El Gobierno ha aprobado este martes 23 de abril en el Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito.

Este plan para indemnizar a las víctimas fue una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en octubre sobre los abusos en la Iglesia. La medida estará vigente entre 2024 y 2027.

En la rueda de prensa posterior el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido de esta iniciativa para reparar a las víctimas que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas y a las que nadie prestó atención".

El Gobierno contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este sentido, Bolaños ha explicado que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE). 

"Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar", ha dicho Bolaños, que el pasado jueves mantuvo una reunión con el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal (CEE). "Me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia", ha añadido.

El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas. "Son cifras muy altas que nos deberían impactar", ha señalado Bolaños. 

Gabilondo proponía en su informe la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Con ese ánimo, el Gobierno quiere "salvar la deuda" con las víctimas y ha presentado su plan con cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

Entre las recomendaciones del Defensor, el plan también asume la celebración de un acto público con las víctimas de abusos sexuales y con sus familiares, que supondrá una reparación simbólica. 

Una reparación que debe venir acompañada de una reparación material "adecuada" y "suficiente" y, para ello, el Gobierno adoptará las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, bien por ser casos muy antiguos, bien por estar prescritos o bien porque no existen pruebas.

Así, se contemplan medidas como ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y se reforzará el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

En cuanto a la atención integral a las víctimas, Bolaños ha destacado que se incidirá en un trato adecuado en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y se procurarán entornos seguros para no revictimizar a los afectados en los procedimientos judiciales.

La iglesia, dispuesta a colaborar con condiciones

El Gobierno quiere sacar adelante este plan con la colaboración de la Iglesia católica. "Nuestra idea es hacerlo de la mano con la Iglesia Católica. Ya hemos iniciado conversaciones, la semana pasada tuve ocasión de reunirme con el nuevo presidente de la Conferencia E
Episcopal y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia Católica en la reparación de estos abusos sexuales cometidos en su ámbito", ha subrayado Bolaños.

Los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si hay sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido.

Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, la Conferencia Episcopal ya señaló en su día que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia. En este sentido, la Conferencia Episcopal Española ha respondido este martes lo mismo: que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales". Algo que el Gobierno dispuesto a aceptar.