La Generalitat pide un total de doce años de cárcel para cuatro huelguistas del 29-M

BARCELONA.- Han pasado más de mil días desde la huelga general de 29 de marzo de 2012, pero continúan las consecuencias jurídicas de la espiral represiva que desató la protesta, con más de cien detenidos sólo en Barcelona. El lunes, cuatro vecinos del barrio del Poblenou de la capital catalana afrontarán un juicio en el que tanto la fiscalía como la Generalitat de Catalunya, que ejerce de acusación particular, piden condenas de prisión. Se enfrentan a los cargos de daños, desórdenes públicos y riesgos para la circulación y mientras el ministerio fiscal solicita tres años y medio de condena para cada uno de ellos, el ejecutivo autonómico mantiene una demanda de tres años por cabeza.

El caso generó un fuerte movimiento de apoyo a los imputados que culminó el viernes con la celebración de una jornada de solidaridad en el centro cívico Can Felipa, a la que acudieron unas 80 personas. Entre los asistentes había los diputados electos Lluís Rabell, cabeza de lista de Catalunya Sí Que es Pot el 27-S, y Gabriela Serra, de la CUP. Durante la campaña electoral, Rabell pidió en numerosos mitines la retirada de la acusación por parte de la Generalitat. El grupo de apoyo ha logrado la adhesión a la campaña, que pide la absolución de los acusados, de numerosas organizaciones del distrito, como la Coordinadora d'Entitats del Poblenou, el Ateneu Flor de Maig o la asociación de vecinos y, entre otras acciones, se ha encargado de leer un comunicado durante el pregón de las dos últimos fiestas mayores del Poblenou.

A pesar de las numerosas peticiones, el gobierno de Mas se ha negado a retirar la acusación, algo que sí hizo hace unas semanas el Ayuntamiento de Barcelona

A pesar de las numerosas peticiones, el gobierno de Artur Mas —ahora en funciones— se ha negado a retirar la acusación particular, algo que sí hizo hace unas semanas el Ayuntamiento de Barcelona. El gobierno de Xavier Trias solicitaba una pena de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los encausados, pero el Ejecutivo de Ada Colau ha virado radicalmente la política del consistorio en este ámbito y con éste ya se ha retirado como acusación particular en tres casos de huelguistas del 29M. Los otros dos ya han sido juzgados y acabaron con la absolución de los imputados. El argumento es que el ayuntamiento “no quiere penalizar las reivindicaciones sociales” y que tiene como prioridad garantizar la cohesión social en una situación como la actual, marcada por la “crisis económica” y por un “gran descontento”.

Los hechos sucedieron durante la mañana de la jornada de huelga general. Las aproximadamente 300 personas que conformaban el comité de huelga —integrado fundamentalmente por activistas de los movimientos sociales— recorrieron las calles del Poblenou ejerciendo de piquete y cortando el tráfico de coches. Al llegar a la avenida Diagonal, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra empezaron a cargar contra los manifestantes, en una operación que se saldó con tres detenidos y cinco personas identificadas, una de las cuales es la cuarta que se enfrenta a una petición de cárcel.

Las versiones de lo sucedido difieren completamente. Según la fiscalía, los acusados cruzaron contenedores en calle, logrando interrumpir el tráfico, arrojaron uno de los contenedores contra un supermercado Mercadona y “pintaron la fachada y pusieron silicona” en una sucursal de Caixabank. Pero los encausados niegan todos los hechos y la defensa pide su absolución. Andrés García Berrio, el abogado defensor, aprovechó el acto celebrado en el centro cívico Can Felipa para denunciar “que hay una serie de pruebas que no se han puesto encima de la mesa” y a las que no han podido tener acceso.

El abogado se queda con el papel del “tejido comunitario del barrio” que “ha estado presente” para apoyar a los cuatro vecinos

En concreto, subrayó que los Mossos d'Esquadra no les han facilitado las imágenes captadas por las cámaras de la sucursal bancaria de Caixabank, “con el argumento de que no han aparecido, a pesar de que por ley las entidades las tienen que conservar durante cuatro meses”. García Berrio se quejó también de la “presunción de veracidad” que tiene la policía, lo que permite acusar “sin la necesidad de demostrar” unos hechos que, insiste, no están probados. De todo el caso, el abogado se queda con el papel del “tejido comunitario del barrio” que “ha estado presente” a la hora de apoyar a los cuatro vecinos.

En el acto de solidaridad participaron, entre otros, Enric Pubill, presidente de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme; August Gil Matamala, abogado que ejerció ante el Tribunal de Orden Público durante la dictadura; la activista -y ahora diputada de la CUP- Gabriela Serra; y Montse Milà, extrabajadora de la fábrica la Maquinista que fue detenida en la huelga del 1971. Pubill, a sus 85 años, recordó las condiciones deplorables que sufrió durante sus 11 años de prisión, pero animó a no claudicar: “La represión no para la historia, ni ahora ni nunca. Nosotros sufrimos una represión muy intensa, pero la lucha continuó”.