La escena ha quedado nítida en la memoria de Loli. Aunque hayan pasado cuarenta años. Nunca olvidará. No puede. “¿Dónde está Manuel? La Policía ha venido a casa y le decían a mi padre que había tenido un accidente”. Loli García Caparrós tenía solo doce años aquel trágico 4 de diciembre. Su hermano mayor, Manuel José, no había muerto en ningún accidente de tráfico. Una bala de 9 milímetros le había atravesado el cuerpo en la manifestación por la autonomía andaluza, que se había celebrado aquella misma mañana. El disparo de varios agentes de la Policía Armada habían terminado con su vida en menos de dos horas.

Aquella manifestación se había teñido de negro en unos segundos. Una marcha histórica con un crimen no resuelto. Manuel José García Caparrós fue el único fallecido en la manifestación donde se echaron a la calle más de doscientas mil personas. Tenía solo dieciocho años.

A Loli le cambió para siempre la vida. “Nunca más logramos tener un recuerdo alegre de mi padres”, apunta la mediana de las hermanas Caparrós a Público. La cara de su padre Manuel. La muerte repentina de su madre Carmen dos años más tarde del asesinato de su hermano, que a finales de aquel año cumpliría 19 años. “El crimen cometido con mi hermano hundió para siempre a mi familia. Mi padre envejeció en aquel mismo instante. Mi madre de la impresión le salió un bulto en el pecho. En menos de dos años ya había fallecido con 45 años. Mi padre tardó solo cuatro años más”.

Los restos de Caparrós en el jardín del Recuerdo

El pasado martes, Loli acudió junto a sus hermanas y la concejala de Izquierda Unida Remedios Ramos a la incineración de los restos de Manuel, Carmen y Manuel José. “Sus cenizas se trasladarán el lunes al Jardín del Recuerdo del cementerio de Málaga, donde serán enterrados bajo un árbol centenario”, afirma Loli. Los restos óseos del joven ya fueron exhumados el pasado martes en una ceremonia íntima en la que participaron familiares y allegados. Remedios Ramos, concejala de IU en el Ayuntamiento de Málaga ha insistido a Público en la necesidad de “dignificar la imagen de este joven que murió sin ser recordado por los políticos demasiados años”.

Cabecera de la manifestación por la autonomía andaluza en la que fue asesinado José Luis García Caparrós.

Torres había elevado hace pocos días a la comisión de cultura del consistorio la propuesta de cambiar la avenida Carlos Haya, aviador franquista que participó en más de cien bombardeos por la avenida 4 de diciembre de 1977. “No hemos conseguido que el Partido Popular asuma la propuesta y junto a Ciudadanos nos han tumbado la idea”, aunque aclara que los restos de la exhumación de Caparrós y sus padres sí que han sido sufragados íntegramente por el ayuntamiento del PP y su alcalde Francisco de la Torre. Remedios señala que no será el único acto que recuerde el asesinato del joven sindicalista. “Este mismo lunes se instalará una placa nueva en la esquina entre la Alameda de Colón y el puente de Tetuán, donde recibió el disparo”. La actual inscripción tiene mal escrito el nombre de Caparrós.

Una manifestación histórica. Un solo crimen. Un ‘mártir’ para la autonomía

De las miles de víctimas con crímenes no resueltos en plena Transición democrática, el asesinato de Caparrós puede ser uno de los más discutidos en la historiografía reciente. La investigadora y secretaria judicial Rosa Burgos recuerda a Público el contexto de aquellos días. “Manuel José García Caparrós va, el 4 de diciembre del 77 a una manifestación que discurre pacíficamente hasta que llega a la Diputación. Después hay golpes, carreras, provocaciones, detenciones, lesionados, un herido por bala, Miguel Jiménez Ruiz, y un muerto, el propio Manuel José. Durante los dos días siguientes prosiguen los golpes, las carreras, los incendios y hay, incluso, malos tratos dentro en el cuartel de la Policía Armada”.

Las horas posteriores han sido analizadas por investigadores y testigos de aquellos días. Carlos Carmona encontró al joven en medio de la estampida cuando la bandera andaluza es colocada en en la Diputación. Ya herido, lo subió al coche para llevarlo al hospital civil. Muere antes de llegar. Su padre Manuel llega hundido, sin articular palabra a las puertas del hospital, donde le habían informado de un accidente que sabía que no era real. “No le dejaban ver el cuerpo. Tuvo que insistir mucho para poder verle la cara a mi hermano y reconocerlo”, apunta Loli. El padre de Manuel José recoge la ropa ensangrentada. Una prueba irrefutable que esconde el detalle del orificio de bala y revela la distancia a la que se pudo realizar el disparo. La entrega de esta prueba a la familia borraría pruebas de un crimen que quería ser olvidado.

Cabecera de la manifestación por la autonomía andaluza en la que fue asesinado José Luis García Caparrós.

Rosa Burgos inició la investigación de las pruebas en 2005 en los sótanos del Congreso y el Archivo Histórico provincial. “A los pocos días, se incoa un sumario por su muerte, se inicia una investigación gubernativa para identificar a los responsables. También se inicia por la Jurisdicción Militar un procedimiento para esclarecer los ultrajes a la bandera española y para investigar las lesiones e injurias a los miembros de la Policía Armada, y se crea un Comisión dentro del Congreso para analizar los sucesos ocurridos en Málaga durante esos tres días” apunta la investigadora.

Los mismos papeles de los que habla Rosa, son parte de la conocida comisión de encuesta que hoy se encuentra paralizada ante la luz pública por ser materia reservada. Burgos sí pudo acceder al sumario y a la comisión hace una década. “En 2005 accedí a los archivos históricos para conocer a fondo el caso. Cuando he llamado en estas semanas al Congreso me decían que ahora son otros tiempos y me parece imperdonable que la familia no pueda ver esa documentación”.

Cuarenta años después de los hechos, ninguna investigación judicial finalizó con un resultado positivo. Nadie es responsable de la muerte de Caparrós. A pesar de que durante años atrás se escribieron cientos de crónicas y miles de indicios. El crimen sigue sin resolverse a día de hoy.

Autorización a la Junta para el acceso a la documentación “secreta”

Sin embargo, en vísperas del 40 aniversario parece que no todos son malas noticias. Una solicitud formal de acceso a la documentación del Congreso ha sido notificada a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, acudirá al Congreso de los Diputados de la mano de un jurista para ver las actas de la comisión que investigó el asesinato de García Caparrós. El objetivo, estudiar “posibles acciones jurídicas que permitan levantar el secreto” que pesa sobre las mismas.

Las Cortes autorizarán a la Junta de Andalucía a revisar el expediente que se abrió en su día y que aún esconde muchas incógnitas, como por qué se cerró la investigación, sin señalar a ningún responsable.

Díaz quiere abordar este asunto con el mayor peso político y ha decidido enviar a su número dos, Jiménez Barrios, que desde la última crisis de Gobierno también ostenta las competencias en materia de Memoria Histórica.

El indicio de un “posible autor” del asesinato

Rosa Burgos relata, como principal investigadora del caso, que su nuevo libro aporta el sumario íntegro 161/1977 que se abrió en el juzgado de Málaga sobre el Homicidio de Manuel José García Caparrós y otro delitos. Burgos destaca a Público que las iniciales del posible autor, “M.P.R ya fueron reveladas en su anterior investigación”, publicada en el año 2007.

Rosa da con las señas de este agente con un cruce de datos y conjeturas. El informe de balística del Ministerio del Interior concluye que el arma de M.P.R, “puede haber disparado la bala ‘dubitada’, la extraída del cuerpo de García Caparrós”.

Loli García Caparrós señala que “muchos son los rumores que le han llegado sobre este joven policía. “Me han contado tantas cosas… pero cuando me dijeron que hace cuatro años había fallecido ya supimos que nunca no nos iba a pedir perdón a la familia por tantos años de sufrimiento”.

La clave, el informe balístico

El informe de balística ha sido uno de las pruebas que con mayor relevancia han destapado los indicios. “Hubo cinco primeros informes de balística donde dos agentes fueron interrogados sobre el asunto”. La pistola de la que presuntamente salió el proyectil que mató a García Caparrós, perteneciente al cabo M.P.R, fallecido hace unos años, “fue dada de baja poco después, en enero de 1979, algo inusual ya que funcionaba perfectamente, según subraya el informe de la investigación”.

Otro dato curioso es que el último informe balístico sobre Caparrós se cierra seis años después del asesinato. Ya en 1983. “Las balas habían sido limpiadas con acetona, la ropa en posesión del padre había sido destruida. Había muchas pruebas que faltaban”, añade Rosa.

Portada de documentos oficiales del Congreso sobre el asesinato de Caparrós.

El documento oficial apunta que la pistola era “marca Star”. Modelo ‘S’. Su posible autor, “el policía M.P.R dispararía una bala blindada de nueve milímetros hacia el cuerpo de Manuel José García Caparrós”. En aquel momento, las autoridades judiciales pedirían un informe detallado por los “indicios” aparecidos. Nunca se llevó a cabo esta investigación clave.

Burgos destaca a Público que el citado agente tampoco “acudió al primer interrogatorio alegando enfermedad”. Más tarde tendría que presentarse. Y modificó la versión de los hechos. “Afirmó que no había efectuado ningún disparo en la manifestación”. Otro compañeros testificaron que “M.P.R realizó varios disparos”.

Una comisión de la verdad

Luis Ocaña, abogado de las hermanas Caparrós reclama a Público que “el sumario estuvo años paralizado y viajando de Málaga, a Madrid, a Granada y de vuelta a la capital”. La jurisdicción militar que llevaba los expedientes disciplinarios de la Policía Armada, “casi una treintena, ocultó parte de los datos a la jurisdicción ordinaria” que comenzaba a implantarse al inicio de la democracia.

Sobre la posible autoría del “cabo M.P.R”, Ocaña señala que su fallecimiento hace cuatro año “lo extinguiría de la causa penal”, si se confirmara la supuesta culpabilidad. Además afirma “el procedimiento parece cerrado y no hay pretensión de que la autoría se pueda corroborar cuarenta años después de los hechos”.

La familia García Caparrós pide la apertura de una comisión e la verdad, que analice la documentación oficial, a la que finalmente tendrá acceso la Junta. Loli no pide ya culpables. Tampoco sus hermanas Puri y Paqui. Solo conocer quién fue “este agente que no quiso pedir disculpas. Y tuvo que vivir con eso todo su vida. Iría a su familia a decirle lo mal que lo hemos pasado, cómo terminó aquella tragedia que nos dura hasta hoy”.