MADRID.- El Gobierno lleva recaudados 126 millones de euros a las personas físicas desde que extendió las tasas judiciales en el año 2012 a iniciativa del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que van a ser eliminadas por medio de un decreto este fin de semana.

En total, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva recaudados 564,4 millones de euros desde el 1 enero de 2013 hasta el 5 noviembre de 2014. En concreto, 125,9 millones de euros con las tasas judiciales de las personas físicas: 65,1 en el primer año y 60,8 en el segundo, según datos manejados por el Ministerio de Justicia.

Fuentes del Ministerio de Justicia han informado de que la norma por la cual se modifica el sistema de tasas judiciales será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado o el domingo. Por lo tanto, a partir del lunes las personas físicas ya no tendrán que pagar ninguna tasa judicial. También están exentos los trabajadores autónomos, ya que cotizan como personas físicas.

Sin embargo, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) seguirán pagando como hasta ahora. A este respecto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incidido al término del consejo de ministros que las PYMES están exentas de pagar tasas en reclamaciones inferiores de 2.000 euros.

Ahora bien, la desigualdad continuará ya que las PYMES pagan lo mismo que las grandes empresas y las entidades financieras.
El Gobierno ha reconocido que estos 564,4 millones de euros recaudados no han sido destinados a financiar la justicia gratuita, como anunció Ruiz-Gallardón, sino que se han aportado a la “caja común” y se destinan a pagar los gastos públicos.

Tanto los operadores jurídicos como la oposición parlamentaria sostienen que la recaudación de las cuantías debe ser transferida a la financiación de la justicia gratuita, tras la incorporación de nuevos beneficiarios a esta norma, y que en caso de no ser así quedaría probado el fin recaudatorio de las tasas.

La supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social.
Catalá ha explicado en la rueda de prensa que esta supresión de las tasas para las personas físicas es debida a la mejora de la capacidad recaudatoria del Estado, fruto de la cual "podemos abordar esa reivindicación extendidísima" en la sociedad.

Varios sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

Tras la dimisión de Gallardón, Catalá abordó la supresión de las tasas judiciales ampliadas con el Gobierno del PP y que han provocado una cadena de protestas desde que se implantaron, en especial entre los abogados y los operadores jurídicos.

Catalá explicó que se realizaría un estudio para confirmar si las tasas han limitado el acceso a la justicia, como denuncian sus críticos. Pero en Justicia dicen que las tasas han tenido una "repercusión moderada" en el descenso de la litigiosidad.

La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

El último informe del Defensor del Pueblo subraya en su informe anual el "claro malestar" que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos.