Como el río Guadiana, que aparece y desaparece. La reforma del delito de sedición vuelve a estar sobre la mesa por enésima vez en esta legislatura. En el marco de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, las terceras y últimas cuentas públicas del Gobierno de coalición, ERC incluyó esta cuenta pendiente entre sus reivindicaciones.

Si bien, a medida que estas conversaciones con el PSOE se han indo produciendo, los republicanos han diluido este asunto en la negociación presupuestaria para subrayar otras prioridades, como es el desbloqueo de la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza o la ejecución de las inversiones en Catalunya ante el bajo porcentaje actual (solo el 16% en los primeros seis meses de 2022).

No obstante, el clima de la negociación de los Presupuestos servirá de caldo de cultivo para favorecer o perjudicar un acuerdo en este aspecto. De momento, ha contribuido a que el Gobierno vuelva a reafirmar su compromiso en esta dirección y se aleje del discurso mantenido hasta ahora, que hacía referencia a la ausencia de una mayoría clara en el Congreso para reforma esta figura penal.

En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, preguntado por la reforma del delito de sedición, afirmó este lunes que "la gente está mucho más preocupada por su hipoteca, por lo que paga en el súper, por lo que cobra, por la guerra o por el clima". "Ahora mismo hay mucha gente que está en Rodalies atestado y no le interesa absolutamente nada lo que hablamos", añadió en una entrevista en La 2.

Y este jueves, esta apuesta se ha escenificado en el hemiciclo por parte del portavoz de Hacienda del grupo republicano, Joan Margall, durante el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario, cuyos vetos serán rechazados previsiblemente en unas horas gracias al voto en contra de los 13 diputados republicanos, entre otros.

En su intervención, Margall ha puesto énfasis en lo que a su juicio no aparece reflejado en los Presupuestos y debería: "Incrementan el gasto militar pero no se han atrevido a ir a las desigualdades", ha reprochado para reclamar la limitación de los precios de los alquileres, políticas para jóvenes que faciliten el acceso al trabajo y a una vivienda digna, o una profunda reforma fiscal.

Obviamente, ha dedicado un importante espacio de tiempo a la ejecución de inversiones en Catalunya: "Seguimos el mismo camino del año pasado cuando se ejecutó solo el 35% del total presupuestado en este campo. Ya no podemos confiar en ustedes; siempre incumplen. Hace falta reconstruir las confianzas sobre una base diferente; es imprescindible la creación de un mecanismo de garantía para un correcto nivel de ejecución de las inversiones en Catalunya. Va de que el Gobierno cumpla sus propias leyes", ha apostillado.

Tras destacar su "fuerza negociadora para mejorar estas cuentas", solo al final de su intervención y en claro guiño al resto de grupos catalanes, ha señalado que la presencia y acción de ERC en el Congreso ayuda a "construir una solución democrática al conflicto que vive Catalunya con el estado español" y "avanzar en la desjudicialización". "La solución pasa por la política", ha dejado claro Margall desde la tribuna.

Un mensaje que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acogido de manera positiva. Así, en su respuesta a Margall, ha reiterado desde la tribuna el compromiso del Gobierno de llevar al Congreso una reforma de varios delitos del Código Penal (sin mencionar expresamente el de sedición) para homologarlos a los estándares europeos. 

"Lo traeremos a esta cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", ha dicho. Eso sí, ha enmarcado dicha reforma fuera de la negociación de las cuentas, algo que desde el entorno republicano no molesta debido a la predisposición del Ejecutivo para cumplir esta cuenta pendiente antes de que finalice la legislatura.

Al término del debate presupuestario, ante el revuelo creado por esta intención manifiesta de llevar la propuesta de reforma al Congreso, la ministra ha aclarado en los pasillos del Congreso que su afirmación "solo reitera el compromiso del Gobierno" en esta dirección, y que la decisión sobre esta reforma "no le compete a su ministerio".