CETAEl Gobierno reconoce que con el CETA sólo podrá aplicar políticas medioambientales o sanitarias "siempre que estén justificadas"

El Gobierno de Mariano Rajoy supera toda expectativa cada vez que habla del CETA; al mismo tiempo que afirma que no va a pedir "otro" estudio sobre su impacto en España —obviando que no existe ningún informe específico—, da por hecho —sin cifras a las que agarrarse— que la aplicación del tratado no va a tener "efectos negativos", y por tanto afirma que no hay necesidad de "tomar medidas al respecto".

Sin embargo, y a su manera, también reconoce que con la aplicación definitiva del tratado comercial entre la UE y Canadá —en vigor de forma provisional desde finales de septiembre—, el Ejecutivo sólo podrá aplicar políticas en materia de salud y medio ambiente cuando "estén justificadas", sin definir qué significa exactamente este requisito.

'Público' ha accedido a las respuestas del Gobierno a la batería de preguntas parlamentarias registradas por el diputado de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, Pablo Bustinduy, a finales de septiembre, y en ellas el Ejecutivo no puede obviar el impacto que tendrá el CETA en la forma en la que los futuros gobiernos puedan regular: "El Gobierno no cree que el Acuerdo venga a debilitar medidas en materia de salud y medio ambiente que potencialmente se puedan aplicar, siempre que estén justificadas, y se ajusten a los principios de la UE. El Acuerdo únicamente supondría un obstáculo para medidas que basen su motivación en criterios de proteccionismo comercial en lugar de seguir criterios puramente sanitarios o medioambientales", reza el texto, que deja en el aire la interpretación de qué es "proteccionismo", o qué medidas están "justificadas".

"Eran las respuestas que esperábamos, pero no las que deseábamos", lamenta Bustinduy. El diputado y portavoz del grupo confederal en la Comisión de Exteriores critica que el Gobierno rechace esperar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE que, por iniciativa del Ejecutivo de Bélgica, está revisando el tratado para dilucidar si se ajusta a la legalidad europea. "Ya no es sólo que nos hayan negado dos veces la posibilidad de que el Constitucional se pronuncie sobre el tratado y que no respeten lo que pueda o no decir, es que se jactan, sacan pecho, y dicen que para qué esperar al dictamen del TJUE. ¿Y qué pasará si el TJUE emite un fallo desfavorable? ¿Y qué pasará si el TJUE considera, como nosotros, que el CETA daña la autonomía del ordenamiento jurídico no sólo de la Unión Europea, sino el español? ¿Nos escucharán entonces? ¿No es mejor preguntar antes? ¿O para algunas cosas sí y para esto precisamente no?", cuestiona el parlamentario de Unidos Podemos.

Con este tipo de respuestas, en las que se esfuerza por resaltar al máximo los aspectos que considera positivos del CETA y obvia todos sus peligros, el Gobierno sigue la línea adoptada por Bruselas, que el pasado viernes anunció su nueva campaña para vender las bondades del acuerdo. La consigna es resaltar sus supuestos —y futuribles— beneficios económicos, y omitir todas las sombras que rodean al tratado; donde hay opacidad ahora presumen de "transparencia", y donde hay riesgo de influir en la capacidad normativa de los Estados toca vender el "derecho a regular", aunque la defensa de este derecho caiga por su propio peso, en opinión de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales, sindicales o medioambientales.

De hecho, en el escrito, registrado el 20 de noviembre, el Ejecutivo también reconoce que la cooperación reguladora, y la instancia en la que se sentarán empresas, gobiernos y otros actores de ambos lados del Atlántico para revisar las nuevas normativas, puede "crear obstáculos" para que los Estados fortalezcan normas ambientales y sanitarias, aunque estos "obstáculos" no serían "insalvables" si "el fortalecimiento de dichas normativas no es discriminatorio entre las partes" —usando de nuevo un concepto, "discriminatorio", sin acotar en modo alguno su significado—.

"El objetivo de esta cooperación reguladora es evitar que se utilice la normativa medioambiental y sanitaria como pretexto para introducir medidas proteccionistas, desvirtuando las propias normativas al primar intereses comerciales sobre la protección de la salud y el medio ambiente. Por el contrario, medidas honestamente destinadas a proteger la salud y el medio ambiente y no para favorecer determinadas industrias de una de las partes, no deberían tener mayor problema en superar las consultas", sentencia el texto.

El Gobierno desprecia el informe de Macron

Por otra parte, el Ejecutivo desprecia las alertas recogidas en el informe elaborado por un comité de expertos para el Gobierno galo de Emmanuel Macron: éste afirma que en las 1.600 páginas del tratado "no se garantiza efectivamente el principio de precaución", que "no contiene ningún compromiso vinculante en materia medioambiental", o que "Canadá todavía permite 46 sustancias activas que fueron prohibidas hace mucho tiempo en otros países".

"El Gobierno nos ha dicho que para qué consignar un informe de expertos como el que encargó Macron, si ya tienen uno que coordinó la Comisión Europea en 2011", aclara Bustinduy. "Pues de 2011 a 2016, el año de la firma, el tratado ha pasado por varias fases, todas ellas sin transparencia alguna, todo sea dicho; empezando por el maquillaje al sistema ISDS, que tampoco reconocen", apostilla.

Además, el diputado de Unidos Podemos apunta que "quizás lo más grave" sea "el cinismo de declarar que 'en el marco del proceso de tramitación parlamentaria del CETA se han analizado en profundidad las cuestiones a las que se refiere el informe francés'. La tramitación parlamentaria del CETA ha sido un cúmulo de despropósitos e irregularidades, donde no ha habido un solo argumento para rebatir los nuestros sobre la inconstitucionalidad y la falta de garantías jurídicas del CETA, salvo lugares comunes sobre 'cómo no vamos a firmar un Tratado con Canadá'", zanja.