Madrid.- En plena campaña de transparencia, el Gobierno ha optado por no difundir la información trimestral del 2014 sobre una millonaria cuenta que es donde se ingresan las fianzas, tasas, embargos y multas que diariamente se acuerdan en los juzgados de España.

La última información disponible corresponde al cuarto trimestre de 2013, cuando esta estadística se publicaba de forma trimestral anteriormente como así ocurría en el año 2010.

Este vacío informativo se comprueba en el sitio habitual de acceso a esta información, el Plan Nacional de Estadística Judicial que es accesible desde la web del Consejo General del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia asegura que el CGPJ sólo pide los datos una vez al final de año. De esta manera, para conocer los  datos trimestrales hay que esperar a que venza el año completo y se publique en dicho sitio web.

No existe ninguna otra fuente oficial que facilite los saldos de esta cuenta millonaria. Además, los intereses de esta cuenta no revienten en la administración de Justicia.
​

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo medio de 3.500 millones de euros anuales. Los intereses suponen más de 60 millones de euros, que son ingresados por el Tesoro y no van destinados al ministerio de Justicia a diferencia de lo que ocurría en el pasado.

Los ingresos del año 2013 de esta cuenta alcanzaron un total de 6.925.158.695,08 euros, y las salidas de dinero supusieron 6.569.474.340 euros.

Todo lo que ocurre con esta cuenta es opaco, como también lo ha sido su adjudicación al Banco de Santander anunciada por el Ministerio de Justicia este lunes a través de una escueta nota de prensa.

El Ministerio de Justicia ha optado ahora por adjudicar el contrato al Banco de Santander, en lugar del otro ofertante que era La Caixa.

El Gobierno esgrime razones económicas para primar al Santander, pero la nota de prensa argumenta también que la adjudicación se ha debido a “cuestiones técnicas”.

Todo el software de esta cuenta es propiedad de Justicia, por lo que se desconocen las cuestiones técnicas que aconsejan adjudicar el contrato al Banco de Santander.

La entidad está obligada a entregar el sofware y los ordenadores al Ministerio al término del contrato. Fuentes jurídicas aseguran que no se han entregado los ordenadores, pero en el Ministerio de Justicia desmienten esta información y sostienen que sí se ha recibido todo.

Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia responden a Público 
que el Santander ganó el contrato por su oferta respecto a su plan de implantación de esta cuenta y su propuesta sobre nuevos desarrollos relacionados con la aplicación informática y su interoperabilidad con otras aplicaciones. 

Las mismas fuentes de Justicia aclaran  que la Caixa "gozó de la misma información y oportunidades técnicas que el resto de licitadores", en referencia al otro licitador que era el Banco de Santander. Para ello, agregan, se le facilitó tanto los datos económicos, con los saldos y números de movimientos de la cuenta, como los detalles técnicos, incluido el código fuente comentado, interfaces y manuales.

De Banesto al Santander

En el año 2010, Banesto arrebató al BBVA la jugosa cuenta de los Depósitos y Consignaciones Judiciales. Para ello, presentó una agresiva oferta económica.

Dos años después la entidad fue comprada por el Banco de Santander, que heredó el millonario contrato.

El contrato finalizaba en 2014, aunque era prorrogable por dos años más. Es, además, una vía de entrada de toda entidad financiera entre las miles de personas que trabajan en los juzgados y que son potenciales clientes.

La entidad está obligada a entregar el software y los ordenadores al Gobierno al término del contrato. Así lo establecen los Pliegos de Condiciones Administrativas con el que se adjudicó el contrato a Banesto en el año 2010.

También lo requiere el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, en cuyo artículo 2 se dice expresamente que la entidad bancaria “deberá desarrollar, mantener y poner a disposición del Ministerio de Justicia la aplicación informática descrita en este real decreto, y cuya propiedad será en todo caso del mencionado Ministerio”.