El Gobierno ha vuelto a aprobar este martes la ley de familias que en la pasada legislatura decayó porque el adelanto electoral del 23J impidió que se tramitara en el Congreso de los Diputados. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llevado al Consejo de Ministros el mismo texto que el equipo de Ione Belarra aprobó en 2023.

El objetivo, según explican fuentes de este departamento, es agilizar los trámites para que la norma pueda estar en vigor lo antes posible. El hecho de que la ley no haya variado permite que no tenga que volver a pasar por el denominado trámite de consultas, por lo que, tras darle el visto bueno el Consejo de Ministros este martes, pasará directamente a la Cámara Baja.

La intención de Derechos Sociales es que la ley de familias se admita a trámite por el procedimiento de urgencia, lo que acorta todos los plazos de su paso por el Parlamento; si las previsiones se cumplen, la norma podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado incluso antes del verano, aunque dependerá de las negociaciones y del consenso que logre entre los grupos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Bustinduy ha agradecido el trabajo de Belarra y de Nacho Álvarez (ex secretario de Estado de Derechos Sociales) en la ley de familias; también ha defendido el ministro otra norma aprobada este martes, la denominada ley de servicios de atención a la clientela, por la que ha dado las gracias al ex secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero.

"La política social ha sufrido tradicionalmente un déficit estructural en España, de un punto porcentual, agravado por los recortes de la década pasada. Esto afecta especialmente a las mujeres", ha recordado el titular de Derechos Sociales, que ha calificado estas dos normas de "hitos" en los derechos sociales.

Aunque se trata prácticamente del mismo texto que redactó el equipo de Belarra, sí que hay algunos cambios motivados por el hecho de que una parte de los permisos recogidos en la norma se aprobaron por real decreto-ley en junio del pasado año, por lo que, una vez validados, ya no forman parte de la ley de familias (el permiso de cuidados de cinco días al año y el permiso "por causa de fuerza mayor" de hasta cuatro días al año, ambos retribuidos; y el permiso parental de ocho semanas, no retribuido).

En el decreto de junio también se aprobó el derecho de las parejas de hecho a disfrutar de 15 días de permiso por registro, como ya sucede con los matrimonios, por lo que también se ha sacado esta medida de la ley. La aprobación de la norma dará lugar a la creación de un registro estatal de parejas de hecho que se nutrirá de los datos de los registros autonómicos existentes.

Familias monomarentales y familias numerosas

El resto del texto es el mismo que el aprobado en la pasada legislatura, con el reconocimiento de los distintos supuestos y situaciones familiares que actualmente no se reconocen y no están lo suficientemente protegidos (con especial incidencia en el caso de las familias monomarentales) y el refuerzo de la protección de las familias numerosas.

En este sentido, la norma recoge la creación del título de familia monomarental, que será expedido por cada comunidad autónoma (aunque tendrá validez en todo el Estado sin necesidad de realizar ningún trámite adicional), y se podrá conceder desde el primer hijo. Este título será compatible con el de familia numerosa, pero los beneficios de ambos no serán acumulables.

La ley, además, extiende la condición de familia numerosa a las familias monomarentales con dos hijos; a las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; y a las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.

En el caso de las familias numerosas, si hay una separación con custodia compartida de menores, ambos progenitores mantendrán el título de numerosa (en la actualidad, en casos de separación con custodia compartida sólo uno de los progenitores conserva la condición de familia numerosa y sus beneficios).

La norma también incluye una mejora del fondo de garantía de alimentos (el que asegura el pago de alimentos en caso de impago de uno de los progenitores); además, se elevan los umbrales de renta para que más personas que tienen un régimen de pensión de alimentos puedan estar cubiertas por este fondo. Desde Derechos Sociales destacan esta medida como clave en la lucha contra la pobreza infantil (muchas de las situaciones de impago se producen en familias con pocos recursos).

Dos vías para ampliar los permisos de cuidados

Fuentes del departamento dirigido por Bustinduy trasladan que su intención es la de ampliar más permisos de conciliación y cuidados en el trámite parlamentario de la ley, introduciendo enmiendas negociadas y pactadas previamente con los grupos parlamentarios.

En la actualidad Sumar negocia con el PSOE la ampliación de varios permisos en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (que ya están incluidos en el acuerdo de coalición que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron a finales del pasado año). En concreto, la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso parental, y la remuneración de cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados aprobado en junio del pasado año.

El objetivo de Sumar es el de mantener abiertas estas dos vías para garantizarse la ampliación de los permisos (tanto la negociación presupuestaria como la tramitación de la ley de familias). Lo pactado vía Presupuestos entrará en vigor cuando el Parlamento valide unas nuevas cuentas, mientras que las medidas incluidas en el trámite parlamentario de la ley de familias se desplegarán cuando la norma entre en vigor.

El impacto presupuestario estimado de la ley en su redacción actual es de 1.200 millones de euros, una cuantía que subiría de manera notable si durante su tramitación se incorpora la ampliación de algunos de los permisos que en la actualidad negocian el PSOE y Sumar.