática.

Según la información, la Oficina de Conflictos de Intereses ha respondido a Infolibre que es imposible publicar el patrimonio de los ministros porque la Ley de Transparencia "condiciona la publicación del contenido de estas declaraciones al desarrollo reglamentario". El desarrollo de ese reglamento depende del Gobierno, pero parece que al Ejecutivo le interesa muy poco esa cuestión: el reglamento está paralizado desde 2015 por voluntad del propio Gobierno. Según la Oficina de Conflictos, el reglamente "está pendiente de tramitación",  pero Infolibre informa de que "ni siquiera figura en la normativa en elaboración". 

Del mismo modo, la web sueldospublicos.com ha intentado conocer cuánto cobran los embajadores españoles. Sólo ha podido hacer un cálculo aproximado, porque "el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se ha negado a desvelar las retribuciones exactas y tan sólo ha remitido la fórmula para calcularlas".

Lo cierto es que la Ley de Transparencia nació con mucha polémica y no menos dudas. Muchas voces la tildaron de insuficiente: fue aprobada por la mayoría absoluta del PP sin consenso y sus críticos destacaron que el catálogo de cuestiones sobre los que los poderes públicos podrían denegar información era amplio.