La gestión que ha hecho el Gobierno tratando de explicar cuál fue el papel del presidente y sus ministros en la filtración de la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato, su detención ante las cámaras y periodistas y puesta en libertad a las pocas horas, amenaza con crear una fractura entre el PP y el Ejecutivo y en el propio seno de éste.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha intentando desvincular por completo al Ejecutivo de Mariano Rajoy de todo el proceso -desde la filtración a la puesta en libertad de Rato antes de que se acabara el registro de su despacho- asegurando que "todos los que tienen una información sujeta al correspondiente deber de sigilo lo tienen que respetar".

En el caso de Rato -y el resto de los más de 715 investigados por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012-, esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos aquellos funcionarios que conozcan los datos. "Me gusta que la ley se respete -ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría-, porque el Gobierno cumple con la ley, la confidencialidad y el respeto a las decisiones judiciales", ha concluido.

Con todo, la portavoz del Gobierno ha admitido que las filtraciones a los medios de comunicación ("receptores") "son habituales", aunque ha insistido en que el Ejecutivo garantiza la "confidencialidad" de los procesos; y la prueba es que ha proporcionado "los datos" y no "los nombres" de las más de 715 personas investigadas por la Agencia Tributaria tras acogerse a la amnistía fiscal y serles detectadas irregularidades fiscales. Sáenz de Santamaría no ha explicado, sin embargo, por qué se conoció el nombre de Rato y ninguno más.

"Injerencias"

La vicepresidenta ha querido ir más allá y preguntada sobre si partió del Gobierno la orden de detención del exvicepresidente y los registros de sus propiedades, la número dos del Ejecutivo aseguró que éste "ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los tribunales, hasta ahí podíamos llegar", remarcó insistiendo en que "la ley se aplica para todos y los gobiernos están para cumplirla y hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias".

La vicepresidenta, pues, aparte de tratar de eximir al presidente y a los ministros de toda responsabilidad en la inédita y confusa puesta en escena del 'caso Rato', no ha aclarado los muchos puntos oscuros que salpican este asunto que afecta a quien ha sido el mayor referente del PP, probablemente, tras Rajoy y José María Aznar. De hecho, por no aclarar, Sáenz de Santamaría ni siquiera sacó de dudas a los periodistas sobre si el jefe del Ejecutivo sabía que el exvicepresidente, excompañero y (ex)amigo iba a ser detenido. La portavoz del Gobierno se limitó a admitir que "no siempre se pueden controlar" las filtraciones que, según insistió una y otra vez, no proceden de la primera línea del Ejecutivo.

Dos minutos y medio

La polémica sobre la intervención de Sáenz de Santamaría el miércoles en el Congreso, pronunciando el denostado concepto de "amnistía fiscal" para responder a una pregunta del PSOE, también surgió en la rueda de prensa de hoy en La Moncloa. La vicepresidenta -que en ningún momento admitió haberse equivocado- aseguró que lo que ella intenta cuando responde a los grupos de la oposición "en dos minutos y medio", es que se le entienda. Y, según ella, lo que trataba de explicar sobre este proceso de 2012 es que, "llamémosle como le llamemos, ni se perdonan delitos ni se condona toda la deuda tributaria pendiente".

En comparación -se defendió en una detallada explicación-, la amnistía fiscal de los años 90 (una de las dos llevadas a cabo por el PSOE), se hizo de forma "oscura", mediante la compra de deuda pública, perdonando posibles delitos sobre el origen del dinero al no investigarlo y, encima, con el "pago por parte del Estado de los intereses" de la deuda adquirida. La amnistía, explicó, es el "olvido legal de los delitos", cosa que el Gobierno de Rajoy no ha hecho, según su número dos.