MADRID.- El Gobierno no sabe qué hacer para sacarse a Rodrigo Rato de encima, mientras las informaciones sobre los presuntos delitos fiscales del exvicepresidente de José María Aznar continúan publicándose y apuntando cada vez con más indicios la posibilidad que más temen en el PP: que Rato se aprovechara de su cargo en el Ejecutivo para engrosar su fortuna ilegítimamente.

Un viernes más, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno fue preguntada por el exdirector general del FMI, en concreto sobre la información de OK Diario que le imputa una 'autoconcesión' de un millón de euros que Rato se habría hecho desde el Ministerio de Economía a través de una de sus sociedades (ningún trabajador y a nombre de un testaferro) bajo investigación judicial. "Desconozco los hechos", contestó Soraya Sáenz de Santamaría a la prensa, pero hay "una investigación judicial" a la que se remitió la portavoz y por la que expresó el "máximo respeto" y ofreció "la máxima colaboración".

La número dos del Ejecutivo se ha negado a responder sistemáticamente sobre las presuntas ilegalidades e irregularidades de Rodrigo Rato -también de las de Luis Bárcenas- poniendo por delante su cargo en el Gobierno, la mesa desde donde responde y su responsabilidad institucional.

Rato, Bárcena y Monedero

Sin embargo, Sáenz de Santamaría no se mostró tan cauta en otros casos menos graves, como el del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, cuando se conoció su situación fiscal. "Si todos los españoles hacen como Monedero, a ver cómo pagamos los servicios sociales", reflexionó cuando se le preguntó por ese asunto el pasado de mes de febrero.

Los ministros de Mariano Rajoy (éste ni contesta cuando se le pregunta por Rato) han decidido optar por un doble mensaje que ahora podría volverse en su contra: una cosa son los presuntos delitos de Rato en su vida privada y tras salir del Gobierno Aznar o de la jefatura del Fondo Monetario Internacional y otra muy distinta la "brillante" gestión que hizo como vicepresidente económico entre 1996 y 2004. Hoy viernes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió en este argumento, pero las informaciones apuntan a que el extitular de Economía habría aprovechado todas las influencias y el poder de esa "brillante gestión" para engrosar su fortuna de forma ilícita.