Sin querer dar "titulares". Así se presentó Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este viernes ha aprobado un "novedoso mecanismo de control de pagos" que, en la práctica, supone una intervención de las cuentas de la Generalitat. El titular de Hacienda no quiso llamarlo así, pero, "durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad", será él quien aprobará (o no) los presupuestos catalanes.

Una vez la medida se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Govern de Carles Puigdemont tendrá 48 horas para adoptar el acuerdo de no disponibilidad impuesto desde Moncloa. Es decir, deberá informar al Estado central del estado de todos sus créditos pendientes no relacionados con los servicios básicos, entendidos éstos como las nóminas de los funcionarios y los gastos de sanidad, educación y servicios sociales. El objetivo es no sólo vigilar sino impedir que la Generalitat libere "ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado". A partir de ahora, "todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las de a corto plazo, tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda", explicó Montoro.

Esto es: Catalunya no podrá aprobar, por ejemplo, la construcción de una nueva carretera sin permiso del Gobierno central. Sí podrá, en cambio, terminar una que ya se encuentre empezada si (y sólo si) acredita y certifica debidamente que el dinero presupuestado para ello irá destinado directamente a la carretera y no a "ninguna actividad relacionada con el proceso refrendario". Por ello, también "todas las facturas de proveedores de servicios públicos deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas económicas".

"No estamos sustituyendo competencias autonómicas y sí garantizando que ningún pago de esa Administración [la catalana] va a una actividad ilegal o a actividades compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", se excusó Montoro. Sin embargo, no negó -ni afirmó tampoco- que se trate de una "intervención".

Es más, el acuerdo de no disponibilidad incluye de forma velada un ultimátum. Si en las 48 horas transcurridas desde que la medida entre en vigor, la Generalitat no ha informado al Gobierno de su relación de "gastos comprometidos", el Ejecutivo central cerrará el grifo y los dejará sin financiación alguna. Siguiendo el ejemplo anterior, la carretera que estaba a medias, se quedará a medias.

Pese a todo, ello no afectará a las nóminas, servicios sanitarios, educativos y sociales ya que todos estos pagos sí estarán garantizados. El dinero provendrá del presupuesto de financiación autonómica que ya corresponde a la vomunidad catalana (es decir, ya es dinero catalán liberado por el Ejecutivo central a través del FLA) y que Montoro cifró en unos 1.400 millones al mes.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Complejo de La Moncloa. EFE/Ángel Díaz

"Todo el mundo va a cobrar en plazo", quiso tranquilizar Montoro. El Estado ofrece seguridad ante la incertidumbre que crean determinadas posiciones polítcas porque lo que está en juego es el interés general de todos los catalanes, del conjunto de los españoles, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la defensa de la ley", mitineó después.

En cualquier caso, el titular de Hacienda (que no informó de sus intenciones al resto de formaciones políticas, ni siquiera a los constitucionalistas de PSOE y Ciudadanos) se comprometió a comparecer en el Congreso la próxima semana para explicar todas estas medidas al resto de los grupos. "Es un mecanismo nuevo, un mecanismo especial de liquidez que sirve como respuesta del Gobierno en términos de moderación y prudencia", le restó importancia.

Aunque sí reconoció que se trata de la primera vez que el Ejecutivo central interviene así en las cuentas de una Autonomía. "Estamos aplicando la disposición adicioinal primera de la Ley de estabilidad presupuestaria que faculta al Gobierno a tomar medidas excepcionales. Es una novedad en términos de intervención del Estado que no se había hecho nunca y se hace ahora por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo", se justificó. "¿Y a quién le molesta que le controlen que el gasto público que realiza se atiene a la legalidad? Esto sigue siendo un control de legalidad y hay que preguntarse a quién le molesta. ¿Qué quiere hacer con el presupuesto público que no es capaz de informar del presupuesto empleado, qué está pensando pagar? Lo que intentamos es evitar malas ideas", ironizó después.

No obstante, no quiso echar más leña al fuego y rechazó responder sobre la posibilidad de aplicar más medidas excepcionales en caso de que el Govern de Carles Puigdemont decida no someterse a este nuevo sistema de control de cuentas. "Estamos convencidos de que va a cumplir. Entendemos que estas medidas van a ser eficaces, así que no nos pongamos ya en el siguiente escenario", dijo rebajando el tono.

"Si les contamos los mecanismos novedosos, ya no serían novedosos", espetó en cambio su compañero de mesa, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo. Él prefirió dejar en el aire esa cuestión y la posibilidad de ir más allá de la intervención de las cuentas. Por un lado, resumió el objetivo fundamental de la medida anunciada hoy con el eslogan de Moncloa: "Ni un sólo euro de los presupuestos se destinará a la celebración del referéndum ilegal". Por otro, volvió a admitir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no descarta "nada" ni renuncia "a nada", ni siquiera llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Cartas sin respuesta

Pese a la amenaza velada habitual, el portavoz del Gobierno volvió a mostrarse dispuesto a "dialogar". Eso sí, sobre todo, menos sobre la posibilidad de pactar un referéndum entre la Administración central y la catalana.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. EFE

Méndez de Vigo incidió en que Rajoy no tiene potestad para debatir sobre la "soberanía nacional" y recordó que Puigdemont no quiso acudir al Congreso a explicar sus propuestas. Ello le sirvió de justificación para no responder sobre la carta que desde la Generalitat han enviado tanto al presidente como al rey solicitando un encuentro que pudiera poner fin a la batalla soberanista con diálogo y no con sanciones jurídicas.

Moncloa asegura que Rajoy no ha recibido aún esa carta físicamente, por lo que "es difícil pronunciarse sobre la misma". No obstante tildó de "sarcasmo" que dicha petición de la Generalitat llegue "a estas alturas" y después de los actos de "desobediencia" de sus representantes institucionales. Méndez de Vigo dijo estar dispuesto al "diálogo dentro de la ley", pero todo apunta a que la esperada reunión entre Rajoy y Puigdemont no se producirá.

Advertencia a los funcionarios

Mientras tanto, el EJecutivo central sigue presionando a alcaldes y funcionarios para que no participen en la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre. Aunque Méndez de Vigo quiso desentenderse de las órdenes y opiniones de la Fiscalía o de los jueces ("El Gobierno no impide los actos, son las autoridades judiciales quienes lo hacen", esgrimió), sí advirtió a la alcaldesa de Barcelona tras su acuerdo con Puigdemont para "garantizar" el voto el 1-O. "Cada uno es responsable de sus actos y se estudiará el acuerdo de Ada Colau con la Generalitat para ver qué responsabilidades pueden derivarse del mismo. Cuando hay una vulneración de la ley, o se está con la ley, o se está contra la ley, pero a medias", le criticó.

Montoro por su parte, sí utilizará a la Abogacía General del Estado para denunciar a la interventora de la Generalitat que se encargó de enviar la carta con la que el vicepresidente Oriol Junqueras informaba al Gobierno central de su negativa a que las cuentas catalanas siguieran siendo fiscalizadas semanalmente por el Ministerio de Hacienda.

Aunque el Supremo ya ha dictaminado la obligación de la Generalitat de seguir rindiendo cuentas a la Administración central, Montoro quiere lanzar un mensaje, de paso, a todos los funcionarios que cumplan las órdenes del Govern y no las suyas. "Cualquier funcionario público está obligado a cumplir las órdenes siempre que sean legales", insistió. "Cualquier funcionario público que reciba una orden de un superior a sabiendas de que está cometiendo una ilegalidad tiene que asumir las consecuencias: el cumplimiento de la ley", argumentó en relación a la citada interventora.

Volviendo al referéndum y a la medida aprobada hoy para intentar evitarlo con la intevernción de las cuentas, Montoro zanjó: "Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación pública o privada". "No habrá dinero público de todos los catalanes para financiar algo que sólo interesa a una parte de ellos", siguió Méndez de Vigo. Y concluyó; "No habrá referéndum porque es ilegal".