Artículo 155Furor recentralizador en el PP: varios cargos amenazan con el 155 en media España

¿Lo que empezó por la reforma del 135 y siguió con la movilización del 15(M) terminará con la aplicación del 155? Quizás. O no. Quién sabe. Aunque comienza a haber claros indicios de que las tesis recentralizadoras y jacobinas ganan peso en un PP cuyos dirigentes ya dibujan paralelismos con el independentismo catalán en el norte y el centro de España.

"Estas declaraciones buscan un cierre de filas ante lo que está pasando en Catalunya, pretenden dar a entender que esto va en serio", explica el politólogo y editor de la revista Viento Sur, Jaime Pastor, que, aunque duda de que respondan a una consigna de partido, las considera "una llamada de atención a las comunidades autónomas" y, al mismo tiempo, un intento de imponer "que no puede haber una tercera vía entre la recentralización y el independentismo, que se está con la aplicación del 155 o con los independentistas. Hay una beligerancia autoritaria contra las formaciones que cuestionan el marco de la Constitución".

Para la politóloga y profesora de la universidad de Zaragoza, Cristina Monge, por el contrario, sí "hay una consigna clara del PP con el 155. No creo que a la gente se le caliente la boca o lance mensajes de este tipo fruto de la inmediatez", anota. "Debajo, en realidad, puede haber otra cosa –señala-, como que podamos estar llegando el tramo final de esa segunda transición que comenzó con la reforma del artículo 135 de la Constitución y con el 15-M".

"Puede ser que alguien tenga la tentación de aprovechar la coyuntura para revisar el Estado democrático en sentido centralista", apunta el politólogo de la universidad de Girona Quim Brugé, que advierte del riesgo de "ir más allá del 155 y de situarnos en un movimiento pendular entre posiciones muy opuestas".

Gritos, desafío, infamia

"Resulta sorprendente –añade- que ahora salga gente proponiendo el 155 cuando no se había aplicado en 40 años”. Cuatro décadas en las que Euskadi tramitó el Plan Ibarretxe tras haberse saltado las reglas tributarias con las ‘vacaciones fiscales’, en las que Aragón y Catalunya pusieron trabas legales a los planes trasvasistas de José María Aznar y Jaume Matas, en las que Canarias forzó la tensión al negarse a aplicar la reducción arancelaria a las mercancías comunitarias, en las que Valencia llegó a falsear los datos oficiales sobre su déficit durante más de una década y en las que la corrupción afloró en la práctica totalidad de las administraciones autonómicas.

Sin embargo, en menos de una semana, tres dirigentes conservadores han trazado, con una dureza dialéctica rayana en la hipérbole, paralelismos entre la situación de Catalunya y la de tres comunidades autónomas que no gobierna su partido.

Tres dirigentes del PP comparan la situación de Catalunya con las tres comunidades que no gobierna su partido

Emiliano "García-Page [presidente de la Junta de Castilla-La Mancha] está pidiendo a gritos el artículo 155 para que sea el Estado el que enmiende la labor del Gobierno que forman el PSOE y Podemos", dijo el miércoles José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en esa comunidad.

Cuatro días después, el exministro Alfonso Alonso aseguraba que Euskadi corre el riesgo de llegar a "la misma situación, y por lo tanto al mismo desafío y al mismo peligro que se está sufriendo en Catalunya" por la combinación de cuatro ingredientes: "nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que aún están en la justificación de posiciones violentas, populistas de Podemos que son la tercera fuerza y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca".

Por último, este lunes, los conservadores navarros difundían unas declaraciones en las que su presidenta, Ana Beltrán, sostenía que "la actuación del Govern en Catalunya se puede extrapolar a Navarra" ya que "ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a una mayoría no nacionalista", mientras mantenía que "hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta [Uxue] Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco". Antes, tachaba de "infamia (…) que va contra el interés de España" la declaración en la que el parlamento foral calificaba de "inaceptable e inadmisible" la aplicación del 155 en Catalunya.

El cierre de una transición

Parece claro que la activación del artículo 155 de la Constitución en la crisis con Catalunya, con unas duras medidas que, salvo sorpresa o pacto, el Senado avalará este viernes y el Gobierno aplicará a partir del sábado, ha animado a algunos dirigentes conservadores a pedir su extensión a otros territorios gobernados por partidos nacionalistas o de izquierdas.

Monge: "Suspender la autonomía de una comunidad ante un desafío político supone darle la vuelta al sistema democrático"

"Se está desvelando que se quiere utilizar la interpretación más recentralizadora de la Constitución para decir ‘hasta aquí hemos llegado’ con el Estado autonómico", indica Pastor, que recuerda cómo las instituciones españolas ya respondieron en el pasado con medidas involucionistas para el desarrollo de las autonomías a otros episodios críticos, caso de la aprobación de la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, transformada en la LPA que ralentizó el traspaso de competencias a las comunidades tras la cadena de ‘ruido de sables’ que desembocó en el fallido golpe de Estado del 23-F.

Coincide con Monge, para quien "suspender la autonomía de una comunidad ante un desafío político supone darle la vuelta al sistema democrático". La aplicación del 155, anota, "supone el cierre de una transición en la que la derecha se quedó con la percepción de que había cedido mucho en términos políticos, y ahora quiere recuperarlo". "Y a partir de ahora ya hay un precedente de la aplicación del artículo 155", recuerda.

40 años de AP y su apoyo a medias a la Constitución

"Más allá del contenido jurídico del artículo 155, que resulta difícil de interpretar, sí parece que junto a unas manifestaciones de carácter independentista aparece el polo opuesto, el de la recentralización", añade, en la misma línea, Brugué.

"Lo que está en tensión con el debate en torno al artículo 155 es qué entendemos por el Estado de las autonomías", señala el consultor político y politólogo de la universidad Pompeu Fabra Nacho Corredor, quien recuerda que "Alianza Popular (AP) no votó a favor de la Constitución, y esto puede venir de aquello".

De hecho, llama la atención el hecho de que el PP esté conmemorando como suyo, en plena crisis catalana, el 40ª aniversario de una fundación que, en realidad, fue la de AP, partido creado por siete exministros de Franco (Manuel Fraga, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora, Enrique Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Cruz Martínez Esteruelas) y la mitad de cuyo grupo parlamentario (tres votos en contra y cinco abstenciones de 16 diputados) no apoyó la Constitución, aunque finalmente, entre tensiones que amenazaban su ruptura, recomendó el voto favorable en el referéndum "como acatamiento a una norma fundamental que promueve la convivencia entre todos los españoles".

Los riesgos de agravar la fractura

Pastor, por otro lado, considera que la aplicación del artículo 155, en el que el PP cuenta con el apoyo de PSOE y C’s, no va a servir para solucionar el conflicto. "La inestabilidad política -explica- va a seguir, e incluso va a empeorar, y va a afectar a la economía si no se busca una solución democrática. Pase lo que pase, la fractura territorial va a seguir existiendo, con el riesgo de agravarla, en Catalunya y en otros territorios, en función de qué soluciones se apliquen".

Las medidas "están más cerca del artículo 116 que regula los estados de alarma, excepción y sitio"

Para este experto, "el nacionalismo español no ha sabido reconocer la diversidad de España, y ahora opta por un nacionalconstitucionalismo militante, en el que interpreta restrictivamente un marco estrecho y amenaza al independentismo y a los partidos que buscan una tercera vía, como Unidos Podemos".

En su opinión, las medidas que va a tramitar el Senado, que incluyen la destitución del Govern y limitar el funcionamiento del Parlament, "están más cerca del artículo 116, el que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que del 155”, en una posición del ejecutivo que “para muchos expertos en derecho supone salirse del marco constitucional”.

Litigios competenciales de calado político

En cualquier caso, los choques jurídicos del Gobierno central con varios de los ejecutivos autonómicos del PSOE que desbancaron al PP con el apoyo de Podemos, IU y otras fuerzas ha sido una constante a lo largo de esta legislatura, en la que decenas de litigios han llegado a un Tribunal Constitucional al que, no obstante, los conflictos entre La Moncloa y Catalunya le generan el grueso de los pleitos del ámbito competencial.

El Constitucional no ha admitido a trámite en lo que va de año nuevos recursos del Gobierno central contra normas de ninguna comunidad autónoma que no sea Catalunya. No obstante, sus magistrados han decidido mantener, siempre a petición de la Abogacía del Estado, la suspensión de las leyes vascas que regulan la reparación a las víctimas de abusos policiales y los clubes de fumadores de cannabis, la aragonesa que veta los desahucios sin techo alternativo y, en el único pleito con una comunidad gobernada por el PP, la murciana que intenta dar facilidades para el autoconsumo eléctrico.

Se trata, en todos los casos, de litigios de contenido más político, y contrario a las posiciones de La Moncloa, que meramente competencial.

Los gobiernos del cambio

Eso ya ocurría en la anterior legislatura, en la que, tras el inicio de la legislatura autonómica, recurrió (y suspendió al menos por cinco meses mediante una prerrogativa presidencial) el decreto de emergencia de Aragón, el valenciano que regula la atención sanitaria a los 'sinpapeles', la ley castellanomanchega que reducía a 35 horas la jornada semanal de los funcionarios, la navarra que equipara a las víctimas de la ¡guerra sucia’ y la ultraderecha con las del terrorismo y las dos vascas que aumentan las exigencias para extraer hidrocarburos mediante ‘fracking’ y que contemplan la expropiación temporal de casas a la banca.

Es decir, que el Gobierno central mantiene el grueso de los pleitos que no van contra la Generalitat o el Parlament contra los ejecutivos de las comunidades cuyo control le arrebató hace dos años el PSOE.

No obstante, en los primeros meses de la actual legislatura autonómica sí recurrió cuatro normas de comunidades que gobernaba el PP: la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, la balear que eleva las exigencias para abrir grandes superficies comerciales, la navarra de policías locales y, además de la murciana sobre el autoconsumo eléctrico, la gallega que regulaba la comprobación de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.