El Gobierno dará un permiso de residencia temporal a los extranjeros en situación irregular que se matriculen en estudios de Formación Profesional (FP) durante el periodo que dure dicha formación. Deberán cumplir una serie de requisitos como son el manejo del castellano y disponer de las habilidades que sean necesarias para realizar la formación.

Así lo contempla un primer borrador del proyecto de real decreto de la Ordenación de Formación Profesional, que desarrolla la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional aprobada hace un año por el Parlamento. El documento aún está en proceso de debate con los diferentes agentes.

Fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional han señalado que este real decreto se ha intentado "incluir a todos los colectivos". Entre ellos, los que tienen más dificultades para la inserción laboral o la formación, como son las personas migrantes que quedan recogidas en dicha ley.

Real decreto de la Ordenación de Formación Profesional

El ministerio ha puntualizado que, "lo que viene es a regular el acceso de los inmigrantes a la Formación Profesional, siempre siguiendo la Ley de Extranjería". Al mismo tiempo ha añadido que el objetivo del proyecto es "abrir la puerta de la FP a la población extranjera y que pueda acceder a esas formaciones".

De este modo, el borrador establece que "las ofertas de formación profesional darán opción a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales" contemplada en el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio. Por estas razón, se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Así, desde el pasado mes de agosto ya está en vigor el llamado "arraigo por formación". Se trata de una autorización de residencia temporal que, por circunstancias excepcionales, se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y hayan permanecido de forma continuada durante dos años. 

De esta forma, se permite la obtención de una autorización para la realización de una FP, supeditando la obtención de la autorización de residencia y trabajo a la superación de ésta. Además de la presentación de un contrato de trabajo.

"Los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que, estando en España, hayan permanecido de forma continuada durante dos años en el país, obtendrán la autorización para la matriculación de una formación de los grados del sistema de formación profesional previstos en el párrafo anterior", indica el borrador del real decreto sobre la FP.

Asimismo, "la autorización de residencia quedará supeditada, en todo caso, a la superación de la formación correspondiente y la presentación de un contrato de trabajo", explica el documento oficial.

Se abre la puerta a que, durante el periodo de formación, las personas migrantes puedan obtener un permiso de residencia. Además, como novedad, se abre la opción del proceso de acreditación de competencias a los extranjeros, algo que antes se dirigía solo a los ciudadanos españoles.

Por la situación del colectivo de extranjeros, las fuentes del Ministerio de Educación han destacado que se piensa en formaciones "más cortas" que les ofrezcan una serie de cualificaciones con el fin de que les permitan acceder al mercado laboral.

Para toda la población

Las fuentes del Ministerio han aclarado que el sistema de formación profesional se dirige "a toda la población", no solo a jóvenes, sino también a trabajadores ocupados y desempleados. 

"El abanico de formaciones va a ser tan amplio que va dirigido a toda la población en función de sus necesidades formativas y de empleabilidad. No establecemos un límite de edad", han subrayado. Después, han añadido que más adelante se desarrollará la forma de articular esta medida.

Por otro lado, por primera vez, los centros de segunda oportunidad podrán trabajar una vez inscritos en el registro autonómico de centros del sistema de formación profesional. Tendrán que estar en el marco del sistema de formación profesional, de forma específica, con jóvenes de 16 a 29 años sin titulación profesional y en desempleo. Se pondrá especial atención a aquellos en situación de abandono escolar o con especiales dificultades formativas.

Podrán establecerse acuerdos entre institutos y centros de segunda oportunidad para la derivación parcial a estos últimos de alumnado que cumpla 15 años en el año natural y se encuentre en serio riesgo de abandono escolar. Estas escuelas podrán ofertar certificados de competencia, certificados profesionales y ciclos formativos de Grado Básico.

Las ONG que trabajan con migrantes estiman que unas 500.000 personas extranjeras residen en España en situación irregular, sin existir cifras oficiales. Aunque fuentes del Ministerio de Educación señalan que aún es pronto para saber a cuántas personas puede beneficiar esta medida.