Jornada laboral de 35 horasAndalucía no obligará a sus funcionarios a fichar por el plus de jornada impuesto por el Constitucional

El Consejo de Gobierno aprueba este martes un decreto de urgencia para regular la reasignación horaria de los 250.000 funcionarios andaluces, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya echado por tierra la jornada semanal de 35 horas, vigente desde el pasado 1 de enero. La fórmula, pactada este lunes con los sindicatos de la función pública (UGT, CCOO y CSIF), computa dos horas y media más de estudio, preparación de tareas o formación en casa como “jornada no presencial”. El cómputo total de la jornada de trabajo vuelve a ser de 37,5 horas semanales, aunque la Junta, a petición de los sindicatos, ha renunciado a introducir en la norma mecanismos de “control horario” para garantizar que sus funcionarios “trabajan” esas dos horas y media de más desde casa.

Andalucía no obligará a sus empleados públicos a “fichar” desde casa por ese aumento de la jornada impuesto por la sentencia del TC. “No habrá relojes de control, pero sí confiamos en el compromiso de los trabajadores y en la presencia de personal que esté pendiente de su equipo cuando está fuera de la oficina”, dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Los funcionarios dedicarán ese diferencial horario -media hora de más al día- sobre todo a la formación continua dentro de sus especialidades (sanidad, educación, gestión administrativa…), para lo cual, Hacienda sí prevé introducir “un cambio de paradigma en las plataformas digitales de la Junta que permiten una formación personalizada y a la carta”.

Este servicio sí permitiría el control telemático de esas dos horas y media de trabajo en casa, aunque la consejería insiste en que los funcionarios van a naturalizar más fácilmente su nuevo horario incorporando el periodo de formación a su dinámica diaria. “Muchos ya lo vienen haciendo, sobre todo el personal docente, pero hasta ahora no computaba en el marco de la jornada laboral, y ahora sí lo hará para cumplir de forma religiosa el fallo del TC”, dice Montero.

El acuerdo sindical con rango de decreto que aprueba este martes el Consejo de Gobierno dice explícitamente que tiene carácter “transitorio”, puesto que tanto la Junta como los sindicatos confían en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reponga el horario de 35 horas en toda España, o que suprima la jornada mínima de 37,5 horas aprobada en un Real Decreto en 2012, en plena crisis, con objeto de contener el gasto público. En esa norma es en la que se sustenta el fallo del Constitucional.

La fórmula que ha elegido la Junta para sortear el veto de los jueces minimiza el impacto de la sentencia: por un lado, no tendrá que alterar la planificación de las plantillas de colegios, hospitales y otros ámbitos de la administración cuyos profesionales vienen funcionando desde principios de año con un horario de 35 horas a la semana; y por otro, no tendrá que prescindir de los 7.000 empleados públicos que contrató gracias al excedente de horas que se consiguió al reducir la jornada laboral de 37,5 horas, impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para amortiguar el gasto público.

Más conciliación laboral

La Junta, además, se felicita porque la medida “permitirá la mejor conciliación entre la vida familiar y laboral para los más de 250.000 funcionarios andaluces, la mayoría de ellos mujeres”. UGT, CCOO y CSIF reconocen haber batallado durante años con la Consejería de Hacienda para lograr que ésta computase el tiempo que los funcionarios dedican a formarse en casa como jornada laboral, “y siempre se habían negado”. El artículo 14 del Estatuto Básico del empleado público reconoce la formación continua y la actualización de los conocimientos “preferentemente en horario laboral”, pero la Junta admite que siempre se denegó “por el coste económico”. “Las administraciones somos conservadoras a la hora de computar las horas de formación como jornada de trabajo por el coste que suponen”, dice Montero. La paradoja es que ha sido el recurso del Gobierno de Rajoy y la sentencia del Constitucional contra la jornada de 35 horas lo que ha convencido al Ejecutivo andaluz del PSOE a asumir una “aspiración histórica de los sindicatos”.

El gabinete jurídico de la Junta ha estudiado muy bien el acuerdo -también lo han hecho los letrados de los sindicatos- pero la fórmula es arriesgada, porque en la práctica supone que los funcionarios andaluces disfrutan de la misma jornada presencial en el lugar de trabajo que antes del fallo del Constitucional. Precisamente lo que los jueces han argumentado para tumbar las 35 horas en Andalucía es que la Junta había invadido competencias estatales generando un agravio comparativo entre los empleados públicos de su comunidad y los del resto del país, que en teoría están sometidos al Real Decreto de 2012 que fijó la jornada mínima en 37,5 horas. El nuevo decreto, por tanto, se expone a un nuevo recurso por parte del Gobierno central si éste considera que la Junta ha buscado un subterfugio para burlar lo que dictan los tribunales.

Los sindicatos han reconocido este lunes que el mismo día que firmaron el acuerdo con la Junta sobre la reposición de las 35 horas se empezó a “imaginar” el plan B que hoy se ha aprobado, en previsión de que el Gobierno central recurriese la norma. Cabe preguntarse, ¿por qué el Ejecutivo andaluz implantó el decreto de 35 horas sabiendo que se exponía a ser paralizado en los tribunales? ¿Por qué no aplicó desde un principio la fórmula que plantean ahora? En junio de 2015, cuando la presidenta Susana Díaz propone por primera vez en el Parlamento la restitución de las 35 horas, el Ejecutivo central aún no había recurrido la misma norma en Euskadi, Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid. Las sentencias contrarias son posteriores. En Castilla La Mancha, la jornada reducida entra en vigor en enero de 2016 y el Gobierno la recurre en junio de ese mismo año, pero por la vía Contencioso Administrativa.

Al margen del contenido legal, el acuerdo que la Junta ha firmado hoy con los sindicatos refuerza la posición política del Gobierno de Díaz frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy y frente al PP andaluz. La reposición de las 35 horas fue aprobada en el Parlamento andaluz a finales del año pasado sin ningún voto en contra. El presidente popular, Juan Manuel Moreno, defendió la medida ante los sindicatos, es más, una vez presentado el recurso por parte del Ministerio de Hacienda, anunció que mediaría para que fuera retirado, y tras conocerse la sentencia contraria del TC, anunció que mediaría para que el Gobierno no pidiese la suspensión cautelar. Pero ninguna de estas cosas se produjo (el fallo recoge la petición expresa del Ejecutivo central para que se paralice la jornada de 35 horas).

Tras el anuncio del plan B por parte de la Junta, el PP andaluz ya ha advertido a la Consejería de Hacienda de que no admitirá “chapuzas legales” que resten seguridad jurídica a los funcionarios andaluces, aunque no actuará hasta que conozca “la letra pequeña” del decreto. Los populares acusan a la presidenta Susana Díaz de “defender la Constitución con la boca grande” cuando habla de Cataluña y el órdago secesionista y “defenderla con la boca pequeña” cuando se trata de hacer cumplir las leyes en Andalucía.

Los sindicatos han sido este lunes muy críticos con los “vandazos” del PP. Montero acusa a Rajoy de haber usado el Real Decreto de 2012 de recortes en el gasto público para retirar competencias a las comunidades autónomas en materia de negociación colectiva, al arrogarse la potestad de fijar la jornada mínima, y no máxima. Los sindicatos avalan esta tesis. Agustín de la Cruz, de CCOO, se queja de que el Gobierno central mantenga “todas las leyes de excepción de 2012 cuando el discurso político es que hemos salido de la crisis”, y denuncia que el TC echa por tierra “la negociación colectiva y las competencias que reconoce al Estatuto andaluz”. “El PP nunca debió pedir a los jueces la suspensión cautelar de las 35 horas”, dice. José Luis Heredia, presidente de CSIF, también ha afeado “la cabezonería del Gobierno central” contra la medida andaluza. “Es un acuerdo imaginativo, pero le hemos dado muchas vueltas para no parecer insumisos a la sentencia del TC. El PP tiene que entender que si esto, habría que despedir a muchos empleados”, zanjó.